BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional respaldó ayer la actuación de la Policía Federal en la causa de la quema de trenes que derivó en la detención del sindicalista ferroviario Rubén Sobrero, en contraposición con el criterio de la Justicia, que separó a esos efectivos de la investigación por considerar que habían tenido una intervención "poco feliz" y los reemplazó por agentes de inteligencia.
La encargada de fijar la posición del Gobierno fue la ministra de Seguridad, Nilda Garré, durante un acto en el que estuvo con la cúpula de la Federal, encabezada por el jefe de la fuerza, comisario Enrique Capdevila. Garré dio su aval al ser consultada sobre la causa de los trenes en una breve rueda de prensa, luego de que anunció la incorporación de más agentes federales a la seguridad del área metropolitana.
"Es una facultad del juez. No cabe ninguna reflexión", dijo Garré. "Estimamos que el desempeño de la Federal fue correcto, que aportó elementos de investigación importantes en la causa", añadió.
Sin embargo, a la hora de evaluar la separación de la fuerza de la investigación, dispuesta por el juez Juan Manuel Yalj, Garré minimizó el apartamiento de la Federal y la convocatoria a la Secretaria de Inteligencia, que depende de la Presidencia: "el juez puede necesitar más cosas", apuntó.
El miércoles, Yalj apartó de la causa a la Policía Federal tras calificar de "poco felices" sus tareas y la reemplazó por agentes de la ex SIDE. Las falencias quedaron expuestas tras la detención de Sobrero, líder de un sector opositor de la Unión Ferroviaria, y del ex vocero de esa fracción, Leonardo Portorreal, hace una semana.
En ese momento, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había salido a subrayar la cantidad de "elementos contundentes" supuestamente existentes en la causa. Sin embargo, tras las indagatorias de los sospechosos, el fiscal Jorge Sica advirtió sobre la "endeblez probatoria que existe en la causa" y recomendó las excarcelaciones.
Es que, explicó, por ejemplo los agentes de la Federal se confundieron de persona a la hora de arrestar a quien aparecía en imágenes incendiando vagones, a la vez que le adjudicaron a Portorreal ser el tal "Leo" que habría ofrecido plata a un indigente, pese a que no coincidía con la descripción física.
Más allá de los cuestionamientos a la investigación, el juez Yalj aceptó como querellante a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), y por el otro postergó una rueda de reconocimiento a pedido de la defensa de Sobrero.
Crítica de la CGT
Sobre el tema, el diputado oficialista y asesor de la CGT, Héctor Recalde, remarcó que "hay algunos jueces que son muy lerdos con los represores y muy duros con los trabajadores". Agregó que de esa forma sólo actúan "algunos jueces" y no todo el Poder Judicial, pero advirtió que se deben revertir prácticas de décadas entre los magistrados. El titular de la CGT, Hugo Moyano, había opinado que Sobrero fue víctima de "una maniobra". (DyN-NA)
La encargada de fijar la posición del Gobierno fue la ministra de Seguridad, Nilda Garré, durante un acto en el que estuvo con la cúpula de la Federal, encabezada por el jefe de la fuerza, comisario Enrique Capdevila. Garré dio su aval al ser consultada sobre la causa de los trenes en una breve rueda de prensa, luego de que anunció la incorporación de más agentes federales a la seguridad del área metropolitana.
"Es una facultad del juez. No cabe ninguna reflexión", dijo Garré. "Estimamos que el desempeño de la Federal fue correcto, que aportó elementos de investigación importantes en la causa", añadió.
Sin embargo, a la hora de evaluar la separación de la fuerza de la investigación, dispuesta por el juez Juan Manuel Yalj, Garré minimizó el apartamiento de la Federal y la convocatoria a la Secretaria de Inteligencia, que depende de la Presidencia: "el juez puede necesitar más cosas", apuntó.
El miércoles, Yalj apartó de la causa a la Policía Federal tras calificar de "poco felices" sus tareas y la reemplazó por agentes de la ex SIDE. Las falencias quedaron expuestas tras la detención de Sobrero, líder de un sector opositor de la Unión Ferroviaria, y del ex vocero de esa fracción, Leonardo Portorreal, hace una semana.
En ese momento, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había salido a subrayar la cantidad de "elementos contundentes" supuestamente existentes en la causa. Sin embargo, tras las indagatorias de los sospechosos, el fiscal Jorge Sica advirtió sobre la "endeblez probatoria que existe en la causa" y recomendó las excarcelaciones.
Es que, explicó, por ejemplo los agentes de la Federal se confundieron de persona a la hora de arrestar a quien aparecía en imágenes incendiando vagones, a la vez que le adjudicaron a Portorreal ser el tal "Leo" que habría ofrecido plata a un indigente, pese a que no coincidía con la descripción física.
Más allá de los cuestionamientos a la investigación, el juez Yalj aceptó como querellante a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), y por el otro postergó una rueda de reconocimiento a pedido de la defensa de Sobrero.
Crítica de la CGT
Sobre el tema, el diputado oficialista y asesor de la CGT, Héctor Recalde, remarcó que "hay algunos jueces que son muy lerdos con los represores y muy duros con los trabajadores". Agregó que de esa forma sólo actúan "algunos jueces" y no todo el Poder Judicial, pero advirtió que se deben revertir prácticas de décadas entre los magistrados. El titular de la CGT, Hugo Moyano, había opinado que Sobrero fue víctima de "una maniobra". (DyN-NA)
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