Por Abrehu Carlos
08 Mayo 2011
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Cuando la política ata su destino a los humores y razones de la Justicia, puede quedar entrampada en los laberintos procesales. En épocas electorales, el tiempo en que se deciden las cuestiones controvertidas, es un factor que no siempre se ajusta a las urgencias de los políticos.
Antonio Estofán, presidente de la Corte Suprema de Justicia, acaba de anunciar que el análisis del recurso de casación interpuesto contra el fallo que declaró inconstitucional la composición de la Junta Electoral (JEP) puede demorar hasta 90 días hábiles.
El ex fiscal de Estado se excusó de entender en el asunto, por haber pertenecido al gabinete de José Alperovich. Los jueces de la sala II del fuero contencioso administrativo, Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo, fueron contundentes en sus argumentos, al darle la razón al Movimiento Popular Tres Banderas (MP3), en sus planteos contra la constitucionalidad de los incisos 14 y 16 del articulo 43 de la Constitución de 2006.
El primero de los incisos, al asignarle dos de las tres vocalías de la JEP al factor político, convirtió al organismo de fiscalización de los comicios en un satélite de la Casa de Gobierno. El segundo de los incisos les permite a los funcionarios hacer campaña electoral sin pedir licencia, Frente a un oficialismo todopoderoso, que dispone de ingentes recursos financieros, la igualdad ante la ley y la imparcialidad de autoridad electoral, se vuelven ilusorias. Se atenta, en definitiva, contra la calidad de la democracia republicana.
Alejandro Sangenis y Rodolfo Burgos, del partido que judicializó el problema, acusaron a Estofán de haber urdido la trama que puede terminar esterilizando el reclamo.
El quid de la cuestión radica en la cantidad de días que tardará la Corte en dictaminar, debido a que si hay retrasos, el fallo terminará conociéndose después del 28 de agosto. Sea cual fuere su resultado, carecerá de incidencia en el desarrollo de los hechos.
En medios forenses se aseguró en más de una ocasión que si el oficialismo cuenta con un sólido anclaje político, los jueces cimeros no le darán las espaldas. No se enfrenta al Gobierno de turno, esgrimen esos intérpretes del realismo sin principios.
Ahora bien, si existe una convicción de independencia, de los condicionamientos políticos, se diluirá el temor reverencial y el final de la historia permanecerá abierto.
Entre dos mundos
Entre dos ámbitos del mundo judicial se bambolea el destino del ministro de Salud de la Nación, Juan Luis Manzur. La denuncia que el abogado Oscar López le hizo por presunto enriquecimiento ilícito, cuando se supo que es el ministro más rico del gabinete de Cristina Fernández, abrió un frente que no se cerró. Según reveló La Nación, en la edición del 18 de agosto último, declaró bienes por más de $ 5 millones. A esa fecha, le seguía el canciller Héctor Timerman con $ 4,5 millones.
Por imperio de la Ley 25.233 de Etica Pública de la Nación, Manzur debió rendir cuenta de su patrimonio, al jurar como ministro. Infinitamente más restrictivo es el régimen vigente en Tucumán, que data de 1973, y que hace virtualmente inaccesible la información patrimonial de los funcionarios a la ciudadanía. La oscuridad que rodea este costado de la vida pública da pie a múltiples conjeturas y suposiciones en torno de la fortuna de los funcionarios electivos y gubernamentales.
López acudió al fuero federal para que se investigue a Manzur, pero la defensa del vicegobernador intentó que la causa fuera derivada a la Justicia provincial. Bejas se declaró competente. Sin embargo, Agustín Ferrari, letrado de Manzur, ante ese revés, apeló ante la Cámara Federal. Los cinco jueces de esta, por fallo unánime, coincidieron en que la jurisdicción federal debía abocarse a estudiar la denuncia de López. Se debe investigar el presunto delito cometido por Manzur "en ejercicio de su cargo y en perjuicio del patrimonio público nacional", según reza el expediente.
En resguardo
Alperovich salió en salvaguarda del candidato a vicegobernador, mientras Ferrari adelantó que apelará el fallo ante la Cámara de Casación Penal, previa escala en la Cámara Federal de Apelaciones. El abogado del vicegobernador en uso de licencia pretende que todo siga en manos de la Justicia provincial. En cambio, los camaristas Raúl David Mender, Ernesto Wayar, Graciela Fernández Vecino, Ricardo Sanjuán y Marina Cossio de Mercau sostuvieron todo lo contrario.
