Por Redacción Política
20 Enero 2012
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El miércoles fue el turno de la Federación Económica de Tucumán (FET). Hoy, hará lo propio el grupo de organizaciones de profesionales, empresarios y comerciantes, encabezado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económica de Tucumán (Cgcet). Aunque con criterios e improntas distintas, las instituciones cuestionan puntos recientemente reformados del Código Tributario (CT), al considerar que su aplicación generará mayor presión fiscal en la provincia y que algunos de sus artículos contienen errores técnicos.
El sector que más duramente cuestiona la normativa fiscal se presentará, a las 11, en la puerta de la Casa de Gobierno para ingresar por mesa de entrada el documento crítico dirigido al gobernador, José Alperovich (no se encuentra en la provincia porque está de vacaciones).
El equipo que efectuó el análisis técnico de las nuevas disposiciones estuvo conformado por representantes del Cgcet, de la Federación de Profesionales Universitarios de Tucumán (Feput), de los colegios Médicos y de Abogados, de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) y del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART).
En un primer momento, también habían participado la Fundación del Tucumán y la FET. La Fundación aclaró oportunamente que acompañaría en lo técnico al grupo, pero que no firmaría el escrito. "No hubo reunión de comisión que autorizara la suscripción de ningún documento ni que cambiara de criterio sobre su postura. La Fundación, por su estatuto y por sus características, no se pronunciará sobre cuestiones políticas gubernamentales sino mediante sus publicaciones", había argumentado su titular, Jorge Malmierca a LA GACETA. Mientras que por otro lado, la FET decidió distanciarse abruptamente días antes de la presentación en sociedad de las conclusiones tras no compartir la estrategia que se llevaría adelante, según expresó luego su presidente, Raúl Robín. Según consignó, desde la organización no se consideró que un documento crítico aportara al diálogo con el Poder Ejecutivo. De hecho, la institución tiene buena relación con el Gobierno y sus referentes se reunieron ayer con el vicegobernador, Regino Amado y los ministros de Coordinación y Economía, Jorge Gassenbauer y Jorge Jiménez, respectivamente. El PE se comprometió en brindarles el miércoles una respuesta a su planteos de posibles cambios en nueve ítems.
La reforma del CT fue tan intempestiva como radical. Durante la última sesión del año (el 22 de diciembre) y con el voto del alperovichismo, la Legislatura había aprobado cambios en la ley impositiva (5.636), que determina los impuestos para las distintas actividades, y 72 modificaciones al CT, que establece los procedimientos.
El empresariado local había expresado su disconformidad por la rapidez y discreción con la que la norma llegó a la Cámara y fue aprobada una norma que impacta sobre sus actividades. Además, cuestionan el incremento de la presión fiscal que implica su vigencia (fue promulgada 24 horas después de su aprobación) y acusan que varios de sus artículos son inconstitucionales.
El documento que se entregará hoy al Gobierno advierte que hay normas que vulneran la seguridad jurídica de los contribuyentes. También se mencionará la preocupación de los profesionales ante lo que consideran es una persecución del Estado: afirman que cambia las reglas según su necesidad de zafar de los planteos y de las objeciones que se realizan a algunas normativas de Tucumán. Ante esta situación, los empresarios consideran que sus chances de accionar contra alguna normativa excesiva del Gobierno son nulas.
El sector que más duramente cuestiona la normativa fiscal se presentará, a las 11, en la puerta de la Casa de Gobierno para ingresar por mesa de entrada el documento crítico dirigido al gobernador, José Alperovich (no se encuentra en la provincia porque está de vacaciones).
El equipo que efectuó el análisis técnico de las nuevas disposiciones estuvo conformado por representantes del Cgcet, de la Federación de Profesionales Universitarios de Tucumán (Feput), de los colegios Médicos y de Abogados, de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) y del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART).
En un primer momento, también habían participado la Fundación del Tucumán y la FET. La Fundación aclaró oportunamente que acompañaría en lo técnico al grupo, pero que no firmaría el escrito. "No hubo reunión de comisión que autorizara la suscripción de ningún documento ni que cambiara de criterio sobre su postura. La Fundación, por su estatuto y por sus características, no se pronunciará sobre cuestiones políticas gubernamentales sino mediante sus publicaciones", había argumentado su titular, Jorge Malmierca a LA GACETA. Mientras que por otro lado, la FET decidió distanciarse abruptamente días antes de la presentación en sociedad de las conclusiones tras no compartir la estrategia que se llevaría adelante, según expresó luego su presidente, Raúl Robín. Según consignó, desde la organización no se consideró que un documento crítico aportara al diálogo con el Poder Ejecutivo. De hecho, la institución tiene buena relación con el Gobierno y sus referentes se reunieron ayer con el vicegobernador, Regino Amado y los ministros de Coordinación y Economía, Jorge Gassenbauer y Jorge Jiménez, respectivamente. El PE se comprometió en brindarles el miércoles una respuesta a su planteos de posibles cambios en nueve ítems.
La reforma del CT fue tan intempestiva como radical. Durante la última sesión del año (el 22 de diciembre) y con el voto del alperovichismo, la Legislatura había aprobado cambios en la ley impositiva (5.636), que determina los impuestos para las distintas actividades, y 72 modificaciones al CT, que establece los procedimientos.
El empresariado local había expresado su disconformidad por la rapidez y discreción con la que la norma llegó a la Cámara y fue aprobada una norma que impacta sobre sus actividades. Además, cuestionan el incremento de la presión fiscal que implica su vigencia (fue promulgada 24 horas después de su aprobación) y acusan que varios de sus artículos son inconstitucionales.
El documento que se entregará hoy al Gobierno advierte que hay normas que vulneran la seguridad jurídica de los contribuyentes. También se mencionará la preocupación de los profesionales ante lo que consideran es una persecución del Estado: afirman que cambia las reglas según su necesidad de zafar de los planteos y de las objeciones que se realizan a algunas normativas de Tucumán. Ante esta situación, los empresarios consideran que sus chances de accionar contra alguna normativa excesiva del Gobierno son nulas.
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