23 Noviembre 2003 Seguir en 
Por José Bercoff. Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Tucumán - Master en Economía de la McGill University, Canadá - Profesor de Teoría Monetaria de la UNT.
Desde hace dos décadas, al menos, la Provincia viene mostrando una situación fiscal deficitaria tanto en el resultado financiero previo como en el resultado económico sin recursos afectados a obras públicas. Y, pese, a los múltiples anuncios, por parte de los distintos gobiernos, de que la situación se iba controlando en un determinado momento, nada de eso ocurrió. El mejoramiento real de las cuentas fiscales no se concretó y, por el contrario, el Estado provincial se fue endeudando cada vez más.
La gravedad de la situación económica y financiera persiste en la provincia, y para colmo de males la reactivación de la economía nacional que se aprecia desde los últimos meses del año pasado (muy diferente según los sectores), parece ralentizarse en Tucumán.
¿Una tregua?
Sin embargo, pese a todos los inconvenientes que se aprecian en las distintas áreas, el futuro inmediato de la finanzas de la provincia no presentaría mayores sobresaltos. Así, al menos lo considera el economista Carlos Pucci, quien aprecia una relativa tranquilidad para los próximos 16 meses.
Observa que en lo que resta del año y durante el 2004 supone que continuará la recuperación de la economía argentina lo que se traducirá en un incremento de la recaudación y en mayores remesas de fondos a las provincias. Además, la continuación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y de combustibles unidas a la expectativas de buenos precios internacionales para estos productos generará, dentro de ciertos límites, un clima de tranquilidad social al posibilitar el financiamiento de los programas asistenciales.
Sin embargo -estima el experto-, el Gobierno provincial debería comportarse con mucha prudencia en el manejo de los recursos públicos. Durante los últimos cinco años el Estado provincial ha venido incurriendo en déficits fiscales si se comparan los gastos totales con los ingresos corrientes (ingresos tributarios, no tributarios y una gama de transferencias desde la Nación), déficits que fueron financiados con préstamos y empréstitos que había que devolver o mediante la emisión de los Bocade. Este financiamiento ya se terminó y salvo los fondos del Programa de Financiamiento Ordenado del Estado nacional que continuará hasta fines de 2004, desde 2005 en adelante la provincia tendrá que financiar sus gastos solamente con sus ingresos corrientes.
Lo que vendrá
A partir de 2005 Pucci visualiza dos aspectos a tener en cuenta: primero, la provincia tendrá que comenzar a pagar intereses y luego a devolver el capital. Si a esto se le agrega la necesidad de dirigir una proporción creciente de recursos a los sectores educación, salud, seguridad y obras de infraestructura física, la demanda sobre los recursos aumentará significativamente.
En segundo lugar -añade-, se debe considerar la gran importancia de los ingresos de origen nacional. Estos representan cerca del 75% de los recursos corrientes que recibe la provincia y financian un porcentaje similar de sus gastos totales. Es decir, que si por alguna razón, no improbable, disminuye la recaudación nacional, los ingresos de la provincia serían afectados negativamente. "Digo no improbable, porque el ciclo de altos precios internacionales de los productos agropecuarios no continuará para siempre y la recaudación nacional puede disminuir significativamente", señala Pucci.
Con referencia al primer aspecto, el analista considera que "la solución no temporaria, es decir, la solución que se espera perdure en el largo plazo, es dejar de despilfarrar y rapiñar los recursos y utilizarlos en los sectores con mayor productividad social. Se tienen que dedicar esfuerzos a evaluar en qué y cómo se gasta, tanto en personal, consumo, servicios e inversión". Ejemplifica que si el gobierno gasta mal, cuando extrae recursos del sector privado donde producen una rentabilidad social, por ejemplo, del 10%, para asignarlos a un sector donde rinden socialmente, verbigracia, sólo un 2% o bien tienen una rentabilidad negativa, se resiente toda la economía de la provincia. Es común pensar que el Estado debe ocupar personal para evitar una mayor desocupación sin tener en cuenta que cuando este emplea una persona, que en realidad no la necesita, el sector privado se puede ver obligado a desemplear dos.
Los impuestos distorsivos
En cuanto al segundo aspecto y bajo el supuesto que las distribuciones primaria y secundaria de los impuestos coparticipables no cambie, el experto estima que el Gobierno provincial debe, en un contexto de incremento en la recaudación total de los impuestos de origen provincial, ir aumentando la participación de los impuestos Inmobiliario y Automotor y disminuyendo la de Ingresos Brutos, Salud Pública y Sellos. Estos tres últimos son impuestos distorsivos, es decir, que afectan la asignación de los recursos productivos y pueden generar un alto costo en términos de la producción de la economía provincial.
Las tasas aplicables y la sencillez de las normas no deben atentar contra el cumplimiento de las obligaciones tributarias, afirma."Todo lo expuesto no es nada original, más aún, todas las autoridades al asumir sus cargos lo mencionan como programa de gobierno, pero ninguna lo cumple. Las actuales autoridades, si lo hacen, harían un significativo aporte al bienestar de la sociedad tucumana", considera Pucci.