Bejas admite que las idas y vueltas procesales dilatarán las definiciones hasta 2012. El abogado denunciante que milita en la disidencia peronista, barrunta que los motivos de preocupación del binomio Alperovich-Manzur están justificados. Si las tres declaraciones juradas del postulantes del vicegobernador, que aún se hallan lacradas y cerradas, se incorporaran al expediente, tomarán estado público. Entonces, resultará muy difícil justificar los ingresos de ingresos del vicegobernador ante la ciudadanía. Así razona el denunciante López en un escrito. Dos de esas declaraciones corresponden al ejercicio de la función pública en Tucumán (fue ministro y luego vicegobernador) y la tercera data de cuando se hizo cargo del ministerio de Salud Pública del kirchnerismo, en julio de 2009.
Los tecnicismos jurídicos, válidos en el ejercicio de la defensa, buscan alejar a Manzur de los focos judiciales en tiempos electorales. Políticamente no le conviene al oficialismo que su candidato a vicegobernador aparezca asiduamente por tribunales, acosado por cargos de presunta corrupción. Sería blanco de las andanadas opositoras.
En forma previsora, desde el mundo gubernamental, se recuestan en la omnipotencia de Alperovich para ganar la elección sin Manzur. Sin embargo, en la intimidad, se reconoce que es complicada la situación del ministro de Salud Pública.
Domingo Amaya está lejos del clima de intranquilidad que envuelve a Manzur. Construye con discreción pensando en 2015. Sabe que si supera en votos al gobernador el 28 de agosto, en la capital, entrará en una etapa de tormenta continua. Claro que el gobernador tampoco recompuso relaciones con la Casa Rosada. Persiste el teléfono descompuesto con los más altos despachos. incluido el de Cristina Fernández. La oposición, en tanto, delinea su territorio con marchas y contramarchas. Gumersindo Parajón preservó a su partido Pueblo Unido de una sociedad con Libres del Sur. No quiero ser funcional a Alperovich, remató el veterano dirigente de origen radical. La alianza que pilotea José Cano acerca a unos y aleja a otros.
Antonio Estofán, presidente de la Corte Suprema de Justicia, acaba de anunciar que el análisis del recurso de casación interpuesto contra el fallo que declaró inconstitucional la composición de la Junta Electoral (JEP) puede demorar hasta 90 días hábiles.
El ex fiscal de Estado se excusó de entender en el asunto, por haber pertenecido al gabinete de José Alperovich. Los jueces de la sala II del fuero contencioso administrativo, Carlos Giovanniello y Rodolfo Novillo, fueron contundentes en sus argumentos, al darle la razón al Movimiento Popular Tres Banderas (MP3), en sus planteos contra la constitucionalidad de los incisos 14 y 16 del articulo 43 de la Constitución de 2006.
El primero de los incisos, al asignarle dos de las tres vocalías de la JEP al factor político, convirtió al organismo de fiscalización de los comicios en un satélite de la Casa de Gobierno. El segundo de los incisos les permite a los funcionarios hacer campaña electoral sin pedir licencia, Frente a un oficialismo todopoderoso, que dispone de ingentes recursos financieros, la igualdad ante la ley y la imparcialidad de autoridad electoral, se vuelven ilusorias. Se atenta, en definitiva, contra la calidad de la democracia republicana.
Alejandro Sangenis y Rodolfo Burgos, del partido que judicializó el problema, acusaron a Estofán de haber urdido la trama que puede terminar esterilizando el reclamo.
El quid de la cuestión radica en la cantidad de días que tardará la Corte en dictaminar, debido a que si hay retrasos, el fallo terminará conociéndose después del 28 de agosto. Sea cual fuere su resultado, carecerá de incidencia en el desarrollo de los hechos.
En medios forenses se aseguró en más de una ocasión que si el oficialismo cuenta con un sólido anclaje político, los jueces cimeros no le darán las espaldas. No se enfrenta al Gobierno de turno, esgrimen esos intérpretes del realismo sin principios.
Ahora bien, si existe una convicción de independencia, de los condicionamientos políticos, se diluirá el temor reverencial y el final de la historia permanecerá abierto.
