03 Noviembre 2011 Seguir en 
Por Jorge Colina - Economista jefe de Idesa
El anuncio del Gobierno nacional respecto de quitar ciertos subsidios a algunos actores económicos del país puede ser interpretado como un reconocimiento de que los subsidios es un problema que debe ser atendido ya, con el fin de que no siga creciendo.
Comienza, al parecer, con algo marginal (bancos y juegos de azar, entre otros), pero es indudable que los pasos siguientes estarán relacionados con los consumos residenciales. Aún no es claro cómo continuará esta política anunciada por la Nación.
El camino que puede llegar a seguir el Gobierno es el ajuste en las tarifas, que no debe ser asociada con un tarifazo ni a incrementos abruptos. Podría pensarse en un esquema progresivo para los próximos dos o tres años en la medida que se vayan ajustando los costos en las empresas, debido al encarecimiento de la energía y del transporte. Seguramente eso llevará a trasladarse paulatinamente a las tarifas finales.
No hay dudas de que hacía falta una reducción del nivel de los subsidios. Creo que el Gobierno nacional planteará un escenario en el que no necesariamente implique un aumento abrupto que golpee tanto a la economía hogareña.
Todo estos tipos de ajustes apuntarán, a la larga, a brindarle sustentabilidad a la producción de energía y al transporte. El esquema ideal es que los costos de los servicios públicos se financien con las tarifas. Y eso, naturalmente, es abonado por los consumidores o por los usuarios.
Lo que sí debe tomar en cuenta la administración de la presidenta Cristina Fernández es que esos mayores costos tarifarios impacten con fuerza en los hogares más pobres. En este aspecto, es fundamental que se conserve el sistema de tarifas sociales para los sectores más vulnerables.
En el escenario actual de la economía argentina, tener una inflación elevada sin ajustar las tarifas de los servicios públicos privatizados es agravar más el problema, porque en el largo plazo, el retraso tarifario será mayor.
El anuncio del Gobierno nacional respecto de quitar ciertos subsidios a algunos actores económicos del país puede ser interpretado como un reconocimiento de que los subsidios es un problema que debe ser atendido ya, con el fin de que no siga creciendo.
Comienza, al parecer, con algo marginal (bancos y juegos de azar, entre otros), pero es indudable que los pasos siguientes estarán relacionados con los consumos residenciales. Aún no es claro cómo continuará esta política anunciada por la Nación.
El camino que puede llegar a seguir el Gobierno es el ajuste en las tarifas, que no debe ser asociada con un tarifazo ni a incrementos abruptos. Podría pensarse en un esquema progresivo para los próximos dos o tres años en la medida que se vayan ajustando los costos en las empresas, debido al encarecimiento de la energía y del transporte. Seguramente eso llevará a trasladarse paulatinamente a las tarifas finales.
No hay dudas de que hacía falta una reducción del nivel de los subsidios. Creo que el Gobierno nacional planteará un escenario en el que no necesariamente implique un aumento abrupto que golpee tanto a la economía hogareña.
Todo estos tipos de ajustes apuntarán, a la larga, a brindarle sustentabilidad a la producción de energía y al transporte. El esquema ideal es que los costos de los servicios públicos se financien con las tarifas. Y eso, naturalmente, es abonado por los consumidores o por los usuarios.
Lo que sí debe tomar en cuenta la administración de la presidenta Cristina Fernández es que esos mayores costos tarifarios impacten con fuerza en los hogares más pobres. En este aspecto, es fundamental que se conserve el sistema de tarifas sociales para los sectores más vulnerables.
En el escenario actual de la economía argentina, tener una inflación elevada sin ajustar las tarifas de los servicios públicos privatizados es agravar más el problema, porque en el largo plazo, el retraso tarifario será mayor.
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