25 Enero 2004 Seguir en 
Las amenazas realizadas por los presos del penal de Villa Urquiza, a través del teléfono público que poseen en la cárcel, serán investigadas por el fiscal de feria, Carlos Albaca.
Según adelantó el fiscal, el lunes podría llamar a declarar al legislador republicano Carlos Canevaro, quien fue intimidado con mensajes sobre un presunto secuestro, aparentemente hechos desde la cárcel.
El empleado de un comercio que posee el parlamentario recibió una llamada en la que advertían que Canevaro había sido secuestrado, y daban detalles morbosos sobre lo que le iban a a hacer si los familiares no pagaban el rescate. Dijeron que volverían a llamar.
A pesar de que el legislador no presentó una denuncia penal, Albaca actuará de oficio ya que se trata de un delito de acción pública. Luego de tomarle declaración a la víctima, Albaca decidirá si establece un sistema de registro para controlar los horarios y a los internos que utilicen el teléfono en el penal. De esta forma, si se producen nuevas amenazas, estará registrado por día y hora quién puede haberlas realizado.
Aunque no descartó la posible intervención del teléfono del penal, Albaca dijo que es preferible no hacerlo porque iría en contra del derecho a la libre comunicación que tienen los presos. No obstante, el fiscal advirtió que si las amenazas continúan, será necesario intervenir el único medio que tienen los presos para comunicarse con el exterior y también los teléfonos de las víctimas.
Otras personas también resultaron víctimas de amenazas telefónicas provenientes de la cárcel. Además, efectivos policiales no descartan que desde el teléfono público del penal se hayan planificado robos u otros delitos.
Según adelantó el fiscal, el lunes podría llamar a declarar al legislador republicano Carlos Canevaro, quien fue intimidado con mensajes sobre un presunto secuestro, aparentemente hechos desde la cárcel.
El empleado de un comercio que posee el parlamentario recibió una llamada en la que advertían que Canevaro había sido secuestrado, y daban detalles morbosos sobre lo que le iban a a hacer si los familiares no pagaban el rescate. Dijeron que volverían a llamar.
A pesar de que el legislador no presentó una denuncia penal, Albaca actuará de oficio ya que se trata de un delito de acción pública. Luego de tomarle declaración a la víctima, Albaca decidirá si establece un sistema de registro para controlar los horarios y a los internos que utilicen el teléfono en el penal. De esta forma, si se producen nuevas amenazas, estará registrado por día y hora quién puede haberlas realizado.
Aunque no descartó la posible intervención del teléfono del penal, Albaca dijo que es preferible no hacerlo porque iría en contra del derecho a la libre comunicación que tienen los presos. No obstante, el fiscal advirtió que si las amenazas continúan, será necesario intervenir el único medio que tienen los presos para comunicarse con el exterior y también los teléfonos de las víctimas.
Otras personas también resultaron víctimas de amenazas telefónicas provenientes de la cárcel. Además, efectivos policiales no descartan que desde el teléfono público del penal se hayan planificado robos u otros delitos.







