¿Por qué una jueza declaró la inconstitucionalidad de la ley penal juvenil para un chico de 14 años?

La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Beatriz De Marinis, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 respecto a un adolescente de 14 años imputado por tentativa de robo simple y dispuso su sobreseimiento definitivo. La decisión judicial se adoptó ante el planteo articulado por la Defensa Oficial y apoyado por la Asesoría Tutelar, luego de que el Ministerio Público Fiscal promoviera la acción penal a partir de la aprehensión del joven tras el intento de sustracción de pertenencias en la vía pública.  

La resolución judicial fundamentó la inconstitucionalidad en la transgresión del principio de progresividad y de no regresividad en materia de derechos humanos, garantizados por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y por la Convención sobre los Derechos del Niño. El pronunciamiento citó las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, órgano que instó a los Estados a no reducir la edad mínima de responsabilidad penal por debajo de los 16 años. La jueza concluyó que someter al adolescente a persecución punitiva cuando el régimen legal previo contemplaba respuestas tutelares y no penales configuró un retroceso en el estándar de protección legal. “No puedo perder de vista que estoy resolviendo en relación a un adolescente de 14 años de edad, cuya madre está desocupada, no tiene vínculo con su padre, su hermano mayor de edad también fue recientemente desvinculado de su puesto de trabajo. No poseen servicio de gas natural, sino que utilizan gas envasado, se alimentan ocasionalmente por la entrega de un bolsón de mercadería. ¿Cuál es la respuesta del mundo adulto ante su conducta en infracción con la ley penal? ¿La aplicación de pena? No resulta razonable ni proporcionado, tanto menos en función a las particulares circunstancias del hecho imputado, por lo cual entiendo que en este caso concreto el artículo 1 de la Ley 27.801 resulta inconstitucional en cuanto disminuyó la edad mínima de responsabilidad penal juvenil”, afirmó De Marinis.

El fallo descartó que la no punibilidad implique consagrar un derecho a la impunidad y centró el análisis en el principio de proporcionalidad de la reacción estatal frente a las características del hecho. En el caso analizado, el episodio no se consumó, no causó lesiones a la víctima y consistió en un abordaje intimidatorio callejero interceptado por personal policial. Conforme expuso la magistrada en su texto, la respuesta punitiva del derecho penal resulta desproporcionada ante una tentativa que no derivó en violencia sobre la integridad corporal ni afectación patrimonial. “Estas particulares circunstancias son las que me permiten afirmar que en este caso concreto el artículo 1 de la Ley 27.801 resulta regresiva en relación al adolescente de 14 años. En efecto, se aplicaría una respuesta punitiva ante una conducta que solo debe arbitrar la intervención activa y adecuada del sistema de protección integral de derechos…”, advirtió.

Antecedentes

Asimismo, la jueza evaluó la trayectoria vital del joven de 14 años y los informes psicosociales incorporados a la causa. El informe técnico del Centro de Admisión y Derivación constató que el menor vive en condiciones socioeconómicas vulnerables, sin cobertura de servicios básicos, fuera del sistema escolar y con necesidad de contención familiar y comunitaria. Sobre estos elementos, la magistrada dictaminó que la respuesta del Estado debe orientarse a restituir derechos básicos y fijar pautas normativas mediante políticas sociales, en lugar de ingresar al adolescente en el sistema penal. En consecuencia, el juzgado remitió las actuaciones al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires para que diseñe un plan de abordaje integral enfocado en la reinserción escolar y la atención sanitaria del menor. Al mismo tiempo, la resolución contempló los derechos del damnificado conforme a las leyes procesales locales, notificándolo de la decisión y ofreciéndole una audiencia informativa para explicar los alcances del sobreseimiento, sin perjuicio de la facultad del Ministerio Público Fiscal de interponer recurso de apelación.

La medida generó impacto en el debate jurídico y político respecto a la vigencia del nuevo régimen penal juvenil nacional. El pronunciamiento se produjo tras la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, que revocó una medida cautelar dictada días atrás por la jueza Marta Pascual. A diferencia de aquel antecedente bonaerense, donde se había pretendido suspender la aplicación colectiva de la norma por 60 días, el juzgado porteño recurrió al control de convencionalidad difuso ceñido de modo estricto al caso individual del adolescente.