Contradicciones, ¿o hipocresía?

Unos hablan de un 34%; otros, de un 20%. Pero todos están lejos del 100% dado a los senadores y diputados nacionales, a años luz del 170% concedido a los concejales del interior y ni siquiera cerca del 54% con el que los legisladores provinciales cerraron 2011. El Gobierno comenzó las paritarias salariales de este año sin contratiempos: las clases comenzarán hoy en todas las escuelas y colegios. Pero nada de eso le garantiza que los próximos meses serán tan sencillos como el febrero que acaba de despedirse.

El Frente Gremial Docente, que integran ATEP (primarios), AMET (técnicos) y APEM (medios) aceptó una oferta de incremento que sepulta las aspiraciones del resto de las organizaciones sindicales: un 20% de aumento en el salario de bolsillo -ese que realmente importa en la vida cotidiana- pero escalonado en siete meses. Es decir, en el mejor de los casos, cuando finalice septiembre, un maestro de grado que recién se inicia pasará de cobrar $ 2.760 a $ 3.400, en mano. El aumento real, entonces, es de apenas $ 640 para el cargo testigo: menos de $ 100 por mes, si se tiene en cuenta que el convenio va de marzo a septiembre.

Eso sí, los dirigentes que rubricaron sonrientes el acuerdo se jactan de que lo importante es que toda la suba se incorpora al sueldo en blanco. Y se vanaglorian porque, de esa manera, el básico habrá crecido en septiembre un 34%. ¿Por qué, entonces, el Gobierno se esmera para que este porcentaje no trascienda? El temor, susurran en la Casa de Gobierno, es evitar ruidos en la comunicación con la Casa Rosada. Si esa cifra es el título de los medios, que en cualquier otra ocasión les encantaría leer a las autoridades, la Provincia no estaría alineada a las pretensiones nacionales: la orden es que la pauta de aumento en los salarios no supere el 23% o el 25%.

¿Cómo tomaron los demás gremios estatales el acuerdo docente? La primera reacción fue de desazón. Si las paritarias con los educadores serán el espejo en el que mirarse, la negociación será más dura de lo previsto. En el alperovichismo sostienen que el gobernador está preocupado por la caída en la recaudación. Pero ese argumento hoy suena a lamento, porque en la web de la Dirección de Rentas, la comparación entre lo recaudado en enero de 2011 y enero de 2012 arroja un aumento del 27,7%. Indudablemente, el Gobierno intenta crear un clima propicio para bajar el copete de la dirigencia antes de sentarse a negociar. ¿Lo logrará? Quizá encuentre mayor predisposición en los sindicatos dialoguistas (ATE, UPCN y ATSA, por ejemplo), pero difícilmente la halle en los sectores de estatales más desburocratizados: los médicos y trabajadores de hospitales autoconvocados y los miles de policías que ingresaron en los últimos años a la fuerza.

Ese es el punto débil del alperovichismo. Porque el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, suele manejar con soltura la relación con los gremios históricos. A sus dirigentes conoce demasiado y hasta compartió actos con ellos. Pero la realidad es otra con los emergentes de la crisis gremial. En los últimos tres años, la atención en los hospitales se resintió durante varios meses por el paro de los autoconvocados. El año pasado, la provincia quedó a merced de los delincuentes durante semanas por el acuartelamiento de cientos de policías. ¿Qué hace pensar que los próximos meses vayan a ser diferentes? La excusa de que el Estado hoy no tiene dinero no es convincente. Principalmente, porque ni en el Gobierno se la creen. O al menos es lo que se demuestra con los cientos de nombramientos políticos en los ministerios del Interior y de Gobierno y con haber gastado $ 130 millones en la Legislatura al estilo "ricos y famosos" que hoy pisará el propio Alperovich.

O hay contradicciones, o hay hipocresía...