Juárez fue denunciado en Santiago del Estero por supuestas maniobras millonarias

SANTIAGO DEL ESTERO.- El ex gobernador de Santiago del Estero, Carlos Juárez, fue denunciado hoy judicialmente por la supuesta "derivación de fondos" en favor de un proyecto de la empresa DINAR Líneas Aéreas, por un monto total de 55 millones de pesos, para establecer un puente aéreo entre la provincia y Buenos Aires, que no se concretó.
De acuerdo a la denuncia penal presentada esta tarde ante la justicia de Tercera Nominación por el particular Diego Rodríguez, el ex mandatario y su ex ministro de Economía provincial, José Trejo, incurrieron en los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, defraudación calificada, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita".
La denuncia refiere a la supuesta "derivación de fondos de la provincia a cuentas privadas de un banco en Singapur" en maniobras "vinculadas a la operatoria de Dinar con el Estado provincial" a través del Banco Macro Misiones, donde se registraron escrituras "por 35 millones de pesos, faltando precisar las que habrían viabilizado los 20 millones correspondientes a una ampliación" del emprendimiento.
Según especifica la denuncia, se procedió a la creación de "un programa de inversión privada con garantía de títulos de la deuda pública provincial creado por la ley 6.370", posteriormente modificada por la ley 6.396, por la cual se "ofrecía como garantía subsidiaria la coparticipación federal de impuestos".
La propuesta de la empresa Dinar planteaba un servicio diario Santiago-Córdoba-Buenos Aires, y un vuelo directo entre la provincia y la Capital Federal, lo cual sería prestado con aviones nuevos con capacidad de 161 pasajeros.
En estos términos el proyecto fue aprobado por la administración de Juárez el 12 de octubre de 1997, pero "a màs de seis años de su aprobación, ninguna parte del acuerdo fue cumplido" y "el servicio actualmente no existe", aseveró el denunciante.
Rodríguez resaltó "la estratégica ubicación funcional de los funcionarios involucrados en la organización delictiva" y la consecuente "elaboración de los proyectos de ley, la disponibilidad de los recursos, el control de las inversiones comprometidas, y la liberación de fondos".
"Las máximas autoridades provinciales consintieron la dolosa maniobra, por cuanto era de público conocimiento que el servicio no se estaba cumpliendo y que la inversión comprometida no se habìa producido", afirmó el denunciante. (Télam)