23 Enero 2004 Seguir en 
La situación ya es insostenible. El marcado crecimiento de la delincuencia, durante los últimos meses, y la respuesta efectiva que dieron la Policía y la Justicia derivaron en un problema que al principio no se tenía en cuenta: el espacio físico para alojar a los detenidos. Actualmente, las autoridades deben hacer verdaderos malabares mientras "parchan" institutos y oficinas para alojar a los acusados de cometer distintos tipos de delitos.
A modo de ejemplo: en la Dirección General de Investigaciones hay 38 personas arrestadas. Esto también sucede en las comisarías del Gran San Miguel de Tucumán, que están literalmente abarrotadas de internos. Peor aún, el penal de Villa Urquiza está colapsado. Todo el espacio destinado a las oficinas y al personal administrativo fue convertido en improvisados calabozos.
El comisario Roberto Pellegrino, quien está frente a la unidad de Villa Urquiza, indicó que está haciendo todo lo que puede. "Por suerte contamos con todo el apoyo del Gobierno, a fin de poder trabajar; pero realmente es muy difícil hacerlo en estas condiciones", indicó el funcionario. Pellegrino dijo que en la medida de lo posible están haciéndose algunas refacciones. "Casi todo el espacio de lo que era la guardia armada del penal se ha convertido en calabozos. Lo que pasa es que hay internos que no pueden compartir los pabellones con otros; por ejemplo: los de la unidad 6 (detenidos) no pueden estar con los de la 1 y 2 (condenados y procesados)", explicó.
Durante el Gobierno de Julio Miranda se había prohibido que los detenidos sean alojados en las comisarías, porque esto posibilita que se escapen. Además, había que tener constantemente carceleros para custodiarlos. Por eso, no podía disponerse de todo el personal para prevenir delitos. Pero, las falencias estructurales obligaron a modificar esa norma. Ahora, los detenidos son alojados en cuanta dependencia de seguridad existe.
Los institutos
Hace unos días, el secretario de Seguridad Ciudadana, Osvaldo Nieva, anunció que en la Jefatura de Policía están construyéndose dos alcaidías: una para menores (con capacidad para 60 internos), y otra para contraventores, con una capacidad similar. También la subdirectora de la Secretaría de Familia, Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, la licenciada Mirta Liliana Medina, indicó que se está haciendo lo posible para refaccionar los 12 institutos de menores que hay en la provincia. En la actualidad, el número de menores detenidos llega a 50. Las defensoras de los menores ya cursaron presentaciones ante la Corte y el Poder Ejecutivo a raíz de las denuncias que realizaron las madres, y que ellas comprobaron, respecto de las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los chicos. "A una cuadra ya se siente el olor a basura que hay en esos lugares", aseguró Olga, madre de uno de los menores que está arrestado en el Area Minoridad. En ese lugar hay 25 menores, que comparten una habitación de 5x4 metros.
En el caso de la cárcel, las divisiones que deben realizar por reglamento, dificultan aún más el trabajo. Hay sectores para policías detenidos, para internos enfermos, para menores, para detenidos comunes, para procesados, para condenados y de aislamiento, en los que inclusive hay presos que, por orden judicial, no pueden estar con el resto. Pellegrino advirtió que en los más de 20 años que lleva como integrante del servicio penitenciario, pocas veces vio situaciones como esta. "El edificio está muy deteriorado, pero el director (Ernesto Salas) está haciendo las gestiones para tratar de solucionar el problema", dijo.
A los funcionarios les preocupa que, justamente por la falta de espacio, tengan que enfrentar motines, realizados por los internos descontentos con esta situación.
"Son depósitos humanos"
El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Bernardo Lobo Bugeau, indicó que conoce la situación en las cárceles de Tucumán, por haberlas visitado en las últimas semanas. El funcionario no anduvo con medias tintas: "como están las cosas, son depósitos humanos", expresó.
"Hay que hacer inversiones, y el Gobierno está trabajando en ello. Más que un problema de congestión, es un problema edilicio, ya que por lo menos en Villa Urquiza hace años que no se hace una refacción. Si la cárcel estuviera bien, podría alojar a más detenidos que los 880 internos que están allí actualmente. Pero tal como se halla, nos impresionó muy mal a todos", aseguró.
Lobo Bugeau indicó que con los menores el problema se agrava, ya que no tienen ninguna expectativa de reinserción. "Los institutos, como están, no honran los pactos internacionales. Por ahora se pueden adoptar medidas paliativas, pero hay que trabajar rápidamente en este problema", aseguró.
