Con desconfianza, sorpresa y estupor. Así se recibió en la Casa de Gobierno la información de que mediante una página de Internet (www.lossosas.com) se ofrece invertir en un proyecto turístico, urbano y forestal en la entrada a los Valles Calchaquíes. Dentro de las 14.000 hectáreas -entre los departamentos Monteros y Tafí del Valle- se levanta gran parte del cerro Ñuñorco y corre un sector del caudaloso río Los Sosa. Además, hay un campamento de la Dirección Provincial de Vialidad. Sin embargo, eso no fue lo que más alarmó al Poder Ejecutivo, sino que al menos 5.000 hectáreas comprenderían terrenos fiscales. De hecho, la Dirección de Catastro trabaja para determinar específicamente cuáles son las tierras del Estado.
La zona en cuestión se encuentran involucrada en un largo proceso sucesorio entre los herederos del primer ocupante. Al menos siete grandes familias, descendientes de don Anacleto Sosa, se disputan la propiedad. Un grupo de ellos inició en 2009 una demanda de prescripción adquisitiva para quedarse con la zona y, eventualmente, poder venderla. En dicha presentación demandaron a la Provincia. Hace algunos días, salió publicada en el Boletín Oficial.
Si bien aún no fue notificada, la Fiscalía de Estado ya efectuó un planteo espontáneo en la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un incidente de caducidad de instancia. Según fuentes oficiales, en ese planteo de perención afirman que la parte actora (los descendientes) dejó vencer términos legal sin "mover el expediente". Por lo tanto, la Corte podría declarar la caducidad de instancia y caer el juicio.
Autoridades provinciales habían advertido que podría tratarse de una estafa o de un engaño, dado que en la zona hay una reserva natural y están prohibidas las actividades forestales.
La zona en cuestión se encuentran involucrada en un largo proceso sucesorio entre los herederos del primer ocupante. Al menos siete grandes familias, descendientes de don Anacleto Sosa, se disputan la propiedad. Un grupo de ellos inició en 2009 una demanda de prescripción adquisitiva para quedarse con la zona y, eventualmente, poder venderla. En dicha presentación demandaron a la Provincia. Hace algunos días, salió publicada en el Boletín Oficial.
Si bien aún no fue notificada, la Fiscalía de Estado ya efectuó un planteo espontáneo en la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un incidente de caducidad de instancia. Según fuentes oficiales, en ese planteo de perención afirman que la parte actora (los descendientes) dejó vencer términos legal sin "mover el expediente". Por lo tanto, la Corte podría declarar la caducidad de instancia y caer el juicio.
Autoridades provinciales habían advertido que podría tratarse de una estafa o de un engaño, dado que en la zona hay una reserva natural y están prohibidas las actividades forestales.





