Apelan el pedido para que Moreno vaya a juicio oral

Una filmación casera, clave en la causa El diputado Sacca (UCR), implicado en un caso por fondos de la UNT, defendió su gestión

EX FUNCIONARIO. Moreno, en una conferencia que brindó en 2012. la gaceta / foto de analía jaramillo (archivo)
EX FUNCIONARIO. Moreno, en una conferencia que brindó en 2012. la gaceta / foto de analía jaramillo (archivo)
14 Agosto 2015
La causa por el presunto ofrecimiento de contratos a cambio de votos por la fórmula para el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Cerisola-Alicia Bardón, iniciada en 2010, todavía no llegará a debate oral y público. Si bien esa fue la resolución que tomó el juez federal N° 2, Fernando Poviña, la defensa del ex secretario de Bienestar Universitario, Ramiro Moreno, uno de los imputados, apeló el requerimiento de elevación a juicio del caso.

Si bien el artículo 352 del Código Procesal Penal de la Nación expresa que el auto de elevación a juicio no puede ser apelado, este proceso podría llegar tanto a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y, eventualmente, a la Cámara Federal de Casación.

Según la pesquisa, el ex funcionario universitario y el no docente Damián Conte son presuntos autores de cohecho activo. En una grabación realizada con una “lapicera filmadora” se puede ver cómo supuestamente Moreno ofrece contratos a cambio de adhesiones por la fórmula que se impuso en los comicios universitarios de 2010.

Este diario trató de contactarse ayer con Moreno, pero no hubo éxito. También se solicitó declaraciones al defensor del sospechoso, Carlos Saltor, pero este se abstuvo.

El ex secretario de Bienestar Universitario, según la investigación penal, fue presuntamente filmado en mayo de 2010 cuando, al parecer, ofrecía contratos en la UNT por $ 2.500 mensuales a cambio de que el entonces consejero estudiantil electo de la Facultad de Artes, Alejo Gallo, votara por la fórmula Cerisola-Bardón, que finalmente se impuso en esos comicios. Gustavo Pedraza, que acompañaba a Gallo, dijo haber registrado la escena y envió una filmación a la Justicia federal, sindicando a Moreno y a Conte, quien según esta versión los acompañaba.

El juez enumeró 14 pruebas que, según su criterio, justifican la elevación del caso a juicio oral. Entre ellas, una pericia de Gendarmería Nacional que da cuenta de que la filmación casera no fue objeto “de ningún tipo de edición”.

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