Otro policía detenido por el video de una golpiza

Un segundo policía está siendo investigado por la golpiza que el oficial Alfredo Giménez le dio a un detenido, y que fue filmada con un teléfono celular. Este segundo sospechoso habría participado del procedimiento en el que se había producido la detención en diciembre del año pasado, y el viernes quedó detenido, según informaron fuentes tribunalicias.

El video de la golpiza se difundió a través del servicio de mensajería WhatsApp el martes, y las autoridades policiales abrieron un sumario interno y pusieron en conocimiento a la fiscala Marta Mariana Rivadeneira. En las imágenes se ve a un joven que está esposado, que es golpeado por Giménez. El hecho habría ocurrido en la comisaría de Villa Obrera en diciembre del año pasado.

La víctima de la golpiza, según habría declarado el oficial el jueves en la fiscalía, tenía una orden de captura. De esa manera, Giménez buscó desligarse de la acusación de privación ilegítima de la libertad que le hizo Rivadeneira, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público y apremios ilegales.

El otro policía detenido sería quien habría firmado el acta en la que se aprehendía al sospechoso. El muchacho habría estado preso en varias oportunidades por robos, muchos de ellos en el cementerio de Tafí Viejo y sus alrededores. Entre otros apodos, una fuente policial de la Regional Norte contó que se lo conoce como “Petiso” o “Hamburguesa”.

El hecho generó el repudio de varias organizaciones y de la Defensoría del Pueblo. El secretario de Derechos Humanos, Humberto Rava, explicó que su repartición redactó el año pasado la reglamentación de la ley de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles. “La decisión política para el momento de la firma de la reglamentación exceden las atribuciones de esta Secretaría”, adujo el funcionario.

A pesar de que la Corte Suprema le pidió recientemente al Poder Ejecutivo que avance con la reglamentación de la ley, lo que permitiría crear una comisión que actúe en casos como los del video, el gobernador José Alperovich no tomó la decisión política de firmarla, tal como lo mencionó Rava.

“Más allá de que los autores de estas golpizas merezcan una sanción penal, las torturas son frecuentes en las comisarías y cárceles de Tucumán. Hay una clara responsabilidad del poder político, porque sancionaron esta ley y no la pusieron en marcha”, afirmó Leandro Halperín, director del Observatorio de Políticas Públicas en Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia de la Facultad de Derecho de la UNT.

“El Estado no debe torturar no sólo porque no corresponde, sino porque la ley se lo prohibe. En el caso de Tucumán la tortura no es azarosa, es la regla. Por ello urge implementar los mecanismos de prevención, como la comisión”, dijo Halperín. “Para los que quieren que los presos la pasen mal, tienen que saber que eso es lo que pasa: los torturan, los golpean, y el resultado no parece ser bueno para la sociedad”, añadió.