En el PJ, ahora miden fuerzas por la Ley de Contravenciones

Aunque puertas afuera se hable de consenso, dentro de la Legislatura ya son indisimulables las grietas en el bloque oficialista. Desde hace varias semanas el titular de la comisión de Seguridad y Justicia de la Cámara, Gerónimo Vargas Aignasse (PJ), venía anunciando la derogación del actual Código de Contravenciones, respecto del que la Corte de la Nación marcó hace más de un año varios puntos inconstitucionales. El ex diputado también había convocado a diferentes sectores para discutir sobre la cuestión y arribar a un Código de Convivencia. "En junio vamos a iniciar un foro debate, del que participarán varias organizaciones civiles, como Andhes. Además, vamos a habilitar una página en internet para que quien tenga ganas de participar lo haga", avisó Vargas Aignasse.

Pero el lunes, en mesa de entradas de la Legislatura, recibieron y sellaron un proyecto de ley para reformar de manera íntegra la polémica norma, quitándole poder a la Policía y estableciendo un nuevo proceso para estos casos.

La iniciativa no está vinculada con las tareas anunciadas por Vargas Aignasse. Tampoco llegó desde la oposición. El autor de la propuesta fue el secretario de la misma comisión de Seguridad y Justicia, Marcelo Caponio, y lleva la firma (es decir, el aval político) de varios referentes del bloque Tucumán Crece, como Sisto Terán, Roque Álvarez y Manuel Fernández. "Estuvimos seis meses trabajando en este proyecto. Prevé el funcionamiento de los Juzgados Contravencionales y respeta los parámetros dictados por la Corte Suprema respecto al derecho de defensa y el debido proceso", le detalló ayer Caponio a LA GACETA.

Creada en 1980

La Ley de Contravenciones fue creada en 1980, durante la dictadura militar, y establece sanciones para determinados actos que no están contemplados en el Código Penal (por ejemplo, hacer disturbios en la vía pública). "Una detención preventiva de 48 horas, producida en el marco de un procedimiento contravencional tramitado ante la autoridad policial y sin intervención judicial ni notificación necesaria a terceros, no puede ser legitimada sin más ni más", expresó el máximo tribunal en 2010. Desde entonces la cuestión se ha instalado en el ámbito de la seguridad, ya que la Policía considera que esta legislación es clave a la hora de prevenir delitos.

La anterior conformación de la Cámara tenía algunos proyectos, pero ninguno llegó al recinto. Por eso, al poco tiempo de asumir, Vargas Aignasse comenzó a planificar los cambios.

En abril, el alperovichista se reunió con los vocales de la Corte Suprema provincial para tratar este tema, entre otros. Luego, recibió a integrantes de Andhes, la ONG que tramitó el expediente hasta lograr el fallo en el máximo tribunal de la Nación. "Todavía no presenté un proyecto porque quiero enriquecer esta tarea. Esta es una ley de la dictadura, que va a ser derogada. La intención es avanzar con un Código de Convivencia, que se ajuste a los estándares dictados por la Corte. Y me parece que, en ese sentido, es fundamental el aporte que pueda hacer la sociedad civil", le detalló Vargas Aignasse a este diario.

Luego, añadió que estaba al tanto de la iniciativa de Caponio (que también cuenta con la firma del vicepresidente de la comisión de Seguridad y Justicia, José Teri). Pero el ex diputado se encargó de "marcar la cancha" en cuanto al tratamiento que tendrá la iniciativa antes de llegar al recinto. "Todos los aportes que hagan los legisladores van a ser muy interesantes para lograr un Código que contenga todas las miradas", aseguró.

Prevención

El texto presentado el lunes, de 44 páginas, tiene la intención de instaurar para las contravenciones un proceso similar al que se desarrolla ante un hecho penal, con las comunicaciones judiciales de rigor; declaraciones asistidas por un defensor; y derecho a juicio oral y público, entre otros puntos. "Las funciones de prevención llevadas a cabo por la Provincia se circunscriben, en la actualidad, a la mera aplicación por parte de la fuerza policial de las contravenciones policiales", dice el proyecto en sus fundamentos. Caponio destacó que la intención es crear un sistema dinámico en cuanto a tiempos y etapas judiciales. "Hemos logrado mucho apoyo en el bloque, es un trabajo serio", aseveró el alperovichista.

Si bien Vargas Aignasse apuntó que se estudiará la iniciativa en comisión, el interrogante está en cómo se dirimirá la cuestión puertas adentro del oficialismo. "El Código de Convivencia no puede ser una ley elaborada solamente por los legisladores o los políticos. Debe ser fruto del consenso y el debate con otros actores de la sociedad", reafirmó el dirigente kirchnerista.

Con este panorama, es poco probable que el tema llegue al recinto en la próxima sesión, para la que no hay fecha. Pero en el bloque alperovichista la cuestión ya se está discutiendo. Y, quizá, sirva para medir fuerzas dentro de la Cámara.