Las comisarías alojan a 501 detenidos

Las comisarías alojan a 501 detenidos

En un año, la cifra de personas privadas de la libertad en dependencias policiales aumentó un 40%, según datos de la fuerza. En la capital hay 246 presos por causas penales. No pueden recibirlos en el penal de Villa Urquiza por falta de espacio

PROBLEMAS EDILICIOS. Los comisarios afirman que la infraestructura no garantiza la custodia de detenidos, como en e caso de la seccional 8ª. LA GACETA / FOTO DE ANALIA JARAMILLO (ARCHIVO) PROBLEMAS EDILICIOS. Los comisarios afirman que la infraestructura no garantiza la custodia de detenidos, como en e caso de la seccional 8ª. LA GACETA / FOTO DE ANALIA JARAMILLO (ARCHIVO)
22 Noviembre 2013
El espacio que tienen para moverse es ínfimo. Cuando duermen, prácticamente están uno encima de otro. El número de detenidos en las comisarías creció en el último año un 40%, y los lugares destinados para su alojamiento siguen siendo los mismos desde hace varios años.

Ayer, en las distintas dependencias de la Policía había 501 detenidos por causas penales, según informaron en la fuerza. El grueso de ellos (246 presos) se concentraba en la capital, distribuidos en 10 comisarías y en las dependencias de la Dirección General de Investigaciones.

La Regional Capital cuenta con 14 seccionales. De ellas, la 1ª (San Martín 224), 10ª (Blas Parera 810), 11ª (avenida Benjamín Aráoz 1.095) y 14ª (Manuel Estrada 2.670), no tienen actualmente lugares de alojamiento, según informó el comisario Luis Medina, jefe de la Regional.

El relevamiento realizado por LA GACETA con los jefes de las distintas regionales de la provincia, indicó que en la Regional Norte (abarca los departamentos de Yerba Buena, Tafí Viejo y Trancas) había 90 detenidos en ocho dependencias. La Regional Oeste (Tafí del Valle, Lules, Famaillá y Monteros) tiene cuatro lugares para alojar presos, y ayer había 16 personas detenidas. En la Regional Este (Burruyacu, Cruz Alta y Leales) tenían 95 detenidos en ocho dependencias y en la Regional Sur (Simoca, Chicligasta, Río Chico, Juan Bautista Alberdi, La Cocha y Graneros), 54 presos en cuatro lugares de alojamiento.

El anterior relevamiento realizado por este diario, en julio de 2012, indicaba que en las dependencias policiales había 353 detenidos que deberían haber estado en el penal de Villa Urquiza o en la cárcel de Concepción. La cifra señala que el número de personas privadas de la libertad en comisarías creció un 40% (148 presos más).

Problemas edilicios

Los jefes de las distintas dependencias en las que hay calabozos, se quejaron por lo bajo por los problemas que padecen al tener que destinar personal para cumplir la tarea de cuarteleros. Además, el hacinamiento y los problemas de infraestructura generan los riesgos de fuga, como los ocurridos esta semana en las seccionales 3ª y 5ª.

Muchos comisarios mencionaron también que las construcciones de las dependencias son antiguas, con paredes deterioradas por la humedad y que carecen de una infraestructura segura, capaz de garantizar que ninguno de los detenidos podría burlar los barrotes o hacer un boquete.

El 18 de junio de 1996, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dictó una resolución, a través de la cual ordenó que todos los detenidos sean trasladados hacia el pabellón de procesados del Servicio Penitenciario. Sin embargo, los fiscales se encuentran con el escollo de la superpoblación carcelaria.

Al finalizar su turno, algunos fiscales realizaron presentaciones al ministro Fiscal, Luis De Mitri, informándole que no pudieron dar cumplimiento a la acordada, ya que el director de Institutos Penales Roberto Guyot, les respondió que era imposible el alojamiento de los detenidos.

Particularmente, hay dos expedientes que llegaron al Ministerio de Seguridad Ciudadana, impulsados por los fiscales Adriana Gianonni y Washington Navarro Dávila. En ellos se detallaron situaciones que se viven en las comisarías, como el alojamiento de 29 detenidos en la seccional 4ª en septiembre del año pasado, en una celda con capacidad para unas 15 personas. Los expedientes fueron devueltos a las fiscalías, luego de que las autoridades "tomaran conocimiento" del problema.

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