Por Miguel Ángel Rouco
15 Abril 2012
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BUENOS AIRES.- Como era previsible, la decisión de la Casa Rosada de poner fin a la operación sobre YPF dejó varias heridas abiertas: rompió el frente de los gobernadores de las provincias productoras y desmadró al caudaloso río kirchnerista.
El globo de ensayo lanzado por el Frente para la Victoria (FPV) en el Congreso, haciendo circular un ficticio proyecto de ley para la expropiación de la petrolera y en el que se incluían normas para la comercialización de combustibles y de gas en el país, provocó mayor confusión en las filas del oficialismo.
Tal como se había anticipado desde estas mismas líneas hace una semana, el proyecto de "apropiación" de YPF choca con obstáculos demasiados grandes como para que la endeble administración Kirchner pueda sortearlos.
Ni una oferta hostil y menos aún una estatización o expropiación de la compañía resultan vías factibles. Al menos por ahora. De acuerdo con los análisis que se evaluaron en Olivos, ambos caminos conducen a mayores conflictos y mayores costos políticos y económicos.
La amenaza explícita del gobierno español de represalias contra la Argentina si se actúa de manera hostil contra los intereses de Repsol en el país, encendió la luz de alerta en el oficialismo.
Cualquier movimiento contra la empresa tensaría y colocaría a las relaciones entre Buenos Aires y Madrid al borde de la ruptura. La administración Kirchner comprendió entonces que las negociaciones entre el Gobierno y la empresa española se habían transformado en una difícil partida de ajedrez y que habían entrado en el delicado terreno diplomático.
El borrador que hizo circular en el Congreso el sector más radicalizado del Frente para la Victoria hacia los legisladores opositores, tuvo el doble efecto de generar más ruido y enturbiar las negociaciones.
Esto generó un rápido movimiento del Poder Ejecutivo para despegarse del contenido del borrador.
Mientras tanto, los contactos entre la Casa Rosada y Repsol continúan y aunque por ahora no resultan del agrado de los funcionarios, la administración Kirchner no cuenta con mayores alternativas a las presentadas por el grupo español.
En otros términos, el plan de inversiones presentado por Antonio Brufau es la única opción que tiene a mano el Gobierno nacional para evitar mayores importaciones de combustibles.
En la reunión, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, si bien formalmente rechazó el plan presentado por Brufau, dejó las puertas abiertas para que el grupo ibérico mejore sus inversiones. Y a eso apunta la Casa Rosada.
Tanto es así como el propio ministro fue el encargado de alinear a los mandatarios más díscolos, pedirles una tregua y tratar de encauzar las aguas en el kirchnerismo antes de que el conflicto con Repsol se traslade al terreno diplomático.
Julio de Vido ordenó a los gobernadores de Santa Cruz, Chubut y Neuquén aplacar las decisiones sobre la reversión de las áreas productivas mientras las negociaciones con Repsol no hayan concluido.
El funcionario trató de explicarles a los mandatarios que este no era el momento de emprender ningún movimiento que ponga en peligro la producción de petróleo y gas en el país. Más tarde, la Presidenta fue en el mismo sentido durante el cónclave en Balcarce 50. De Vido les sugirió que si quieren avanzar con la reversión de algunas áreas, que sean las marginales de baja productividad y que no afecten a los campos petroleros más fructíferos.
La negociación entre el gobierno y Repsol parece reencaminarse. Rawson, Río Gallegos y Neuquén quedaron aislados en el quite de áreas productivas y a merced de las consecuencias jurídicas que se deriven de esas decisiones cuando la empresa reclame sus derechos en los tribunales.
El globo de ensayo lanzado por el Frente para la Victoria (FPV) en el Congreso, haciendo circular un ficticio proyecto de ley para la expropiación de la petrolera y en el que se incluían normas para la comercialización de combustibles y de gas en el país, provocó mayor confusión en las filas del oficialismo.
Tal como se había anticipado desde estas mismas líneas hace una semana, el proyecto de "apropiación" de YPF choca con obstáculos demasiados grandes como para que la endeble administración Kirchner pueda sortearlos.
Ni una oferta hostil y menos aún una estatización o expropiación de la compañía resultan vías factibles. Al menos por ahora. De acuerdo con los análisis que se evaluaron en Olivos, ambos caminos conducen a mayores conflictos y mayores costos políticos y económicos.
La amenaza explícita del gobierno español de represalias contra la Argentina si se actúa de manera hostil contra los intereses de Repsol en el país, encendió la luz de alerta en el oficialismo.
Cualquier movimiento contra la empresa tensaría y colocaría a las relaciones entre Buenos Aires y Madrid al borde de la ruptura. La administración Kirchner comprendió entonces que las negociaciones entre el Gobierno y la empresa española se habían transformado en una difícil partida de ajedrez y que habían entrado en el delicado terreno diplomático.
El borrador que hizo circular en el Congreso el sector más radicalizado del Frente para la Victoria hacia los legisladores opositores, tuvo el doble efecto de generar más ruido y enturbiar las negociaciones.
Esto generó un rápido movimiento del Poder Ejecutivo para despegarse del contenido del borrador.
Mientras tanto, los contactos entre la Casa Rosada y Repsol continúan y aunque por ahora no resultan del agrado de los funcionarios, la administración Kirchner no cuenta con mayores alternativas a las presentadas por el grupo español.
En otros términos, el plan de inversiones presentado por Antonio Brufau es la única opción que tiene a mano el Gobierno nacional para evitar mayores importaciones de combustibles.
En la reunión, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, si bien formalmente rechazó el plan presentado por Brufau, dejó las puertas abiertas para que el grupo ibérico mejore sus inversiones. Y a eso apunta la Casa Rosada.
Tanto es así como el propio ministro fue el encargado de alinear a los mandatarios más díscolos, pedirles una tregua y tratar de encauzar las aguas en el kirchnerismo antes de que el conflicto con Repsol se traslade al terreno diplomático.
Julio de Vido ordenó a los gobernadores de Santa Cruz, Chubut y Neuquén aplacar las decisiones sobre la reversión de las áreas productivas mientras las negociaciones con Repsol no hayan concluido.
El funcionario trató de explicarles a los mandatarios que este no era el momento de emprender ningún movimiento que ponga en peligro la producción de petróleo y gas en el país. Más tarde, la Presidenta fue en el mismo sentido durante el cónclave en Balcarce 50. De Vido les sugirió que si quieren avanzar con la reversión de algunas áreas, que sean las marginales de baja productividad y que no afecten a los campos petroleros más fructíferos.
La negociación entre el gobierno y Repsol parece reencaminarse. Rawson, Río Gallegos y Neuquén quedaron aislados en el quite de áreas productivas y a merced de las consecuencias jurídicas que se deriven de esas decisiones cuando la empresa reclame sus derechos en los tribunales.
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