Tres mil vigilantes privados son truchos

Tucumán, como pasa en el resto del país, tiene más vigilantes privados que policías. Se calcula que en la provincia hay unos 7.000 hombres que trabajan para empresas de seguridad; de ellos, al menos 3.000 están en negro, y es imposible controlarlos. El número de policías en actividad, en tanto, no supera los 5.200.
El problema de las agencias de seguridad desvela al ministro Pablo Baillo y al secretario Osvaldo Nieva, ya que en los sondeos que realizaron hasta el momento, sospechan que no pueden supervisarlas. Además, muchos de los vigilantes ilegales están armados, y sus armas tampoco estarían registradas. También hay muchas agencias que no están autorizadas, pero que igual trabajan.
"Es un tema que tenemos que seguir muy de cerca. Lamentablemente, hay varias prioridades, pero sabemos que hay mucha gente que actúa como vigilante armado sin tener ningún permiso, y eso es un gran peligro", indicó Nieva.
El jefe de Policía, Pedro René Ledesma, también está al tanto del tema. "El personal de la Dirección de Control de Agencias de Seguridad ya tiene las directivas del caso para que se hagan las inspecciones que sean necesarias. No queremos dejar pasar esto", aseguró.
El comisario inspector (r) Alberto Ignacio Alcaraz, que es el presidente de Catesi, entidad que nuclea a las agencias de seguridad, afirmó: "nosotros hicimos muchas denuncias sobre los vigilantes que no están acreditados. Inclusive actuamos a nivel de la Secretaría de Trabajo de la Nación y pedimos la participación de organismos de recaudación tributaria".
Algunos datos que brindó Alcaraz se contraponen con los que tiene la Policía. Oficialmente se admite que hay unos 990 vigiladores privados autorizados, 35 agencias registradas y 24 que están habilitadas pero inactivas por falta de objetivos o de baja.
Según Alcaraz, las empresas acreditadas son unas 50 y "35 grupos irregulares". Alcaraz consideró importante la realización de controles. "Al no cumplir las disposiciones y contratar vigilantes en negro, una persona compromete su patrimonio. Es el propietario el que debe responder por lo que pueda sucederle al vigilante. Hay seudoempresarios que no responden porque no tienen patrimonio", dijo.
Los 3.000 vigilantes ilegales conforman un pequeño ejército. No se sabe quiénes son, si tienen antecedentes delictivos, ni qué tipo de armas utilizan. Es imposible determinar si están para cuidar o para servir de "entregadores". Muchos utilizan uniformes muy parecidos a los de la Policía -a pesar de que esto está prohibido-, lo que además les da la posibilidad de recurrir al engaño en caso de pretender cometer un delito. Desde el Gobierno se aconsejó revisar toda la documentación cuando se contrata a una agencia de seguridad, o pedirle los permisos al civil que se pasea uniformado y armado por la puerta de cualquier casa. Hay algunas posibilidades -indican- de que la persona que esté en actitud de custodia, en realidad podría ser un integrante de alguna de las bandas que trabaja para incrementar la inseguridad en la provincia.

Polémica por la custodia de los hospitales
Una de las primeras medidas que tomó José Alperovich cuando asumió la gobernación, fue la de derogar el decreto por el cual una agencia privada -Cóndor- tendría a su cargo la seguridad de los hospitales del Siprosa.
César Soria, propietario de la empresa, explicó que la rescisión estaba dentro del contrato. "Nuestro trabajo es muy específico, y no sé si la Policía tiene tanta gente como para cubrirlo", indicó. El personal de la empresa Cóndor, que aún sigue trabajando en los hospitales que dependen del Siprosa, a pesar del decreto, custodiaba el interior de las dependencias, mientras que la Policía se encargaba del exterior y de las guardias.
Los custodios de la empresa cobraban $3 por hora. Si la guardia es ejercida ahora por policías que hagan servicios adicionales, se les deberá pagar $ 5, tal como estipula su contrato.
"Yo no tengo problemas en dejar el servicio, pero espero que se pueda seguir teniendo la misma seguridad luego de que nos vayamos", indicó Soria.
Al respecto, Alberto Alcaraz, de Catesi, apoyó la medida del Gobierno. "El Estado no debe contratar seguridad privada, ya que es el generador de la defensa del público. Se estaría haciendo muy mala propaganda", afirmó. Cóndor seguiría en los hospitales hasta fin de año.

Civiles con armas recorren los pasillos de la Caja Popular
Por ley, los integrantes de las fuerzas de seguridad no pueden trabajar como vigilantes privados. Sin embargo, según Alberto Alcaraz, presidente de Catesi, esto no se está cumpliendo.
"Hay grupos de policías que están haciendo custodias por su cuenta. Inclusive entiendo que los que están en los bancos son contratados en forma irregular", afirmó. Según Osvaldo Nieva, los policías no deberían estar en los bancos. "Lo ideal sería que no tuvieran que hacer ese servicio, ya que inclusive no se les paga lo que corresponde. No tendrían que hacer seguridad en los bancos privados", aseguró. "A los policías que trabajan en grupos no se los puede denominar empresas. Los jefes mandan a sus subalternos a custodiar objetivos, y eso no está permitido", dijo Alcaraz.
Un caso insólito, que está siendo investigado por el Gobierno, sucede en las dependencias de la Caja Popular. Cuando asumió Juan Carlos Veiga como interventor de la Caja Popular de Ahorros de la provincia, se sorprendió por la cantidad de gente armada que había por los pasillos. Cuando comenzó a preguntar, se dio con que a la repartición la custodiaban la Policía, una agencia de seguridad privada y hasta civiles, que llevaban armas.
Se comunicó el hecho a las autoridades de Seguridad del Gobierno, quienes no estaban al tanto de lo que sucedía. Entonces se ordenó una investigación, que aún no concluyó. Por las dudas, ya se inició un relevamiento en otras dependencias del Estado, para determinar quiénes son los que en realidad cuidan los bienes del Gobierno.
Produccion periodistica:
Juan Manuel Montero