Per saltum: aval judicial, según los K; arma, según opositores

La reglamentación del per saltum, convertida en ley en la sesión de Diputados del miércoles, profundizó la división de las opiniones de los representantes tucumanos en el Congreso. Mientras los diputados oficialistas rechazan que el recurso -calificado como una herramienta jurídica necesaria- sea una iniciativa para que el Gobierno la utilice contra el Grupo Clarín, los opositores sostienen que ese es el fin, ya que el Gobierno quiere controlar la prensa y "minar" el Poder Judicial.

El diputado radical Luis Sacca sostuvo que el per saltum está orientado a un solo fin, que es la guerra que el Gobierno sostiene contra Clarín, y agregó: "sólo quieren controlar los medios y presionar a la Corte Suprema". "Me pregunto, ¿en qué aporta al combate contra la inseguridad de los ciudadanos o a garantizar la celeridad de los juicios de los diputados con la Anses? Esta es una ley que sólo le es útil al Gobierno para controlar a la prensa", añadió. 

"Estas medidas ya las conocimos con el menemismo, de cuya gestión la Presidenta tanto se preocupa en tomar distancia durante sus discursos, pero no en los hechos. El salto de instancia sólo tiende a violentar a uno de los poderes de la República, que es el judicial, con el solo fin de obviar todo proceso jurídico para obtener la palabra de la Corte Suprema", sostuvo el legislador. 

"En el medio se salta el proceso, que es, en sí, la única garantía que tienen los ciudadanos de afrontar diferentes instancias, conforme a lo dictado por nuestra Constitución. De esta manera, la Presidenta busca tener una justicia rápida, para decidir los temas que a ella le interesan, pero que no garantiza la celeridad en la justicia para el resto de los ciudadanos", finalizó Sacca.

En términos críticos se pronunció su compañero de bancada Juan Casañas. "Una vez más, el oficialismo pretende minar la independencia de poderes, de meter una cuña en el Poder Judicial". "Y todo por el capricho presidencial de querer hacer una lucha nacional; en su cruzada contra Clarín, busca tener un recurso para saltear instancias judiciales que le pueden ser contrarias y llevar este caso directamente a la Corte e influenciar sobre ella. En vez de permitir que la Justicia actué acorde a derecho, la quiere someter y quitarle independencia". "Por este capricho, el Gobierno ha usado y abusado del Estado para llevar un mensaje mentiroso, ya que dice que se impide aplicar la Ley de Medios, cuando esta ley está plenamente vigente", concluyó Casañas. 

Los del Frente

Por su lado, Juan Salim, diputado nacional (FpV) opinó: "esta ley ya fue votada hace tres años, y las leyes están hechas para cumplirlas. Es una herramienta que puede servir para muchas ocasiones y en distintos casos, pero en ningún momento se pensó que el per saltum sirva para actuar contra el diario Clarín. Nosotros en el Congreso estamos para generar leyes y los proyectos se tratan, se los debaten y una vez plasmados en ley se los aplican".

En términos similares se pronunció el diputado Alfredo Dato, ex miembro de la Corte Suprema de Tucumán. "La situación de Clarín está comprendida, pero no hacía falta esta ley; está la Ley de Medios. El per saltum es una garantía para todos los que quieran usar el instrumento en caso de gravedad institucional. La Corte siempre tiene la última palabra porque hace el juicio de admisibilidad del recurso. Y es muy bueno que esté regulado por ley, porque la Corte no tuvo criterio uniforme cuando lo aplicó en algunos casos conocidos, como el de Dromi, Aeropuertos 2000, el convenio de los metalúrgicos, la 'operación langostino' y el último, el aborto no punible. En todos nunca hubo una posición mayoritaria", explicó.

"Ahora con la ley, se ajusta a la gravedad constitucional para intervenir, lo que es una garantía para los justiciables. El que tuvo una posición firme sobre el tema es el juez (Enrique) Petracci y el que quería la regulación era el juez (Carlos) Fayt. Como dijo (Agustín) Rossi -titular de la bancada oficialista-, los jueces tienen que ser independiente, y en estos casos, la política y los empresarios no tienen posibilidad de 'manotearlos'", remarcó. 

La diputada Miriam Gallardo, también del FpV, aclaró que no es abogada pero se interiorizó en el tema. "Es un recurso jurídico en situaciones especiales para poder llegar a una pronta resolución de un conflicto, y no tiene doble intención, para nada. No es para ser usado contra Clarín. Creo que sí, había que reglamentarla ya que fue aprobada hace tres años. En  la conferencia de prensa de dieron explicaciones, de que se la podría usar no sólo en el caso de un grupo que se resiste a cumplir la ley. Además hay un protocolo que cumplir en el caso de las condiciones irregulares de muchas televisoras por cable, radios y muchos más".

Al momento de la consulta de LA GACETA al respecto, se excusaron de opinar la presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkés de Alperovich, y el diputado oficialista Isaac Bromberg.

El objeto de la ley es regular el servicio de comunicación audiovisual en todo el país "para hacerlo más barato, democrático y aprovechar las nuevas tecnologías". Podrá ser explotado por una gestión privada con y sin fines de lucro, y estatal (33% cada uno). El artículo 3 plantea, entre otras metas, la promoción del federalismo      y la eliminación de la brecha digital, así como el acceso a la información pública.

El per saltum es un instrumento jurídico que permite -a solicitud de una de las partes en conflicto- saltear instancias procesales y trasladar un expediente judicial desde la Primera Instancia a la Corte Suprema de Justicia. Desde el miércoles, por primera vez, tiene límites precisos: sólo tendrá vigencia para pleitos de competencia federal y en causas de "notoria gravedad institucional". 

El 7 de diciembre vence la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín que suspendía la aplicación del artículo 161, que establece un plazo de un año para que los titulares de licencias que no se ajusten a lo fijado en la ley se adecúen. Si Clarín no cumple, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado a nuevos titulares.