Cuestionan a la Fundación Adoptar por sus denuncias

Dos familias se presentaron en Tribunales para desmentir denuncias formuladas por la Fundación Adoptar. Una de ellas que, según las actas, obligaba a sus hijas y a vecinos a ejercer la prostitución, denunció el daño moral que dicen haber sufrido por los procedimientos policiales que se hicieron en su barrio.
Un hombre -pidió permanecer en el anonimato- figura en un acta de la fundación de diciembre pasado como denunciante de un caso de prostitución de niños de la calle en Villa Luján.
El se presentó en la Fiscalía V y aseguró que no hizo tal denuncia, y que en efecto en la cuadra de su casa suele haber tres niños que duermen en el hall de un edificio y que piden comida por las casas, pero que de ninguna manera le consta que sean obligados a prostituirse.
Más grave parece ser la denuncia que el 19 de enero presentó la fundación en contra de Ramón Juan Domínguez y su familia. "El 29 de enero fue la Policía a mi barrio y empezó a preguntarles a todos los vecinos si era cierto que en mi casa se prostituían mis hijos y algunos otros niños; sé que la denuncia la hizo una vecina con la que tenemos problemas, pero no puede ser que nos hagan esto sin verificar antes de qué se trata", se quejó el hombre ante LA GACETA, luego de prestar declaración ante el fiscal Alejandro Noguera.

Perjudicados
Domínguez y su familia, al igual que varios de sus vecinos de Barrio Echeverría (a una cuadra de la comisaría 14ª), fueron visitados también por una asistente social del Poder Judicial el 5 de febrero. "Por suerte ella vio la realidad, e informó lo que correspondía. De todos modos nos presentamos a declarar y queremos hacer público este atropello, porque no puede ser que ensucien el nombre de una familia honorable de esta manera", dijo.
"Mi hija mayor perdió a casi todos los alumnos que preparaba en la casa; yo, varios trabajos, y no podemos caminar tranquilos por el barrio porque nos miran muy mal", dijo Domínguez finalmente.
La exposición pública de algunas de las denuncias de la fundación Adoptar llevó al Gobierno primero, y a la Corte Suprema después, a tomar distancia y a criticar a la organización dedicada a la búsqueda de niños perdidos, a organizar adopciones y a denunciar abusos, corrupción y agresiones a menores.

"Cumplimos como ciudadanos"
Julio Ruiz defiende a ultranza el trabajo de la fundación Adoptar, de la que es presidente y fundador. "El sistema del teléfono 102 lo diseñó el Gobierno nacional para escuchar a los menores de 18 años, y lo único que hace es receptar el llamado", dijo.
"El Código Civil dice que cualquier ciudadano que recibe una denuncia debe transmitirla a la autoridad, y es lo que hacemos. Cumplimos como ciudadanos, y es lo que deben hacer todos", añadió. Ruiz explicó que en los casi dos años de existencia de la fundación, se recibieron 187.000 llamadas, y se formalizaron 2.000 denuncias.
Sobre las críticas por el daño que les producirían algunas denuncias a personas honorables que se ven perjudicadas, Ruiz aclaró: "la responsabilidad es del que hace la llamada, y si alguien presenta una denuncia por eso y la Justicia lo pide, nosotros podemos darle el número telefónico desde el que se hizo. Eso es lo que podemos hacer para que no se inventen denuncias".
Ruiz reiteró que la responsabilidad de investigar las denuncias es de los organismos públicos, especialmente del Poder Judicial y de la Policía.
El titular de Adoptar señaló que, según datos extraoficiales de la Secretaría de Familia y Minoridad, en el 60% de las denuncias presentadas se confirmó lo dicho por la fundación.
El Ministerio Fiscal de la Corte, en tanto, ordenó que las fiscalías penales le remitan un pormenorizado informe sobre la cantidad, el estado y el resultado de las causas iniciadas por denuncias de la fundación Adoptar. Los números se conocerían en los próximos días.

Respaldo a la tarea judicial
El secretario de Derechos Humanos Bernardo Lobo Bugeau visitó al fiscal Alejandro Noguera, para empezar a coordinar tareas conjuntas en defensa de los derechos del niño. La Fiscalía V tiene a su cargo las causas por abusos o secuestros que tienen como víctimas a niños desde 1996, cuando desapareció Duilio Nahuel Fernández y la Corte le asignó esa función. "Hay que abordar este problema entre todos los poderes del Estado, y por eso vinimos a apoyar al fiscal", dijo el funcionario provincial.

Facultades niegan su apoyo
El titular de Adoptar, Julio Ruiz, cuestionó varias veces a la Justicia por su supuesta inacción ante sus denuncias. Pero el Gobierno, toda el área de Minoridad, la Corte y el fuero penal y de Menores, entre otros, aparecen en la página de internet de la fundación como entes que la apoyan. Por una denuncia de Ruiz en contra de defensoras de Menores se instruye un expediente en el que se destaca que distintas facultades de la UNT, mencionadas como colaboradoras de la fundación, niegan tal situación.

Desmienten una información
La directora de la escuela Miguel Crito, ubicada cerca del vaciadero de Los Vázquez, dijo en su declaración judicial que de ese establecimiento no surgió la denuncia sobre el supuesto cobro de "peaje" con sexo por parte de policías a los niños que cirujean allí. Estela de Alvarez fue convocada por la Fiscalía V porque en la denuncia de Adoptar constaría que docentes de la escuela dieron aviso sobre la situación. Pero ella lo negó rotundamente. Dijo que no hay constancia de que haya niños abusados.