El mundo político está cercado por la preocupación. La economía y las instituciones se asientan en un territorio minado.
El desbarajuste alcanzó tal gravedad que Eduardo Duhalde amenazó con renunciar si no le aprueban las leyes exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Lo que pasó luego en Diputados demostró que la tropa peronista no se asustó y no sacó el proyecto de ley que quería Duhalde en la controvertida materia de subversión económica. Pese a eso, el PJ evitó que el derrumbe fuera total.
La próxima partida se disputa en el Senado. Si el oficialismo persiste en la idea de no desairar al FMI debería insistir en la sanción de la ley de Pablo Walter (FR) y de Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador), que derogaba la de Subversión Económica.
Dos ex socios de la extinta Alianza -los diputados José Vitar y Carlos Courel- martillaron sobre los flancos del PJ y de Walter, acusándolos de amparar a los financistas con problemas.
El senador bussista argumentó que buscó castigar con más precisión el delito de vaciamiento de empresas reformando el Código Penal, aunque no ocultó su afinidad con el planteo del FMI.
De todos modos, aún persiste la incertidumbre sobre el destino final de esa ley. Tampoco se disipó la incerteza que existe acerca del futuro de Duhalde.
Por el adelanto
La situación alarmó a algunos diputados del PJ - alineados en el subloque Federal-, quienes decidieron propiciar reformas a las Leyes de Acefalía y de Partidos Políticos.
Con la combinación de esos cambios, procuran despejar los obstáculos jurídicos que traban las elecciones anticipadas de presidente y vice de la Nación.
Simultáneamente, plantearon -en un proyecto de declaración- que Duhalde cite a elecciones en un plazo de 120 días.
En el sub-bloque Federal se ubicó el taficeño Roque Alvarez, quien niega que ese sector esté dominado por el menemismo, ya que en él también coexisten representantes de Córdoba, Santa Fe y San Luis. Sus jefes gubernamentales José Manuel de la Sota, Carlos Reutemann y Adolfo Rodríguez Saá aspiran a suceder a Duhalde.
La opción de Alvarez contrasta con la de Julio Miranda, quien reniega de las elecciones presidenciales anticipadas. En realidad, al grueso de los gobernadores no le seduce adelantar el retiro de Duhalde de la Casa Rosada por razones políticas. El panorama de las provincias los obliga a concentrarse en las tareas de gestión.
La propuesta de los diputados del interior procura abrir la discusión del asunto en las filas oficialistas, cuando la borrasca agobia al duhaldismo. Al mismo tiempo, tratan de recortar el campo de maniobra de los gobernadores.
Los rebencazos
Las máximas jerarquías del poder moral de la sociedad reprobaron el proceder de la dirigencia política en los actos patrios.
Y a los jerarcas del Gobierno no les quedó otro remedio que afirmar que compartían los juicios del arzobispo Luis Héctor Villalba. Los golpes de rebenque fustigaron las espaldas de los 27 legisladores que votaron por el rechazo del desafuero, que les pidió el juez de instrucción Víctor Pérez.
El obispo del sur, José María Rossi, fue sincero cuando dijo que aquellos crearon "la sensación de que hay ciudadanos de primera y de segunda". Por su parte, el arzobispo Villalba predicó: "la honradez nada tiene que recelar de la Justicia". Los dos dignatarios fundaron sus opiniones desde un plano doctrinario.
El hecho de que no se pudiera esclarecer si hubo o no enriquecimiento ilícito por sancionar la habilitación de la reforma constitucional causó escozor en la sociedad.
La decisión de los 27 legisladores caló hondo en la sociedad y el Gobierno se alejó prestamente de sus efectos negativos. El ministro político Fernando Juri fue uno de los portavoces más notorios de esa posición.
El argumento de la independencia de los poderes le sirvió a la Casa de Gobierno para despegarse del rechazo social contra la estrategia de la coalición mirandista en la madrugada del jueves. Y el vicegobernador Sisto Terán sintió en carne propia el peso negativo de la opinión pública.
Explicaciones de todo tipo
Terán está más que nervioso. Entre los legisladores mirandistas hay descontento con los manejos de aquel con la Justicia. Por una serie de hechos, se ha debilitado la imagen del poder que controla al Ejecutivo.
La forma en que se votó el jueves pasado revela que el oficialismo se ingenió siempre para que se rechazara el desafuero.
Incluso los que pidieron que se los privara de la protección constitucional votaron en contra de la demanda del juez para los otros casos. Julio Topa explicó que el Movimiento Independiente (MI) procedió así después de perder la votación en la situación de Nancy Albero. En los hechos, el MI actuó como un aliado leal del oficialismo en la encrucijada.
Los tres legisladores de ese grupo (Topa, Nancy Albero y Adriana Neske de Gutiérrez) que acudieron al juez para justificar la adquisición de algunos de sus bienes, lo hicieron para amortiguar la caída de sus acciones en la consideración pública.
Tampoco pasó de ser un golpe de efecto mediático la decisión de Gerónimo Vargas Aignasse de requerir a Pérez que lo investigue por el cobro de supuestas coimas. Ocurre que la Provincia no modificó el Código Procesal Penal para adaptarlo a la legislación nacional, que permite a un juez indagar a un congresista sin privarlo de la protección constitucional. Vargas Aignasse no cumplió con su promesa de renunciar a la banca.Los legisladores afectados desnudaron crudamente los gruesos errores de todo tipo que contenía el expediente remitido por Pérez. Desde las cercanías de este se argumentó que el juzgado se limitó a reproducir los informes girados por los organismos a los que consultó. Sin embargo, las peticiones judiciales pudieron haber sido imprecisas en algunos aspectos. Quedó la sensación de que el juez quiso sacarse el tema como fuere.
