No es bueno el clima para la inversión

Sensación de desamparo, de que cualquier cosa puede ocurrir, aún lo más insólito o descabellado. El empresariado todavía no logra digerir que el Gobierno nacional haya dado un nuevo paso en su política de intervenir en forma activa en los negocios del sector privado. El decreto que dispuso el aumento del número de representantes estatales en los directorios de las empresas donde el Estado posee tenencias accionarias en la proporción de esas participaciones fue un baldazo de agua fría para los hombres de negocio en general, y entre quienes no comulgan abiertamente con las políticas oficiales pareció instalarse cierta idea de gota que rebasa un vaso, aunque la disposición es legal. Hay hartazgo; hay bronca. En Tucumán, el tema fue objeto de sinnúmero de debates entre los hombres que generan la riqueza en la provincia.

Cuando se mencionan las falencias del actual modelo económico-social de la Argentina, la inflación suele ser el factor que primero y con más énfasis se menciona. Entre las razones por las que el pueblo argentino debe tolerar la versión siglo XXI de este mal endémico de nuestro país, generalmente se destacan una fuerte emisión monetaria, derivada del exceso de gasto público, y la falta de inversiones en el sector privado para compensar un consumo en alza permanente, medida que alienta el Gobierno. ¿La intención -legal- del Gobierno de insertar cuadros políticos propios en el riñón de las principales empresas colabora para que mejore el escenario de las tan necesarias inversiones en la Argentina, las que podrían contribuir para que mejore la oferta de bienes y servicios y no suban tanto los precios? Seguramente no, no colabora en nada.

En el medio, la oficialista CGT continúa en su campaña para lograr que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas, lo que crispa los nervios de los empresarios. Otro tema que inquieta mucho es el avance que en los últimos años ha ido logrando el sindicalismo en Argentina, al punto de que hoy las negociaciones salariales parecen haberse convertido en un mero trámite burocrático, porque finalmente los sectores económicos no tendrán más margen de discusión que la que los gremios permitan. Caso contrario, paros, piquetes, bloqueos en las puertas de las empresas, y todo tipo de situaciones coercitivas que el Estado -nacional y provincial- parece no controlar. Y sigue la lista: hay un proyecto oficial para reinstaurar las retenciones móviles a la soja, medida que no era otra cosa que el contenido de la polémica resolución 125, que en 2008 desencadenó nada menos que el largo conflicto Gobierno-campo. El primero en deslizar esta posibilidad fue el matutino oficialista "Página 12", y aunque luego el ministro de Economía, Amado Boudou, salió a desmentir la información, quedó sobrevolando la noción de que es un proyecto que al menos debe estar en carpeta. Este conjunto de políticas -sin contar el esquema ya tradicional de subsidios que otorga el Estado- acrecienta el malhumor de los empresarios. El freno a las importaciones también actúa como lastre contra proyectos de inversión.

En Tucumán, quienes deben decidir inversiones se topan con que primero se ven obligados a superar el tremendo escollo de la inflación, porque cualquier emprendimiento hoy tiene que generar una rentabilidad que le gane a la carrera de los precios y de los costos (en pesos y en dólares), a lo que se suma la presión fiscal que se considera muy elevada, y la inseguridad jurídica. La sensación generalizada en el mundo de los negocios es que el Gobierno interfiere demasiado, y así se postergan decisiones estratégicas de crecimiento. Nadie quiere arriesgar demasiado.

No son pocos los que creen que un Estado más dialoguista, menos intervencionista "de prepo" y con proyectos para aprovechar la buena coyuntura externa que beneficia al país, favorecería un despegue de la economía que incluiría a todos y no sólo a los sectores afines al Gobierno. Tucumán es artífice fundamental en proyectos industriales de producción de biocombustibles y de cogeneración de energía, entre muchos otros, que no sólo no cuentan con apoyo financiero de ningún tipo, sino que deben desarrollarse en un ambiente recargado de tensión, de dudas y a menudo de incertidumbre sobre los próximos pasos que pudiera dar el Estado por sobre las empresas.