El cerco a la autoridad monetaria

Las relaciones entre Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina han entrado en un período conflictivo, poniendo nuevamente en tela de juicio la autonomía de la institución financiera responsable ejecutiva de la política monetaria nacional. La recurrente situación -en poco más de un año ha tenido tres presidentes- adquiere actualmente trascendencia mayor, por formar parte de la crisis económica más severa que registra la historia del país. Como es notorio, el actual titular del BCRA, Mario Blejer, mantiene diferencias con el ministro Roberto Lavagna en torno de las alternativas en estudio para resolver el bloqueo del sistema bancario, hasta el punto de haber resuelto su dimisión, desistida temporariamente a solicitud del presidente Eduardo Duhalde.
No sólo por la significación del cargo, sino por el prestigio y las relaciones del funcionario con el Fondo Monetario Internacional, donde durante el último lustro desempeñó una gerencia estratégica, el "caso Blejer" ha venido a constituir otro testimonio del contradictorio manejo con que se aspira a un acuerdo con el organismo multilateral.
Como en la regla ajedrecística -pieza tocada, pieza jugada- no ha bastado que el presidente del BCRA desista de su renuncia, en supuesta espera de aquel acuerdo con el FMI, para despejar la certeza de que nuevamente se está tratando de manipular la política monetaria desde el Palacio de Hacienda. Vox populi es en ese sentido en el mundo financiero que el ministro Lavagna está empeñado en modificar la orientación del banco con el fin de alinear su gestión al resto de la estrategia económica, cambiando la administración de las reservas fuertes y la Superintendencia de Entidades Financieras.
Esa presión de la cartera económica contradice el principio de autonomía afirmado en la última década, cuando la crisis del Tequila puso en riesgo al sistema financiero argentino, finalmente airoso merced a la independencia del BCRA y a pesar del cierre de entidades bancarias. En esta ocasión, el directorio del Banco Central tiene entre sus planes una reestructuración del sistema financiero que el Palacio de Hacienda aspira a controlar.
El presidente del BCRA, lo mismo que la totalidad de su directorio -donde se han producido recientemente dos vacantes- son autónomos y con designación por seis años mediante acuerdo del Senado. Es decir, dos años más que el del mandato constitucional de turno, para enfatizar institucionalmente esa independencia del Poder Ejecutivo.
Tal concepción es semejante a la que preside al signo monetario más poderoso, el dólar, donde la famosa Reserva Federal de los Estados Unidos lo preserva de los vaivenes políticos. En el caso argentino, basta señalar que el desalojo de Pedro Pou de la presidencia del BCRA por notoria presión del Palacio de Hacienda al regreso de Domingo Cavallo, y el de Roque Maccarone tras la asunción presidencial de Eduardo Duhalde, como la "movida" ahora intentada de Mario Blejer, constituyen signos muy concluyentes de la fragilidad que algunas instituciones fundamentales de la República padecen frente al oportunismo con que la coyuntura tienta al poder político.
Es lógico, pues, que en circunstancias como las presentes, cuando el sistema financiero demanda una reforma profunda por causa de la crisis de responsabilidad que castiga a la Nación, el Banco Central, lo mismo que otras instituciones semejantes de la comunidad internacional, demande un régimen de inmunidad judicial -no de impunidad, entiéndase bien- que permita salvaguardar a sus autoridades de las presiones que tan sólo durante el último lustro, acumularon en la Justicia algo más de trescientos juicios sin resultados a la vista.