Berlusconi recibe un duro golpe de la Justicia italiana

Roma.- La Corte Constitucional italiana declaró ilegítima una ley que otorga inmunidad a los cinco máximos cargos del Estado, incluido el primer ministro. La ley fue aprobada el 20 de junio de 2003 y permitió al premier Silvio Berlusconi lograr la suspensión, en junio pasado, de un proceso en su contra en Milán, en el que se le juzgaba por corrupción de jueces. La consecuencia directa de esta declaración será la reanudación de dicho proceso en el que ya ha sido condenado a cinco años de prisión su estrecho colaborador, Cesare Previti.
Este juicio fue paralizado de forma automática, después de que el Parlamento aprobó, en vísperas de que Italia asumiera la presidencia de turno de la UE, la normativa que la oposición considera hecha a la medida de los intereses de Berlusconi. Conocida como Laudo Schifani, debido a su autor Renato Schifani, la ley sostiene que los políticos no pueden ser objeto de causas judiciales mientras ocupen alguno de los cinco principales cargos en el Estado. La ley otorgaba inmunidad al jefe del Estado, al primer ministro, a los presidentes de Diputados y del Senado y al titular de la Corte Constitucional.

Argumentos
La ley fue declarada ilegítima en su artículo 1, que establece la suspensión de los procesos penales contra quienes ocupen alguno de estos cargos, porque viola dos artículos de la Constitución: el principio de igualdad y el derecho de defensa. Pero el propio Schifani dijo, al criticar el fallo, que su intención no era pedir inmunidad sino dar al gobierno la posibilidad de cumplir con su mandato institucional y, al vencer dicho mandato, someterse a la Justicia. Schifani lidera el bloque de senadores de Fuerza Italia, el partido fundado por Berlusconi y principal componente de la mayoría.
Según el diario "La Reppublica", la sentencia es la segunda ducha helada para la centroderecha en el término de un mes. El diario citó el caso de la Ley Gasparri, que favorecía la concentración mediática y la expansión de los grupos económicos a los distintos tipos de medios; una norma que -según la oposición- beneficiaba sobre todo al grupo Mediaset, propiedad de Berlusconi. Esa ley fue rechazada por el presidente Carlo Ciampi y devuelta al Congreso. (Télam)