Alta responsabilidad del Poder Legislativo

El Poder Legislativo ha inaugurado ayer su nueva sede, en la concurrida ceremonia sobre la que informa nuestra edición de hoy. Más allá de las críticas que se han formulado al sistema de contratación del edificio y al elevado costo que demandaron su porte y su equipamiento, no es posible negar que incorpora, al parque de locales oficiales de San Miguel de Tucumán, un exponente de verdadero relieve.

Como se sabe, el Poder Ejecutivo funciona en una Casa de Gobierno que lleva más de un siglo de erigida, y la sede del Poder Judicial se halla instalada en un edificio desde cuya construcción han pasado ya más de siete décadas. De modo que, con ese imponente centro, la Legislatura provincial se convierte en el único de los tres poderes del Estado tucumano que cuenta con una sede nueva y adecuada a todas las exigencias que la modernidad puede imaginar para una dependencia del Estado.

Todo esto, nos parece, genera también obligaciones, ya que con un palacio de esa envergadura es imposible alegar inconvenientes o incomodidades para el desarrollo de las tareas a cargo del poder que aloja. Por el contrario, la labor legislativa queda rodeada, desde ayer, de las más óptimas condiciones, desde cualquier punto de vista que se las mire.

No debe olvidarse, como Joaquín V. González lo subraya, que el Poder Legislativo está investido de "la facultad que corresponde primitivamente al pueblo, dueño de la soberanía originaria para hacer las leyes". Así, su poder es "el más directamente derivado del pueblo mismo, cuya soberanía ejercita más de cerca y en sentido más estricto". Tiene en principio la totalidad de ese poder, aunque el sistema de frenos y balanzas lo limite, estableciendo que las leyes no son tales sin la aprobación del Poder Ejecutivo, que las promulga y que tiene la facultad de vetarlas. Estas referencias, no por sabidas menos necesarias de mencionar, ilustran suficientemente sobre el rol que corresponde al Poder Legislativo dentro de la estructura de nuestro sistema republicano de gobierno. Y por esta razón es explicable que la ciudadanía aguarde mucho de su Legislatura.

Con toda legitimidad, espera que sea una antena siempre sensible a los requerimientos de la comunidad, en los más disímiles terrenos. Y que esa atención se exprese en el cumplimiento cotidiano de su misión específica, que es legislar: proyectar leyes, con el debido estudio, debatirlas concienzudamente en el recinto y proceder a sancionarlas. Tal cosa es, en primera y última instancia, una Legislatura: poder del Estado cuya independencia de los restantes poderes debe ser celosamente preservada, a fin de que funcione realmente el principio democrático que los divide y los interrelaciona.

Una vez elegidos sus integrantes, deben dejarse de lado las cuestiones políticas e ideológicas, para enfocar la mirada mucho más arriba y más lejos: hacia los intereses, en extremo delicados, que el pueblo ha puesto en sus manos.

Quiere el pueblo, además, la laboriosidad de sus representantes, expresada en la asistencia perfecta a las sesiones, en el estudio profundo de los temas y la participación en los debates, con celosa atención sobre las reales necesidades públicas. De modo que la sanción sea resultado de un proceso donde se hayan sopesado, con honestidad, todos los puntos de vista, y se haya buscado armonizarlos con el propósito cierto del bien común. Tales reflexiones parecen las más adecuadas en estas circunstancias en que se instala, en un auténtico palacio, el Poder Legislativo de Tucumán.