06 Febrero 2004 Seguir en 
La Policía no logró obtener datos ciertos sobre las denuncias de la Fundación Adoptar respecto del supuesto cobro de "peaje" con sexo por parte de los policías que custodian el vaciadero de Los Vázquez a los niños que cirujean allí.
Varios policías del Departamento Informaciones (D-2), al mando del comisario mayor Jesús Brito, interrogaron a empleados y directivos de la empresa 9 de Julio; a gente que busca entre la basura, y a vecinos, y todos repitieron que no saben nada sobre lo que afirmó Julio Ruiz, titular de Adoptar.
La denuncia indicaba, además, que había filmaciones realizadas por Canal 9 de Buenos Aires de dos policías que golpearían con látigos a las personas que se agolpan tras los camiones para buscar comida. Aunque los videos no están agregados a la causa (nadie pudo verlos), los policías que custodian el predio fueron identificados como Ramón González y Miguel Juárez. Este último respondería al apelativo de "Chino", el que fue mencionado por varios "Cirujas" como supuesto vendedor de mercadería que rescataría del vaciadero.
La vivienda del Policía fue allanada, pero allí no se halló ninguna prueba sobre lo investigado. Ya desde el Gobierno se le había advertido a Ruiz que una denuncia tan grave como la que realizó debía ser acompañada por pruebas; pero estas hasta el momento no aparecieron.
Mientras tanto, la Corte Suprema intercedió en la polémica que se desató por las denuncias de Ruiz respecto de la supuesta desidia de la Justicia ante las casi 2.000 denuncias que lleva presentadas.
Derecho a la intimidad
En una resolución, surgida tras un informe de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones, señaló que la denuncia de Adoptar lesiona el derecho a la intimidad de las personas, tal como está contemplado en el artículo 1.071 del Código Civil.
Eso se dijo en el escrito judicial a partir de una denuncia -no pudo comprobarse el supuesto delito aludido- que indicaba que una pareja había adoptado ilegalmente una beba. En la denuncia de Adoptar se consignan detalles de la vida privada de los acusados que no tendrían relación con el supuesto delito.
Varios policías del Departamento Informaciones (D-2), al mando del comisario mayor Jesús Brito, interrogaron a empleados y directivos de la empresa 9 de Julio; a gente que busca entre la basura, y a vecinos, y todos repitieron que no saben nada sobre lo que afirmó Julio Ruiz, titular de Adoptar.
La denuncia indicaba, además, que había filmaciones realizadas por Canal 9 de Buenos Aires de dos policías que golpearían con látigos a las personas que se agolpan tras los camiones para buscar comida. Aunque los videos no están agregados a la causa (nadie pudo verlos), los policías que custodian el predio fueron identificados como Ramón González y Miguel Juárez. Este último respondería al apelativo de "Chino", el que fue mencionado por varios "Cirujas" como supuesto vendedor de mercadería que rescataría del vaciadero.
La vivienda del Policía fue allanada, pero allí no se halló ninguna prueba sobre lo investigado. Ya desde el Gobierno se le había advertido a Ruiz que una denuncia tan grave como la que realizó debía ser acompañada por pruebas; pero estas hasta el momento no aparecieron.
Mientras tanto, la Corte Suprema intercedió en la polémica que se desató por las denuncias de Ruiz respecto de la supuesta desidia de la Justicia ante las casi 2.000 denuncias que lleva presentadas.
Derecho a la intimidad
En una resolución, surgida tras un informe de la Cámara Civil en Familia y Sucesiones, señaló que la denuncia de Adoptar lesiona el derecho a la intimidad de las personas, tal como está contemplado en el artículo 1.071 del Código Civil.
Eso se dijo en el escrito judicial a partir de una denuncia -no pudo comprobarse el supuesto delito aludido- que indicaba que una pareja había adoptado ilegalmente una beba. En la denuncia de Adoptar se consignan detalles de la vida privada de los acusados que no tendrían relación con el supuesto delito.
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