El titular de la Corte afirma que la fiscala Carrizo lo afrentó

Si bien la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT) decidió postergar “hasta el término de los procesos electorales” el debate sobre la denuncia penal que formuló contra Luis Lezana Flores, uno de los jefes del Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, dicha presentación avanza en la Fiscalía N°9 a cargo de María de las Mercedes Carrizo. Luego de la feria corta, esa fiscala requirió a Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, el envío de las actuaciones administrativas y “no administrativas” relativas a la auditoría practicada sobre una serie de causas objetadas del fiscal Guillermo Herrera (N°10). Tal petición recibió una respuesta dura: el 7 de agosto, Gandur negó la existencia de actuaciones “no administrativas” y dijo a Carrizo que la referencia a estas resultaba una afrenta inadmisible.

La contestación de 11 renglones exige a la fiscala de Instrucción que, en forma previa a continuar el trámite, indique el número que la mesa de entradas asignó a la causa. Además, Gandur dijo que, si bien ya había remitido los informes finales de las auditorías de casos objetados de Herrera, adjuntaba copias de la resolución de Presidencia que ordenó la fiscalización y de las dos acordadas firmadas por la Corte en pleno que la ratificaron. En cuanto a las actuaciones “no administrativas” (papeles reservados), el juez añadió que se trataba de un pedido notoriamente improcedente. “Por esa razón, lo rechazo in limine -sin entrar a analizarlo-”, expresó Gandur.

El proceso iniciado por la AMT no sólo avanza en cuanto a la recolección de pruebas: también crece en cuanto a los funcionarios judiciales involucrados. Aunque el defensor oficial Roberto Paz y la camarista Liliana Vitar, respectivos presidente y vocal del gremio, habían denunciado solamente a Lezana Flores, del oficio enviado por Carrizo se desprende que la investigación alcanza también a Mariana Tasquer y a Agustín Ladetto, los otros dos auditores que trabajaron en la fiscalización de los expedientes “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Valdez” y “Jorrat”.

Violación de secretos

En junio, la AMT solicitó a Carrizo (estaría próxima a jubilarse) que investigue si Lezana Flores cometió los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica mientras auditaba a Herrera, un fiscal con múltiples denuncias en sede penal y administrativa. A estas figuras, la fiscala añadió la posible perpetración de una “violación de secretos”. Dicha denuncia inédita en la historia del Poder Judicial produjo una fractura también histórica en el interior de la AMT: hasta comienzos del mes pasado, 40 de los 170 asociados teóricos abandonaron el gremio.

Gandur ordenó a Lezana Flores, Tasquer y Ladetto que auditen los casos cuestionados de Herrera en virtud de una denuncia del Colegio de Abogados de la Capital. Dicha decisión fue resistida por el ministro público Edmundo Jiménez. Entonces, la Corte en pleno ratificó por primera vez la instrucción. Luego, Jiménez, que es jefe de los fiscales y de los defensores oficiales, intentó limitar la auditoría al control de sellos, firmas y plazos, según surge de un acta firmada por Lezana Flores, Tasquer, Ladetto y Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia del alto tribunal. Ese documento indica que el ministro incluso habría advertido a los auditores que “podrían tener problemas si leían los expedientes”.

El conflicto obligó a la Corte a emplazar a Jiménez y a Herrera para que entreguen los casos. Pero el primero ya los había distribuido en otras fiscalías, que terminaron desprendiéndose de las causas. En mayo, los auditores informaron el hallazgo de numerosas anomalías procesales, conclusiones que dieron pie a la Corte para someter a Herrera a un sumario administrativo. Aquella investigación interna quedó en manos de la fiscala Juana Prieto.