La falta de laboratorio demora el accionar judicial
Obtener el perfil genético de una persona demora 24 horas, pero como las muestras se envían a Buenos Aires, los resultados tardan 21 días. Un equipo cuesta unos U$S 250.000. Para los defensores, es muy difícil rebatir estas pruebas. La ruptura con el Proimi.
03 Julio 2011 Seguir en 
Rastros de sangre, un pelo o una pequeña cantidad de saliva pueden ser la prueba contundente que permita esclarecer un crimen, una violación e incluso un robo. Sin embargo, la provincia no cuenta con un organismo oficial donde se realicen análisis de ADN. Por eso, las muestras son remitidas a Buenos Aires, donde se realizan estos complejos estudios. "Los resultados llegan en unas tres semanas, en promedio. Hay casos en los que se pide un trámite sumarísimo, pero son los menos. Y, en esas situaciones, demoran una semana", dijo la subdirectora de Policía Científica, Lilia Moyano de Colombres.
Sin embargo, según expertos consultados por LA GACETA, la Justicia podría tener en sus manos los informes completos en 24 horas o menos, si es que Tucumán tuviese su propio laboratorio.
Entre 1993 y 2003, los cotejos de ADN se realizaban en la Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (Proimi), dependiente del Conicet. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia disolvió el convenio con la institución y deriva desde entonces los pedidos de pericias de ADN al Colegio de Bioquímicos y Farmacéuticos de la Capital Federal.
"Las pericias de ADN arrojan un resultado casi contundente. Hacerlas en esta provincia permitiría que muchas causas sean resueltas más rápidamente. Y lo único que falta es la decisión de comprar el equipamiento", dijoMoyano de Colombres. Y narró cómo es el procedimiento hoy en día. "Nosotros levantamos las evidencias en el lugar del hecho, trabajamos con ellas y reservamos una parte, que no se altera, para los posibles cotejos de ADN. La Justicia determina cuándo tenemos que entregarla al Cuerpo Médico Forense, para que ellos la envíen a Buenos Aires", aseveró.
Traslado
El juez Pedro Roldán Vázquez, presidente de la Cámara Penal, señaló: "para los abogados, esto a veces es un problema, porque tienen que trasladarse hasta Buenos Aires para hacer el respectivo control".
"Para garantizar la efectividad de la pericia se busca la seguridad del ingreso de esos datos. Cuando se viola esa seguridad, se ponen en peligro los derechos de la parte a quien puede perjudicar ese medio de prueba", añadió.
Por su parte, la jueza Alicia Freidenberg, vocal de la sala VI de la Cámara Penal, dijo que no se recurre frecuentemente a las pericias de ADN por el alto costo que insumen. "Es un peritaje muy caro. Se hace sólo en casos de extrema seguridad y cuando lo pide el Ministerio Público. Los reactivos que se usan son muy caros", señaló. Y aclaró que los magistrados tienen otras opciones a la hora de tratar de reconstruir un hecho en un juicio oral. "Hay muchas otras pruebas que pueden contribuir a esclarecer un caso", agregó la magistrada.
"Ojalá pudiéramos tener laboratorios acá. Hay un procedimiento interno de la Corte Suprema en el que se solicita que se evalúe la necesidad inmediata de la pericia, o si va a ser inevitable su producción. Porque cuando son pedidas por las fiscalías o por los defensores oficiales, las debe pagar el Poder Judicial", manifestó Roldán Vázquez.
Casi irrefutables
Del otro lado del mostrador, el abogado Tomás Robert coincidió con la opinión de los funcionarios policiales y judiciales. "Es verdad que uno puede viajar para hacer los controles respectivos. Pero dependemos de los recursos de nuestros clientes. Y si no tienen una situación económica acorde, se hace imposible", dijo el letrado. Y opinó como penalista sobre estas pericias. "Tienen un valor probatorio muy alto. Si se ha respetado todo el debido proceso, en un juicio oral resulta difícil para un abogado defensor controvertirlas o refutarlas", manifestó.
"No son grandes los gastos para que Tucumán cuente con un laboratorio propio. Un equipo autoanalizador, que es el fundamental para esta prueba y es el equipo más caro, cuesta unos U$S 250.000. Hay dos equipos más que deben rondar unos U$S 10.000 cada uno. A eso hay que sumarle los gastos en drogas y reactivos y el equipamiento edilicio. Con estaríamos en condiciones de trabajar", aseveró Moyano de Colombres.