El funcionario indicó que no sólo en Tucumán existe el problema de la falta de espacio para los presos. "Desde la Nación se impulsa la construcción de nuevas cárceles, pero Tucumán por ahora está en una segunda etapa", concluyó.
A modo de ejemplo: en la Dirección General de Investigaciones hay 38 personas arrestadas. Esto también sucede en las comisarías del Gran San Miguel de Tucumán, que están literalmente abarrotadas de internos. Peor aún, el penal de Villa Urquiza está colapsado. Todo el espacio destinado a las oficinas y al personal administrativo fue convertido en improvisados calabozos.
El comisario Roberto Pellegrino, quien está frente a la unidad de Villa Urquiza, indicó que está haciendo todo lo que puede. "Por suerte contamos con todo el apoyo del Gobierno, a fin de poder trabajar; pero realmente es muy difícil hacerlo en estas condiciones", indicó el funcionario. Pellegrino dijo que en la medida de lo posible están haciéndose algunas refacciones. "Casi todo el espacio de lo que era la guardia armada del penal se ha convertido en calabozos. Lo que pasa es que hay internos que no pueden compartir los pabellones con otros; por ejemplo: los de la unidad 6 (detenidos) no pueden estar con los de la 1 y 2 (condenados y procesados)", explicó.
Durante el Gobierno de Julio Miranda se había prohibido que los detenidos sean alojados en las comisarías, porque esto posibilita que se escapen. Además, había que tener constantemente carceleros para custodiarlos. Por eso, no podía disponerse de todo el personal para prevenir delitos. Pero, las falencias estructurales obligaron a modificar esa norma. Ahora, los detenidos son alojados en cuanta dependencia de seguridad existe.
Los institutos
Hace unos días, el secretario de Seguridad Ciudadana, Osvaldo Nieva, anunció que en la Jefatura de Policía están construyéndose dos alcaidías: una para menores (con capacidad para 60 internos), y otra para contraventores, con una capacidad similar. También la subdirectora de la Secretaría de Familia, Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, la licenciada Mirta Liliana Medina, indicó que se está haciendo lo posible para refaccionar los 12 institutos de menores que hay en la provincia. En la actualidad, el número de menores detenidos llega a 50. Las defensoras de los menores ya cursaron presentaciones ante la Corte y el Poder Ejecutivo a raíz de las denuncias que realizaron las madres, y que ellas comprobaron, respecto de las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los chicos. "A una cuadra ya se siente el olor a basura que hay en esos lugares", aseguró Olga, madre de uno de los menores que está arrestado en el Area Minoridad. En ese lugar hay 25 menores, que comparten una habitación de 5x4 metros.
En el caso de la cárcel, las divisiones que deben realizar por reglamento, dificultan aún más el trabajo. Hay sectores para policías detenidos, para internos enfermos, para menores, para detenidos comunes, para procesados, para condenados y de aislamiento, en los que inclusive hay presos que, por orden judicial, no pueden estar con el resto. Pellegrino advirtió que en los más de 20 años que lleva como integrante del servicio penitenciario, pocas veces vio situaciones como esta. "El edificio está muy deteriorado, pero el director (Ernesto Salas) está haciendo las gestiones para tratar de solucionar el problema", dijo.
A los funcionarios les preocupa que, justamente por la falta de espacio, tengan que enfrentar motines, realizados por los internos descontentos con esta situación.
"Son depósitos humanos"
El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Bernardo Lobo Bugeau, indicó que conoce la situación en las cárceles de Tucumán, por haberlas visitado en las últimas semanas. El funcionario no anduvo con medias tintas: "como están las cosas, son depósitos humanos", expresó.
"Hay que hacer inversiones, y el Gobierno está trabajando en ello. Más que un problema de congestión, es un problema edilicio, ya que por lo menos en Villa Urquiza hace años que no se hace una refacción. Si la cárcel estuviera bien, podría alojar a más detenidos que los 880 internos que están allí actualmente. Pero tal como se halla, nos impresionó muy mal a todos", aseguró.
Lobo Bugeau indicó que con los menores el problema se agrava, ya que no tienen ninguna expectativa de reinserción. "Los institutos, como están, no honran los pactos internacionales. Por ahora se pueden adoptar medidas paliativas, pero hay que trabajar rápidamente en este problema", aseguró.
El funcionario indicó que no sólo en Tucumán existe el problema de la falta de espacio para los presos. "Desde la Nación se impulsa la construcción de nuevas cárceles, pero Tucumán por ahora está en una segunda etapa", concluyó.