Entre dos mundos
Entre dos ámbitos del mundo judicial se bambolea el destino del ministro de Salud de la Nación, Juan Luis Manzur. La denuncia que el abogado Oscar López le hizo por presunto enriquecimiento ilícito, cuando se supo que es el ministro más rico del gabinete de Cristina Fernández, abrió un frente que no se cerró. Según reveló La Nación, en la edición del 18 de agosto último, declaró bienes por más de $ 5 millones. A esa fecha, le seguía el canciller Héctor Timerman con $ 4,5 millones.
Por imperio de la Ley 25.233 de Etica Pública de la Nación, Manzur debió rendir cuenta de su patrimonio, al jurar como ministro. Infinitamente más restrictivo es el régimen vigente en Tucumán, que data de 1973, y que hace virtualmente inaccesible la información patrimonial de los funcionarios a la ciudadanía. La oscuridad que rodea este costado de la vida pública da pie a múltiples conjeturas y suposiciones en torno de la fortuna de los funcionarios electivos y gubernamentales.
López acudió al fuero federal para que se investigue a Manzur, pero la defensa del vicegobernador intentó que la causa fuera derivada a la Justicia provincial. Bejas se declaró competente. Sin embargo, Agustín Ferrari, letrado de Manzur, ante ese revés, apeló ante la Cámara Federal. Los cinco jueces de esta, por fallo unánime, coincidieron en que la jurisdicción federal debía abocarse a estudiar la denuncia de López. Se debe investigar el presunto delito cometido por Manzur "en ejercicio de su cargo y en perjuicio del patrimonio público nacional", según reza el expediente.
En resguardo
Alperovich salió en salvaguarda del candidato a vicegobernador, mientras Ferrari adelantó que apelará el fallo ante la Cámara de Casación Penal, previa escala en la Cámara Federal de Apelaciones. El abogado del vicegobernador en uso de licencia pretende que todo siga en manos de la Justicia provincial. En cambio, los camaristas Raúl David Mender, Ernesto Wayar, Graciela Fernández Vecino, Ricardo Sanjuán y Marina Cossio de Mercau sostuvieron todo lo contrario.
Bejas admite que las idas y vueltas procesales dilatarán las definiciones hasta 2012. El abogado denunciante que milita en la disidencia peronista, barrunta que los motivos de preocupación del binomio Alperovich-Manzur están justificados. Si las tres declaraciones juradas del postulantes del vicegobernador, que aún se hallan lacradas y cerradas, se incorporaran al expediente, tomarán estado público. Entonces, resultará muy difícil justificar los ingresos de ingresos del vicegobernador ante la ciudadanía. Así razona el denunciante López en un escrito. Dos de esas declaraciones corresponden al ejercicio de la función pública en Tucumán (fue ministro y luego vicegobernador) y la tercera data de cuando se hizo cargo del ministerio de Salud Pública del kirchnerismo, en julio de 2009.
Los tecnicismos jurídicos, válidos en el ejercicio de la defensa, buscan alejar a Manzur de los focos judiciales en tiempos electorales. Políticamente no le conviene al oficialismo que su candidato a vicegobernador aparezca asiduamente por tribunales, acosado por cargos de presunta corrupción. Sería blanco de las andanadas opositoras.
En forma previsora, desde el mundo gubernamental, se recuestan en la omnipotencia de Alperovich para ganar la elección sin Manzur. Sin embargo, en la intimidad, se reconoce que es complicada la situación del ministro de Salud Pública.
Domingo Amaya está lejos del clima de intranquilidad que envuelve a Manzur. Construye con discreción pensando en 2015. Sabe que si supera en votos al gobernador el 28 de agosto, en la capital, entrará en una etapa de tormenta continua. Claro que el gobernador tampoco recompuso relaciones con la Casa Rosada. Persiste el teléfono descompuesto con los más altos despachos. incluido el de Cristina Fernández. La oposición, en tanto, delinea su territorio con marchas y contramarchas. Gumersindo Parajón preservó a su partido Pueblo Unido de una sociedad con Libres del Sur. No quiero ser funcional a Alperovich, remató el veterano dirigente de origen radical. La alianza que pilotea José Cano acerca a unos y aleja a otros.
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