12 Agosto 2015 Seguir en 
Se prolonga la incertidumbre sobre el futuro de la denuncia penal contra Luis Lezana Flores, jefe de los auditores penales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Sucede que la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT) decidió aplazar el tratamiento del tema para después de las elecciones. El 29 de junio, la Comisión Directiva del gremio había programado para el 10 de agosto pasado la asamblea extraordinaria exigida por afiliados disconformes.
Tal fecha llegó y pasó sin que la reunión del “órgano soberano” de la entidad tuviese lugar. Roberto Paz, presidente de la AMT, dijo que el acto había sido cancelado y postergado. “Decidimos aplazar el debate para más adelante, cuando finalicen todos los procesos electorales”, manifestó por mensaje de texto. El defensor oficial no precisó cuál es la nueva fecha para la asamblea, pero, por cómo viene el cronograma, se supone que esta será convocada después del 25 de octubre, cuando tendrá lugar el comicio nacional (la elección general provincial será celebrada este 23 de agosto). Si hay balotaje, la reunión extraordinaria podría pasar para finales de noviembre o comienzos de diciembre.
La postergación del encuentro para después de octubre no sólo tiene implicancias respecto de la configuración de los poderes políticos. En ese caso, el hipotético debate de la AMT se desarrollará a posteriori de la renovación de autoridades en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; el Consejo Asesor de la Magistratura (eligen representantes el alto tribunal, y los jueces de la capital y del sur); el Jurado de Enjuiciamiento y la Junta Federal de Cortes. Paz manifestó que pretendían “despolitizar” las interpretaciones de la acusación inédita que formuló la AMT contra Lezana Flores, auditor de una serie de causas objetadas del fiscal denunciado Guillermo Herrera.
“En la Asociación no defendemos casos particulares sino asuntos institucionales. Desgraciadamente, no todo el mundo lo entiende así. Entonces, para evitar visiones parcializadas y desafortunadas, optamos por postergar la asamblea”, agregó Paz. Y aseguró que su gremio había recibido el apoyo de la Federación Argentina de la Magistratura.
En junio, la Comisión Directiva dispuso que la reunión sea celebrada en agosto -42 días corridos mediante- para responder a las exigencias legales y debido a la inminencia de la feria de invierno, según había informado el presidente. Previamente, las autoridades de la entidad habían oído a alrededor de 50 afiliados, entre ellos a los que reclamaban la renuncia de la cúpula y la convocatoria urgente a la asamblea, y acusaban a Paz y a la camarista Liliana Vitar -firmantes de la denuncia penal- de haber actuado sin estar facultados para ello.
Fiscalización traumática
Hasta el inicio de las vacaciones de invierno (3 de julio), 40 magistrados habían renunciado a la AMT (ese número supera el 20% del padrón de agremiados). La ola de dimisiones alcanzó a la cúpula, que perdió cuatro miembros desde que empezó la crisis: Rodolfo Torres, Carlos Torino, Roberto Santana Alvarado y Ana Cecilia Pizzicannella. En principio, permanecen en el comité Paz (presidente), Ana Carolina Cano (vicepresidenta), Marcela Tejeda, Jesús Abel Lafuente, César Picón, Vitar, Adriana Giannoni, María Elisa Molina, Guillermo Robledo, Raúl Bejas, Dante Ibáñez, Diego López Ávila, Luis Cossio e Ivonne Heredia.
El 22 de mayo pasado, la AMT se involucró de lleno en la crisis judicial que alcanza a media docena de jueces y fiscales, y a los propios vocales de la Corte. Ese día, el gremio acusó a Lezana Flores por su desempeño en una auditoría que arrojó resultados negativos para Herrera. En el transcurso de esta fiscalización traumática, Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales y defensores oficiales, advirtió a Lezana Flores, y a los auditores Mariana Tasquer y Agustín Ladetto que “podrían tener problemas si leían los expedientes”. En “Teves-Albarracín”, una de esas causas, intervienen dos hijos de Jiménez, Edmundo Javier y Ana Lucía. En paralelo, la AMT dijo a la Corte que las auditorías motivadas en denuncias lesionaban la independencia judicial. Dicha posición fue rechazada por los vocales Antonio Gandur, Antonio Estofán, René Goane y Daniel Posse, con la disidencia de la vocal Claudia Sbdar.
