Por Gilda Pedicone de Valls
Doctora en Derecho
Si bien los partidos políticos populares contaron desde sus inicios, entre finales del siglo XIX y mediados del XX, con una cierta participación femenina, recién durante los años ochenta observamos la irrupción de las mujeres en la vida político-partidaria. Estereotipos, discriminación, fueron algunas de la causas por las que el ámbito de la política se configuró históricamente sobre un modelo donde los valores y prácticas de los asuntos públicos eran propios del mundo masculino. A fines de la década del 80 se comenzó a gestar la incorporación forzosa de la mujer al poder público, a través del mecanismo de la "cuota de género", más conocida como cupo femenino.
Hoy existen en la Argentina diversas disposiciones de rango constitucional y legal que aseguran la necesaria participación de las mujeres en la política, en particular en el ámbito parlamentario. Los resultados de la aplicación del cupo (ley 24.012/91) están a la vista: en 1991, 14 mujeres conformaban la Cámara de Diputados y solo cuatro senadoras la Cámara Alta. Hoy las diputadas llegan al 40% y las senadoras al 36% En 1999, de las 45 comisiones existentes, diez estaban presididas por mujeres. Hoy son 19.
A partir de la ley se aprobaron iniciativas importantes: incorporación de las amas de casa al sistema de pensiones y jubilaciones; ley que reconoce la pensión al cónyuge sobreviviente aunque la pareja no esté legalmente casada ;ley que impide despido por cuestiones de sexo u orientación sexual; supresión del delito de adulterio del Código Penal, aprobación en el Congreso del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Trata de personas, de Violencia de género, de Ligazón de trompas y vasectomía.
Hoy se debaten proyectos de leyes modificatorios del régimen de adopción y leyes de protección al niño por nacer, que es la contracara de la despenalización del aborto. El simple hecho de pertenecer al sexo femenino no garantiza per se, compromiso de género ni solidaridad en la tarea a realizar. Tal es el caso de algunas mujeres que cuanto más cerca están del poder, más rápido parecen olvidar sus propias reivindicaciones de género. También resulta claro que la Ley de Cupo es sólo un medio: se concibió como un medio para posibilitar la concreción de objetivos ulteriores y nunca como un fin en sí misma. Por eso, hay que reconocer que pese a las críticas, la implementación del nuevo sistema significó un aumento efectivo de mujeres en el Congreso, que de otro modo dudosamente se hubiera alcanzado.
La historia de la democracia y de los derechos humanos es la historia de las sucesivas ampliaciones de la ciudadanía, de incluir a quienes se encuentran en las márgenes del sistema, de ampliar las voces e intereses de quienes participan en el debate público. Garantizar la presencia de todas las voces en el debate público y los procesos y prácticas políticas implica no una representación más verdadera, sino una democracia más verdadera. En este contexto y aunque los números para participar e incidir activamente en la política se han incrementado, los desafíos de la mujer en la Argentina son aún enormes. La ecuación es simple:más derechos, más obligaciones.
Doctora en Derecho
Si bien los partidos políticos populares contaron desde sus inicios, entre finales del siglo XIX y mediados del XX, con una cierta participación femenina, recién durante los años ochenta observamos la irrupción de las mujeres en la vida político-partidaria. Estereotipos, discriminación, fueron algunas de la causas por las que el ámbito de la política se configuró históricamente sobre un modelo donde los valores y prácticas de los asuntos públicos eran propios del mundo masculino. A fines de la década del 80 se comenzó a gestar la incorporación forzosa de la mujer al poder público, a través del mecanismo de la "cuota de género", más conocida como cupo femenino.
Hoy existen en la Argentina diversas disposiciones de rango constitucional y legal que aseguran la necesaria participación de las mujeres en la política, en particular en el ámbito parlamentario. Los resultados de la aplicación del cupo (ley 24.012/91) están a la vista: en 1991, 14 mujeres conformaban la Cámara de Diputados y solo cuatro senadoras la Cámara Alta. Hoy las diputadas llegan al 40% y las senadoras al 36% En 1999, de las 45 comisiones existentes, diez estaban presididas por mujeres. Hoy son 19.
A partir de la ley se aprobaron iniciativas importantes: incorporación de las amas de casa al sistema de pensiones y jubilaciones; ley que reconoce la pensión al cónyuge sobreviviente aunque la pareja no esté legalmente casada ;ley que impide despido por cuestiones de sexo u orientación sexual; supresión del delito de adulterio del Código Penal, aprobación en el Congreso del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Trata de personas, de Violencia de género, de Ligazón de trompas y vasectomía.
Hoy se debaten proyectos de leyes modificatorios del régimen de adopción y leyes de protección al niño por nacer, que es la contracara de la despenalización del aborto. El simple hecho de pertenecer al sexo femenino no garantiza per se, compromiso de género ni solidaridad en la tarea a realizar. Tal es el caso de algunas mujeres que cuanto más cerca están del poder, más rápido parecen olvidar sus propias reivindicaciones de género. También resulta claro que la Ley de Cupo es sólo un medio: se concibió como un medio para posibilitar la concreción de objetivos ulteriores y nunca como un fin en sí misma. Por eso, hay que reconocer que pese a las críticas, la implementación del nuevo sistema significó un aumento efectivo de mujeres en el Congreso, que de otro modo dudosamente se hubiera alcanzado.
La historia de la democracia y de los derechos humanos es la historia de las sucesivas ampliaciones de la ciudadanía, de incluir a quienes se encuentran en las márgenes del sistema, de ampliar las voces e intereses de quienes participan en el debate público. Garantizar la presencia de todas las voces en el debate público y los procesos y prácticas políticas implica no una representación más verdadera, sino una democracia más verdadera. En este contexto y aunque los números para participar e incidir activamente en la política se han incrementado, los desafíos de la mujer en la Argentina son aún enormes. La ecuación es simple:más derechos, más obligaciones.
NOTICIAS RELACIONADAS








