Se necesita una política de transporte

Como lo acabamos de informar, un grupo de propietarios de colectivos de nuestro medio resolvió formar una unión transitoria de empresas que se hará cargo del servicio de la línea 12 hasta tanto se llame a licitación para adjudicarlo. La nueva firma absorberá al personal de la anterior, según se informó. De este modo se solucionaría, por un tiempo al menos, la cuestión planteada respecto de aquella línea y de la cual nos hemos ocupado extensamente en estos días.
La información parece propicia para hacer algunas apreciaciones sobre el fondo del asunto. En primer lugar, nos parece que el transporte público debe ser defendido, por las características de mayor economía y amplitud que tiene, fuera de toda discusión. Por algo existe en todas las ciudades del mundo que, lejos de descartarlo, buscan que cada día ofrezca un servicio más eficiente y mejor prestado.
La situación de crisis que aqueja a las empresas del sector en Tucumán -y que, como vemos, puede llevarlas a situaciones de colapso- se debe al desmesurado crecimiento del transporte ilegal entre nosotros, y que compite deslealmente con las líneas de colectivos.
Aunque no deba servirnos de consuelo, hay que apuntar que se trata de un problema nacional, que en ciudades como Santiago del Estero ya ha logrado quebrantar definitivamente al servicio de colectivos. Actualmente, se calcula que en San Miguel de Tucumán existen alrededor de 8.000 vehículos "truchos", lo que demuestra el penoso efecto que ha generado la pasividad de las autoridades.
Poner en vereda a ese transporte ilegal debió constituir una prioridad en la materia, y no se lo entendió así. Prueba de ello es la cantidad de meses que corrieron desde que el tema se planteó hasta el comienzo -más que reciente- de una acción en ese sentido.
No es exagerado decir, al mismo tiempo, que ninguna de las normas sobre transporte público sancionadas en los últimos años ha mostrado coherencia. Ello, aparte del sinsentido de emitir disposiciones que pronto se transforman en letra muerta, ya que no se las hace cumplir.
Existe en este orden, además, un verdadero caos de jurisdicciones, cuyas autoridades compiten entre sí, olvidando que todas representan, en primera y en última instancia, al Estado. Hemos visto los extraños conflictos a los que ha dado lugar semejante estado de cosas, como también la reticencia de la Policía para apoyar los procedimientos municipales.
Nos parece que toda esta cuestión del transporte de pasajeros y del control de su prestación ilegal (también desdichadamente envuelta en un manto de sospechas de sobornos) debe manejarse de otra manera. No puede ser posible que un tema tan importante se mueva al vaivén de las presiones de quienes desacatan la ley, ni que la necesidad de legalizar situaciones irregulares determine la sanción de las normas.
Se necesita una política de transporte público lo suficientemente coherente y meditada, que tenga conciencia de la realidad sobre la cual debe manejarse, al mismo tiempo que posea la necesaria visión de futuro. Si la Provincia o la Municipalidad establecen normas, no puede aceptarse que las municipalidades vecinas legislen en sentido divergente, o que alienten, en los hechos, la contravención.
Está de más decir que, en un tema de esta envergadura, la solución debe venir de un criterio conjunto, adoptado por quienes representan a la autoridad estatal -es decir, tanto el Gobierno provincial como los gobiernos de todas las municipalidades-, de manera que se adopten disposiciones que sean producto del acuerdo de todos y, consecuentemente, destinadas a ser cumplidas por todos sin discusiones.
No puede dudarse de que ha llegado el momento de encarar, en un asunto de tanta trascendencia, decisiones que lo encarrilen definitivamente y no meros parches que sólo atiendan a la coyuntura.