Desde hace dos décadas, al menos, la Provincia viene mostrando una situación fiscal deficitaria tanto en el resultado financiero previo como en el resultado económico sin recursos afectados a obras públicas. Y, pese, a los múltiples anuncios, por parte de los distintos gobiernos, de que la situación se iba controlando en un determinado momento, nada de eso ocurrió. El mejoramiento real de las cuentas fiscales no se concretó y, por el contrario, el Estado provincial se fue endeudando cada vez más.
La gravedad de la situación económica y financiera persiste en la provincia, y para colmo de males la reactivación de la economía nacional que se aprecia desde los últimos meses del año pasado (muy diferente según los sectores), parece ralentizarse en Tucumán.
¿Una tregua?
Sin embargo, pese a todos los inconvenientes que se aprecian en las distintas áreas, el futuro inmediato de la finanzas de la provincia no presentaría mayores sobresaltos. Así, al menos lo considera el economista Carlos Pucci, quien aprecia una relativa tranquilidad para los próximos 16 meses.
Observa que en lo que resta del año y durante el 2004 supone que continuará la recuperación de la economía argentina lo que se traducirá en un incremento de la recaudación y en mayores remesas de fondos a las provincias. Además, la continuación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y de combustibles unidas a la expectativas de buenos precios internacionales para estos productos generará, dentro de ciertos límites, un clima de tranquilidad social al posibilitar el financiamiento de los programas asistenciales.
Sin embargo -estima el experto-, el Gobierno provincial debería comportarse con mucha prudencia en el manejo de los recursos públicos. Durante los últimos cinco años el Estado provincial ha venido incurriendo en déficits fiscales si se comparan los gastos totales con los ingresos corrientes (ingresos tributarios, no tributarios y una gama de transferencias desde la Nación), déficits que fueron financiados con préstamos y empréstitos que había que devolver o mediante la emisión de los Bocade. Este financiamiento ya se terminó y salvo los fondos del Programa de Financiamiento Ordenado del Estado nacional que continuará hasta fines de 2004, desde 2005 en adelante la provincia tendrá que financiar sus gastos solamente con sus ingresos corrientes.
Lo que vendrá
A partir de 2005 Pucci visualiza dos aspectos a tener en cuenta: primero, la provincia tendrá que comenzar a pagar intereses y luego a devolver el capital. Si a esto se le agrega la necesidad de dirigir una proporción creciente de recursos a los sectores educación, salud, seguridad y obras de infraestructura física, la demanda sobre los recursos aumentará significativamente.
En segundo lugar -añade-, se debe considerar la gran importancia de los ingresos de origen nacional. Estos representan cerca del 75% de los recursos corrientes que recibe la provincia y financian un porcentaje similar de sus gastos totales. Es decir, que si por alguna razón, no improbable, disminuye la recaudación nacional, los ingresos de la provincia serían afectados negativamente. "Digo no improbable, porque el ciclo de altos precios internacionales de los productos agropecuarios no continuará para siempre y la recaudación nacional puede disminuir significativamente", señala Pucci.
Con referencia al primer aspecto, el analista considera que "la solución no temporaria, es decir, la solución que se espera perdure en el largo plazo, es dejar de despilfarrar y rapiñar los recursos y utilizarlos en los sectores con mayor productividad social. Se tienen que dedicar esfuerzos a evaluar en qué y cómo se gasta, tanto en personal, consumo, servicios e inversión". Ejemplifica que si el gobierno gasta mal, cuando extrae recursos del sector privado donde producen una rentabilidad social, por ejemplo, del 10%, para asignarlos a un sector donde rinden socialmente, verbigracia, sólo un 2% o bien tienen una rentabilidad negativa, se resiente toda la economía de la provincia. Es común pensar que el Estado debe ocupar personal para evitar una mayor desocupación sin tener en cuenta que cuando este emplea una persona, que en realidad no la necesita, el sector privado se puede ver obligado a desemplear dos.
Los impuestos distorsivos
En cuanto al segundo aspecto y bajo el supuesto que las distribuciones primaria y secundaria de los impuestos coparticipables no cambie, el experto estima que el Gobierno provincial debe, en un contexto de incremento en la recaudación total de los impuestos de origen provincial, ir aumentando la participación de los impuestos Inmobiliario y Automotor y disminuyendo la de Ingresos Brutos, Salud Pública y Sellos. Estos tres últimos son impuestos distorsivos, es decir, que afectan la asignación de los recursos productivos y pueden generar un alto costo en términos de la producción de la economía provincial.
Las tasas aplicables y la sencillez de las normas no deben atentar contra el cumplimiento de las obligaciones tributarias, afirma."Todo lo expuesto no es nada original, más aún, todas las autoridades al asumir sus cargos lo mencionan como programa de gobierno, pero ninguna lo cumple. Las actuales autoridades, si lo hacen, harían un significativo aporte al bienestar de la sociedad tucumana", considera Pucci.
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