La bioquímica dijo que se pueden implementar sistemas que garanticen la privacidad de las muestras cotejadas, para evitar eventuales presiones al laboratorio. "Se trabaja con números o códigos, que hacen que el especialista no conozca a quien pertenece el material analizado", explicó. "No es mucho dinero el que necesitamos para tener el laboratorio propio; solo falta la voluntad política", finalizó la experta.
Sin embargo, según expertos consultados por LA GACETA, la Justicia podría tener en sus manos los informes completos en 24 horas o menos, si es que Tucumán tuviese su propio laboratorio.
Entre 1993 y 2003, los cotejos de ADN se realizaban en la Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (Proimi), dependiente del Conicet. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia disolvió el convenio con la institución y deriva desde entonces los pedidos de pericias de ADN al Colegio de Bioquímicos y Farmacéuticos de la Capital Federal.
"Las pericias de ADN arrojan un resultado casi contundente. Hacerlas en esta provincia permitiría que muchas causas sean resueltas más rápidamente. Y lo único que falta es la decisión de comprar el equipamiento", dijoMoyano de Colombres. Y narró cómo es el procedimiento hoy en día. "Nosotros levantamos las evidencias en el lugar del hecho, trabajamos con ellas y reservamos una parte, que no se altera, para los posibles cotejos de ADN. La Justicia determina cuándo tenemos que entregarla al Cuerpo Médico Forense, para que ellos la envíen a Buenos Aires", aseveró.
Traslado
El juez Pedro Roldán Vázquez, presidente de la Cámara Penal, señaló: "para los abogados, esto a veces es un problema, porque tienen que trasladarse hasta Buenos Aires para hacer el respectivo control".
"Para garantizar la efectividad de la pericia se busca la seguridad del ingreso de esos datos. Cuando se viola esa seguridad, se ponen en peligro los derechos de la parte a quien puede perjudicar ese medio de prueba", añadió.
Por su parte, la jueza Alicia Freidenberg, vocal de la sala VI de la Cámara Penal, dijo que no se recurre frecuentemente a las pericias de ADN por el alto costo que insumen. "Es un peritaje muy caro. Se hace sólo en casos de extrema seguridad y cuando lo pide el Ministerio Público. Los reactivos que se usan son muy caros", señaló. Y aclaró que los magistrados tienen otras opciones a la hora de tratar de reconstruir un hecho en un juicio oral. "Hay muchas otras pruebas que pueden contribuir a esclarecer un caso", agregó la magistrada.
"Ojalá pudiéramos tener laboratorios acá. Hay un procedimiento interno de la Corte Suprema en el que se solicita que se evalúe la necesidad inmediata de la pericia, o si va a ser inevitable su producción. Porque cuando son pedidas por las fiscalías o por los defensores oficiales, las debe pagar el Poder Judicial", manifestó Roldán Vázquez.
Casi irrefutables
Del otro lado del mostrador, el abogado Tomás Robert coincidió con la opinión de los funcionarios policiales y judiciales. "Es verdad que uno puede viajar para hacer los controles respectivos. Pero dependemos de los recursos de nuestros clientes. Y si no tienen una situación económica acorde, se hace imposible", dijo el letrado. Y opinó como penalista sobre estas pericias. "Tienen un valor probatorio muy alto. Si se ha respetado todo el debido proceso, en un juicio oral resulta difícil para un abogado defensor controvertirlas o refutarlas", manifestó.
"No son grandes los gastos para que Tucumán cuente con un laboratorio propio. Un equipo autoanalizador, que es el fundamental para esta prueba y es el equipo más caro, cuesta unos U$S 250.000. Hay dos equipos más que deben rondar unos U$S 10.000 cada uno. A eso hay que sumarle los gastos en drogas y reactivos y el equipamiento edilicio. Con estaríamos en condiciones de trabajar", aseveró Moyano de Colombres.
La bioquímica dijo que se pueden implementar sistemas que garanticen la privacidad de las muestras cotejadas, para evitar eventuales presiones al laboratorio. "Se trabaja con números o códigos, que hacen que el especialista no conozca a quien pertenece el material analizado", explicó. "No es mucho dinero el que necesitamos para tener el laboratorio propio; solo falta la voluntad política", finalizó la experta.