Tal fecha llegó y pasó sin que la reunión del “órgano soberano” de la entidad tuviese lugar. Roberto Paz, presidente de la AMT, dijo que el acto había sido cancelado y postergado. “Decidimos aplazar el debate para más adelante, cuando finalicen todos los procesos electorales”, manifestó por mensaje de texto. El defensor oficial no precisó cuál es la nueva fecha para la asamblea, pero, por cómo viene el cronograma, se supone que esta será convocada después del 25 de octubre, cuando tendrá lugar el comicio nacional (la elección general provincial será celebrada este 23 de agosto). Si hay balotaje, la reunión extraordinaria podría pasar para finales de noviembre o comienzos de diciembre.
La postergación del encuentro para después de octubre no sólo tiene implicancias respecto de la configuración de los poderes políticos. En ese caso, el hipotético debate de la AMT se desarrollará a posteriori de la renovación de autoridades en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; el Consejo Asesor de la Magistratura (eligen representantes el alto tribunal, y los jueces de la capital y del sur); el Jurado de Enjuiciamiento y la Junta Federal de Cortes. Paz manifestó que pretendían “despolitizar” las interpretaciones de la acusación inédita que formuló la AMT contra Lezana Flores, auditor de una serie de causas objetadas del fiscal denunciado Guillermo Herrera.
“En la Asociación no defendemos casos particulares sino asuntos institucionales. Desgraciadamente, no todo el mundo lo entiende así. Entonces, para evitar visiones parcializadas y desafortunadas, optamos por postergar la asamblea”, agregó Paz. Y aseguró que su gremio había recibido el apoyo de la Federación Argentina de la Magistratura.
En junio, la Comisión Directiva dispuso que la reunión sea celebrada en agosto -42 días corridos mediante- para responder a las exigencias legales y debido a la inminencia de la feria de invierno, según había informado el presidente. Previamente, las autoridades de la entidad habían oído a alrededor de 50 afiliados, entre ellos a los que reclamaban la renuncia de la cúpula y la convocatoria urgente a la asamblea, y acusaban a Paz y a la camarista Liliana Vitar -firmantes de la denuncia penal- de haber actuado sin estar facultados para ello.
Fiscalización traumática
Hasta el inicio de las vacaciones de invierno (3 de julio), 40 magistrados habían renunciado a la AMT (ese número supera el 20% del padrón de agremiados). La ola de dimisiones alcanzó a la cúpula, que perdió cuatro miembros desde que empezó la crisis: Rodolfo Torres, Carlos Torino, Roberto Santana Alvarado y Ana Cecilia Pizzicannella. En principio, permanecen en el comité Paz (presidente), Ana Carolina Cano (vicepresidenta), Marcela Tejeda, Jesús Abel Lafuente, César Picón, Vitar, Adriana Giannoni, María Elisa Molina, Guillermo Robledo, Raúl Bejas, Dante Ibáñez, Diego López Ávila, Luis Cossio e Ivonne Heredia.
El 22 de mayo pasado, la AMT se involucró de lleno en la crisis judicial que alcanza a media docena de jueces y fiscales, y a los propios vocales de la Corte. Ese día, el gremio acusó a Lezana Flores por su desempeño en una auditoría que arrojó resultados negativos para Herrera. En el transcurso de esta fiscalización traumática, Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales y defensores oficiales, advirtió a Lezana Flores, y a los auditores Mariana Tasquer y Agustín Ladetto que “podrían tener problemas si leían los expedientes”. En “Teves-Albarracín”, una de esas causas, intervienen dos hijos de Jiménez, Edmundo Javier y Ana Lucía. En paralelo, la AMT dijo a la Corte que las auditorías motivadas en denuncias lesionaban la independencia judicial. Dicha posición fue rechazada por los vocales Antonio Gandur, Antonio Estofán, René Goane y Daniel Posse, con la disidencia de la vocal Claudia Sbdar.
Lo más popular
Ranking notas premium
