Por Redacción Política
31 Julio 2011
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Arrecia nuevamente el ataque de políticos, periodistas, operadores políticos y candidatos contra las encuestas electorales, replanteando viejas y recurrentes cuestiones comunes, por otra parte a la mayoría de los países democráticos.
¿Influyen las encuestas sobre el comportamiento electoral? A más de 60 años de sus comienzos como técnica privilegiada de pronóstico social, la pregunta continúa suscitando un fuerte debate público. Las opiniones se dividen.
Por un lado, quienes conciben a los sondeos como una expresión actual del ideal de la democracia directa, sin las mediaciones e interferencias de los canales formales de representación -partidos, instituciones o liderazgos? vox populi vox dei-.
Por otro lado, quienes desde la célebre carta de Edmund Burke al pueblo de Bristol hasta nuestros días sueñan con el ideal republicano de la democracia representativa y el control a través de los partidos de los supuestos efectos perversos de una Volonté général, librada a sus reacciones instintivas.
En el centro, cabe apreciar a una amplia mayoría de posiciones más realistas, para las que la cuestión debe resolverse desde una perspectiva de mayor equilibrio.
Como en muchos otros de sus aspectos centrales, la reciente Ley de De democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral (Nº 26.571) significa un claro retroceso, al establecer en su artículo 44 quater que ocho días antes de las elecciones generales, ningún medio de comunicación, ya sean éstos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet, u otros, podrá publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse a sus datos. El afán regulatorio llega a prohibir a los medios hasta la mera referencia a datos de opinión pública. Un verdadero "invento argentino" sin precedentes en la legislación comparada.
En efecto, luego de una moda regulatoria hacia los años 80 y principios de los 90, la mayoría de los países democráticos están de vuelta de una pretensión elaborada en su tiempo desde algunos ambientes académicos, todavía activos en muchas de las ONG con influencia sobre los partidos, interesados permanentes en preservar su monopolio de la representación y la construcción de lo que hoy llaman "el relato" de la política. Sin embargo, la tendencia regulatoria es claramente dominante.
En la mayoría de los países a imitar en materia de instituciones políticas no existen limitaciones temporales para la publicación de encuestas electorales. Tal es el caso por ejemplo de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Portugal (prohibido sólo el día anterior), Reino Unido y Suecia. Excepciones aisladas como la de España (5 días) han inspirado a varios países latinoamericanos (Ecuador, Venezuela, México, El Salvador, Panamá), aunque en ninguno de ellos se ha avanzado como en el caso argentino. Directivas expresas de la Unión Europea o decisiones judiciales y administrativas, como la del Consejo de Estado en Francia, han desmontado en los últimos diez años la mayor parte de los baluartes de las posiciones regulatorias, en nombre de derechos y libertades fundamentales en materia de libertad de prensa y derecho a la información.
Las razones a favor de la desregulación son claras y sólo pueden ser ignoradas desde visiones ultra partidocráticas, empeñadas en negar los avances de la sociedad civil en la defensa del más pleno acceso a la libertad de información.
En el caso argentino, los pactos entre los dos grandes partidos históricos que alumbraron la reciente reforma incluyeron la prohibición, dentro de su intento de devolver a los partidos mayoritarios el monopolio de la representación, la nominación de candidatos, la formulación de ofertas electorales, la disposición de los espacios mediáticos, el control de las campañas y del financiamiento de la política.
Las consecuencias perversas de la prohibición sobre la calidad del proceso electoral vienen inspirando en todo el mundo esta reversión de las tendencias comparadas, en favor de una liberalización creciente. Está muy claro que, dentro del plazo de prohibición, las encuestas sólo resultan accesibles a minorías con recursos que les permiten el monopolio exclusivo y excluyente de información estratégica que se sustrae así a la opinión pública. Los gobiernos y a lo sumo los grandes partidos discriminan así al resto de las fuerzas políticas, a la prensa, a quienes deben tomar decisiones públicas y privadas y, sobre todo, al ciudadano medio, sometido a la manipulación informativa de las campañas.
