23 Noviembre 2003 Seguir en 
La Fundación Mediterránea, que por muchos años encabezó el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, advirtió sobre las consecuencias negativas para la economía de la política social del gobierno de Néstor Kirchner.
La semana pasada, la administración central dispuso un aumento en el salario mínimo vital y móvil, que pasará de $ 300 a $ 350, además de una suba de $20 en las jubilaciones mínimas y una nueva asignación no remunerativa de $50 mensuales para los empleados del sector privado.
Estas medidas apuntan a aumentar el poder adquisitivo del salario y a redistribuir los ingresos en favor del consumo. Tras la crisis que generó la devaluación y la salida de la convertibilidad, se verifica un moderado proceso de recuperación.
La fundación explicó que, con las últimas medidas, el gobierno intenta capitalizar políticamente una tendencia que piensa que, inevitablemente, se profundizará asociada a una apreciación cambiaria (revaluación del peso en términos reales frente al dólar) y a una sustitución de capital por Trabajo. Sin embargo, advirtió que hay tres riesgos en esta estrategia.
El primero es que el modelo de crecimiento del país se apoye predominantemente en el consumo interno. "Para un mercado de 37 millones de personas, esto implicaría ponerle un techo bajo a las posibilidades de expansión de la economía", señaló la entidad.
Dos problemas más
El segundo riesgo, según la institución, es que la intervención estatal distorsione el nuevo equilibrio que debe darse entre las remuneraciones al capital y al trabajo. "No hay que olvidar que esta relación se modificó por el aumento del costo del capital y el nuevo tipo de cambio", asevera un informe.
El tercer posible problema tiene que ver con las fuertes asimetrías regionales y sectoriales que implican que un mismo parámetro salarial pueda ser caro o barato según la situación de cada actividad. "Es aconsejable que se elija la estrategia que sea congruente con la incorporación de la mayor cantidad posible de asalariados a empleos formales y genuinos", concluye el trabajo.
La semana pasada, la administración central dispuso un aumento en el salario mínimo vital y móvil, que pasará de $ 300 a $ 350, además de una suba de $20 en las jubilaciones mínimas y una nueva asignación no remunerativa de $50 mensuales para los empleados del sector privado.
Estas medidas apuntan a aumentar el poder adquisitivo del salario y a redistribuir los ingresos en favor del consumo. Tras la crisis que generó la devaluación y la salida de la convertibilidad, se verifica un moderado proceso de recuperación.
La fundación explicó que, con las últimas medidas, el gobierno intenta capitalizar políticamente una tendencia que piensa que, inevitablemente, se profundizará asociada a una apreciación cambiaria (revaluación del peso en términos reales frente al dólar) y a una sustitución de capital por Trabajo. Sin embargo, advirtió que hay tres riesgos en esta estrategia.
El primero es que el modelo de crecimiento del país se apoye predominantemente en el consumo interno. "Para un mercado de 37 millones de personas, esto implicaría ponerle un techo bajo a las posibilidades de expansión de la economía", señaló la entidad.
Dos problemas más
El segundo riesgo, según la institución, es que la intervención estatal distorsione el nuevo equilibrio que debe darse entre las remuneraciones al capital y al trabajo. "No hay que olvidar que esta relación se modificó por el aumento del costo del capital y el nuevo tipo de cambio", asevera un informe.
El tercer posible problema tiene que ver con las fuertes asimetrías regionales y sectoriales que implican que un mismo parámetro salarial pueda ser caro o barato según la situación de cada actividad. "Es aconsejable que se elija la estrategia que sea congruente con la incorporación de la mayor cantidad posible de asalariados a empleos formales y genuinos", concluye el trabajo.
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