Los compromisos de achique del gasto público fueron escritos con la mano y borrados con el codo. Al menos eso se infiere de los últimos siete pactos firmados entre la Nación y las provincias. En Tucumán, los recortes prometidos terminaron esfumándose con el argumento de que, si no hay reforma constitucional, es imposible cumplirlos.
Los problemas, no obstante, terminaron de explotar, potenciados por la devaluación y por la creciente inflación. Un déficit mensual que llegaría a $20 millones es el resultado de la imprevisión que se evidenció para atacar las cuestiones de fondo. El Gobierno, por ejemplo, denuncia una campaña antibonos, cuando en realidad esa gran madeja terminó enredándose por sucesivas emisiones de moneda espuria. No había plata federal y, en consecuencia, se tuvo que recurrir a la maquinita de hacer dinero, fue la justificación oficial.
Las complicaciones fueron estallando por sí solas. El circulante creció más de un 60% desde enero pasado y, por ende, la depreciación del Bocade trepó al 21% respecto del peso. En ese contexto, se perdió el factor confianza, pese a que el desagio llegó esta semana al 12%.
Futuras contingencias
Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr la ayuda salvadora a los males de este año han entrado en su fase definitoria.
El Gobierno asegura que con esos recursos logrará pagar los salarios hasta fines de año. Aún sigue en la nebulosa el rescate de los $168 millones en bonos. En julio próximo se daría el primer paso en ese proceso, pero esos papeles serían guardados y no destruidos por el Estado, ante la posibilidad de que ocurran nuevos estremecimientos.
El descontento estatal es creciente. Piden recomposición salarial. Algunos técnicos del área económica sostienen que "sería un suicidio" acceder a ese planteo cuando está negociando la disminución del déficit fiscal con el FMI. En ese panorama se inscribe también el pago del medio aguinaldo con cheques diferidos. Sobre este tema, los funcionarios no quieren arriesgar opinión, pero no descartan la medida, que surge como un fantasma que aterrizaría en los bolsillos de los empleados públicos.
Termina la semana, y las promesas oficiales parece que se postergarán hasta la próxima.
El gobernador Julio Miranda cree que el canje de bonos se normalizará el martes. Lo mismo puede suceder con el pago de sueldos de abril. También quedaron en el tintero las dos medidas inmediatas que debía anunciar cada funcionario del PE.
