SÓLO EN SURTIDORES DE YPF. El decreto presidencial obliga a que los vehículos oficiales carguen naftas en la empresa recientemente reestatizada. NA
22 Julio 2012 Seguir en 
Una tarjeta magnética precargable, emitida por el Banco de la Nación Argentina. Ese es el sistema que el Gobierno federal pretende instrumentar para abonar por el servicio de provisión de combustible y lubricantes en el mercado del "Compre estatal". Así lo establece el artículo 5 del decreto 1.189, firmado por la presidenta Cristina Fernández.
Mediante esa norma, las jurisdicciones y entidades del sector público nacional deberán contratar con YPF Sociedad Anónima la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales. El uso de la tarjeta, entre otras cuestiones, implica un mayor control por parte de la administración federal para el consumo de naftas en cada repartición nacional.
El decreto, que ya está vigente, señala: "resulta conveniente disponer una excepción al régimen general, canalizando el poder de compra del Estado hacia entidades que revisten naturaleza pública, sin dejar de considerar cuestiones relativas a contratar dentro de un marco de competencia, asegurando servicios de calidad". Sólo la jefatura de Gabinete podrá autorizar las excepciones al régimen.
Un control similar quiere hacer el Gobierno nacional respecto de las compras de vehículos para uso oficial. En el decreto presidencial 1.188 queda establecido que el Ejecutivo, si bien respetará los contratos de alquiler o compra de autos vigentes hasta el viernes, en el futuro no hará uso de la opción a prórroga que se hubiese previsto en los respectivos pliegos.
Asimismo, el decreto dispone que cada repartición pública debe detallar la flota que dispone, con las siguientes características:
• Tipo, marca, modelo, año de fabricación, número de patente y uso al que está destinado.
• Modo de tenencia de cada vehículo.
• Procedimiento por el cual se adquirió dicho bien (alquiler, leasing, compra, donación u otro).
Mediante esa norma, las jurisdicciones y entidades del sector público nacional deberán contratar con YPF Sociedad Anónima la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales. El uso de la tarjeta, entre otras cuestiones, implica un mayor control por parte de la administración federal para el consumo de naftas en cada repartición nacional.
El decreto, que ya está vigente, señala: "resulta conveniente disponer una excepción al régimen general, canalizando el poder de compra del Estado hacia entidades que revisten naturaleza pública, sin dejar de considerar cuestiones relativas a contratar dentro de un marco de competencia, asegurando servicios de calidad". Sólo la jefatura de Gabinete podrá autorizar las excepciones al régimen.
Un control similar quiere hacer el Gobierno nacional respecto de las compras de vehículos para uso oficial. En el decreto presidencial 1.188 queda establecido que el Ejecutivo, si bien respetará los contratos de alquiler o compra de autos vigentes hasta el viernes, en el futuro no hará uso de la opción a prórroga que se hubiese previsto en los respectivos pliegos.
Asimismo, el decreto dispone que cada repartición pública debe detallar la flota que dispone, con las siguientes características:
• Tipo, marca, modelo, año de fabricación, número de patente y uso al que está destinado.
• Modo de tenencia de cada vehículo.
• Procedimiento por el cual se adquirió dicho bien (alquiler, leasing, compra, donación u otro).
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