En este vacío informativo, se multiplican las operaciones mediáticas, las campañas de rumores y se pierde toda capacidad de juzgar a las encuestas por su desempeño y resultados concretos el día de la elección. Hasta ocho días antes, decenas de consultoras trafican información, con la seguridad de que el plazo de prohibición impedirá el juicio final de la opinión sobre la calidad y precisión de sus informaciones. La situación en estos días del electorado cordobés, cautivo también de una reforma del 2008, retrógrada en este y muchos otros aspectos, anticipa lo que seguramente ocurrirá el 14 de agosto y el 23 de octubre en Córdoba.
¿Por qué, entonces, además de prohibir el mensaje, matar al mensajero? ¿Por qué el ataque actual, ad hominem, a las consultoras y profesionales? En el caso concreto de estas elecciones presidenciales, la respuesta es simple. Para invalidar, a través de su deslegitimación social, el pronóstico actual de la elección presidencial de octubre. Desde la oposición, algunos candidatos empeñados en diluir la idea de que la Presidenta gana en primera vuelta; desde el oficialismo, algunos operadores, a los que les convendría que no haya posibilidad de verificación alguna de eventuales retrocesos, impulsados por los triunfos distritales de la oposición. Unos y otros querrían superar el estado febril que los aqueja mediante la simple destrucción de todos los termómetros. Pensar que un mejoramiento de la calidad de nuestra vida institucional puede venir de la mano de la supresión de las encuestas preelectorales equivale a querer garantizar el éxito y felicidad futura de un matrimonio de dudoso pronóstico mediante el expediente irracional de dejar fuera a los fotógrafos.
La buena noticia es que la gente sabe bien que la democracia reposa sobre la soberanía de las opiniones de los ciudadanos y que las encuestas son una vía privilegiada, aunque no la única, para acceder a ellas. Es por ello que, como en todas las democracias que funcionan, una medida cierta del nivel de calidad institucional es que el mensajero siga gozando de muy buena salud.
¿Influyen las encuestas sobre el comportamiento electoral? A más de 60 años de sus comienzos como técnica privilegiada de pronóstico social, la pregunta continúa suscitando un fuerte debate público. Las opiniones se dividen.
Por un lado, quienes conciben a los sondeos como una expresión actual del ideal de la democracia directa, sin las mediaciones e interferencias de los canales formales de representación -partidos, instituciones o liderazgos? vox populi vox dei-.
Por otro lado, quienes desde la célebre carta de Edmund Burke al pueblo de Bristol hasta nuestros días sueñan con el ideal republicano de la democracia representativa y el control a través de los partidos de los supuestos efectos perversos de una Volonté général, librada a sus reacciones instintivas.
En el centro, cabe apreciar a una amplia mayoría de posiciones más realistas, para las que la cuestión debe resolverse desde una perspectiva de mayor equilibrio.
Como en muchos otros de sus aspectos centrales, la reciente Ley de De democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral (Nº 26.571) significa un claro retroceso, al establecer en su artículo 44 quater que ocho días antes de las elecciones generales, ningún medio de comunicación, ya sean éstos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, Internet, u otros, podrá publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse a sus datos. El afán regulatorio llega a prohibir a los medios hasta la mera referencia a datos de opinión pública. Un verdadero "invento argentino" sin precedentes en la legislación comparada.
En efecto, luego de una moda regulatoria hacia los años 80 y principios de los 90, la mayoría de los países democráticos están de vuelta de una pretensión elaborada en su tiempo desde algunos ambientes académicos, todavía activos en muchas de las ONG con influencia sobre los partidos, interesados permanentes en preservar su monopolio de la representación y la construcción de lo que hoy llaman "el relato" de la política. Sin embargo, la tendencia regulatoria es claramente dominante.
