15 Septiembre 2013 Seguir en 
La Justicia falló esta semana a favor del interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), el legislador en uso de licencia, Armando "Cacho" Cortalezzi, en una denuncia en contra del secretario general de la sección local del gremio La Bancaria, Eduardo Bourlé.
Cortalezzi había radicado su denuncia en la Fiscalía de Instrucción de la V° Nominación, a cargo de Washington Navarro Dávila. En ese escrito, el funcionario alperovichista exponía que Bourlé -junto con otros sindicalistas- y al abogado, Gustavo Morales, habían incurrido -en su perjuicio- en los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas de muerte. Ante este planteo, la jueza de Instrucción, Mirta Lenis de Vera, resolvió dictaminar una prohibición de acercamiento. Medida por la que, los acusados, no podrán estar a menos de 200 metros de Cortalezzi.
Esta resolución judicial se suma a una larga lista de medidas tomadas por la Justicia en el prolongado conflicto -que comenzó el año pasado- entre el Poder Ejecutivo (PE) y La Bancaria. Según se explica en el texto, los imputados no podrán acercarse ni a Cortalezzi ni a su grupo familiar donde quiera que éste se encuentre. Tanto fuera del ámbito laboral, como en su domicilio particular.
Pero como el interventor y los acusados comparten el mismo lugar de trabajo la Justicia dispuso que sea el Ministerio de Seguridad Ciudadana, a cargo de Jorge Gassenbauer, el responsable de hacer cumplir la medida cuando los involucrados en este conflicto coincidan en la sede central de la CPA, ubicada en 25 de Mayo al 100.
A su vez, la Justicia amplió esta responsabilidad a la Secretaría de Estado de Trabajo y Empleo, a cargo de Roberto Jiménez. Es decir que, a partir de ahora, ambas reparticiones del Gobierno que integran el PE serán responsables de garantizar el orden en el ámbito laboral de la CPA. Sin embargo, el PE mantiene su enfrentamiento con el gremio.
Cortalezzi había radicado su denuncia en la Fiscalía de Instrucción de la V° Nominación, a cargo de Washington Navarro Dávila. En ese escrito, el funcionario alperovichista exponía que Bourlé -junto con otros sindicalistas- y al abogado, Gustavo Morales, habían incurrido -en su perjuicio- en los delitos de privación ilegítima de la libertad y amenazas de muerte. Ante este planteo, la jueza de Instrucción, Mirta Lenis de Vera, resolvió dictaminar una prohibición de acercamiento. Medida por la que, los acusados, no podrán estar a menos de 200 metros de Cortalezzi.
Esta resolución judicial se suma a una larga lista de medidas tomadas por la Justicia en el prolongado conflicto -que comenzó el año pasado- entre el Poder Ejecutivo (PE) y La Bancaria. Según se explica en el texto, los imputados no podrán acercarse ni a Cortalezzi ni a su grupo familiar donde quiera que éste se encuentre. Tanto fuera del ámbito laboral, como en su domicilio particular.
Pero como el interventor y los acusados comparten el mismo lugar de trabajo la Justicia dispuso que sea el Ministerio de Seguridad Ciudadana, a cargo de Jorge Gassenbauer, el responsable de hacer cumplir la medida cuando los involucrados en este conflicto coincidan en la sede central de la CPA, ubicada en 25 de Mayo al 100.
A su vez, la Justicia amplió esta responsabilidad a la Secretaría de Estado de Trabajo y Empleo, a cargo de Roberto Jiménez. Es decir que, a partir de ahora, ambas reparticiones del Gobierno que integran el PE serán responsables de garantizar el orden en el ámbito laboral de la CPA. Sin embargo, el PE mantiene su enfrentamiento con el gremio.
Lo más popular
Ranking notas premium