En la mayoría de los países a imitar en materia de instituciones políticas no existen limitaciones temporales para la publicación de encuestas electorales. Tal es el caso por ejemplo de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Portugal (prohibido sólo el día anterior), Reino Unido y Suecia. Excepciones aisladas como la de España (5 días) han inspirado a varios países latinoamericanos (Ecuador, Venezuela, México, El Salvador, Panamá), aunque en ninguno de ellos se ha avanzado como en el caso argentino. Directivas expresas de la Unión Europea o decisiones judiciales y administrativas, como la del Consejo de Estado en Francia, han desmontado en los últimos diez años la mayor parte de los baluartes de las posiciones regulatorias, en nombre de derechos y libertades fundamentales en materia de libertad de prensa y derecho a la información.
Las razones a favor de la desregulación son claras y sólo pueden ser ignoradas desde visiones ultra partidocráticas, empeñadas en negar los avances de la sociedad civil en la defensa del más pleno acceso a la libertad de información.
En el caso argentino, los pactos entre los dos grandes partidos históricos que alumbraron la reciente reforma incluyeron la prohibición, dentro de su intento de devolver a los partidos mayoritarios el monopolio de la representación, la nominación de candidatos, la formulación de ofertas electorales, la disposición de los espacios mediáticos, el control de las campañas y del financiamiento de la política.
Las consecuencias perversas de la prohibición sobre la calidad del proceso electoral vienen inspirando en todo el mundo esta reversión de las tendencias comparadas, en favor de una liberalización creciente. Está muy claro que, dentro del plazo de prohibición, las encuestas sólo resultan accesibles a minorías con recursos que les permiten el monopolio exclusivo y excluyente de información estratégica que se sustrae así a la opinión pública. Los gobiernos y a lo sumo los grandes partidos discriminan así al resto de las fuerzas políticas, a la prensa, a quienes deben tomar decisiones públicas y privadas y, sobre todo, al ciudadano medio, sometido a la manipulación informativa de las campañas.
En este vacío informativo, se multiplican las operaciones mediáticas, las campañas de rumores y se pierde toda capacidad de juzgar a las encuestas por su desempeño y resultados concretos el día de la elección. Hasta ocho días antes, decenas de consultoras trafican información, con la seguridad de que el plazo de prohibición impedirá el juicio final de la opinión sobre la calidad y precisión de sus informaciones. La situación en estos días del electorado cordobés, cautivo también de una reforma del 2008, retrógrada en este y muchos otros aspectos, anticipa lo que seguramente ocurrirá el 14 de agosto y el 23 de octubre en Córdoba.
¿Por qué, entonces, además de prohibir el mensaje, matar al mensajero? ¿Por qué el ataque actual, ad hominem, a las consultoras y profesionales? En el caso concreto de estas elecciones presidenciales, la respuesta es simple. Para invalidar, a través de su deslegitimación social, el pronóstico actual de la elección presidencial de octubre. Desde la oposición, algunos candidatos empeñados en diluir la idea de que la Presidenta gana en primera vuelta; desde el oficialismo, algunos operadores, a los que les convendría que no haya posibilidad de verificación alguna de eventuales retrocesos, impulsados por los triunfos distritales de la oposición. Unos y otros querrían superar el estado febril que los aqueja mediante la simple destrucción de todos los termómetros. Pensar que un mejoramiento de la calidad de nuestra vida institucional puede venir de la mano de la supresión de las encuestas preelectorales equivale a querer garantizar el éxito y felicidad futura de un matrimonio de dudoso pronóstico mediante el expediente irracional de dejar fuera a los fotógrafos.
La buena noticia es que la gente sabe bien que la democracia reposa sobre la soberanía de las opiniones de los ciudadanos y que las encuestas son una vía privilegiada, aunque no la única, para acceder a ellas. Es por ello que, como en todas las democracias que funcionan, una medida cierta del nivel de calidad institucional es que el mensajero siga gozando de muy buena salud.
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