Tras haber caído en un profundo pozo de descrédito al que la arrojó el escándalo de la comisaría de El Manantial, la cúpula del Ministerio de Seguridad Ciudadana pasó al frente: anunció que ya entra en vigencia el nuevo plan de cámaras de vigilancia y la modificación del Código Procesal Penal. El ministro Mario López Herrera apuesta a que los cambios -y algunas noticias de fuerte impacto, como la captura del violador serial- hagan cambiar la imagen negativa. Algo así como devolver con fuertes golpes de efecto el poderoso mandoble que recibió con el presunto caso de corrupción policial. "No se puede hablar de una crisis institucional. Estamos hablando de 8.000 policías. Si hay 15 o 20 que se portan mal, no hacen a la institución", sentenció.
Tendencia nacional
El Gobierno apuesta a la tecnología. No es el único en el país. Es la misma Nación la que está impulsando -y entregando dinero para ello- que se coloquen cámaras de vigilancia en los lugares "calientes", donde la comunidad va a expresar lo que el mozo de Barrio Norte que detuvo a un motoarrebatador el sábado a la noche describió como "mucha impotencia en la calle".
El Gobierno tucumano ha llenado de cámaras el Paseo Histórico, la 25 de Mayo y las principales esquinas de las avenidas (luego se extenderá a Yerba Buena) y pondrá un equipo el ex Hotel Corona para vigilar, con la esperanza de captar in fraganti a los delincuentes. ¿Servirán las cámaras? López Herrera dice que la gente se va a sorprender.
No obstante, el sistema aún está a prueba en todo el país. Así como los responsables de seguridad lo defienden, hay quienes tienen dudas. En una nota de ayer en "La Nación", el periodista Carlos Pagni menciona que Cristina Kirchner eligió el año pasado el vistoso plan de las cámaras de vigilancia "que vende el empresario Mario Montoto con apoyo de Daniel Hadad. El programa debutó en Tigre, donde mataron a Berardi", escribió. Hay que aclarar que el asesinato de Matías Berardi ocurrió en Campana, a la par de Tigre; pero todos los municipios bonaerenses están inundados de cámaras. Pagni sugiere: "alguien debería avisarle a la señora de Kirchner que su opción no está funcionando". En realidad, las autoridades tucumanas creen que el sistema va a ser efectivo con los arrebatadores, que son su mayor dolor de cabeza. Pero esto va a depender de la respuesta policial. Para ello organizaron un sistema de recorridos por cuadrículas con autos, motos y policías a pie y también con vecinos dotados de celulares para hacer denuncias.
Pero los hábitos policiales hoy hacen agua: el mozo héroe de Barrio Norte contó que cuando detuvo al ladrón llamaron a la seccional 1a y el móvil demoró 20 minutos en llegar. "Apenas patrullan por aquí", criticó. Primera lección; con cámaras o sin ellas, tienen que reeducar a los agentes para la respuesta rápida.
La segunda apuesta del ministro es el cambio del Código Procesal, para que los detenidos in flagrante delito -ladronzuelos, arrebatadores- sean condenados en un plazo no mayor a tres meses. Se reveló que en los últimos cuatro años la Patrulla Motorizada detuvo a 10.000 personas y sólo quedaron procesadas 200. Los fiscales, que fueron quienes confeccionaron junto a los legisladores la modificación a la ley, están contentos. La sociedad también: esto permitiría lograr una justicia más ágil. Pero los fiscales advierten que necesitarán más personal. Segunda lección: tan importante como cambiar leyes es hacerlas operativas. El Código Procesal se modificó 20 veces en 20 años y no sirvió para mejorar la seguridad.
Ilusiones
Entre ambas apuestas del ministro está en el tapete la tarea de la Policía (cuyo modelo y cuyos métodos López Herrera no piensa cambiar). Son 8.000, como dice el ministro, a los que hay que agregar los 3.000 empleados de las agencias de seguridad -integradas por ex policías-, que venden servicios de vigilancia, alarmas y muchos aparatos que, como las cámaras de vigilancia, le dan a la gente la ilusión de que está protegida. Mientras nos encandilamos con las cámaras, persisten las viejas mañas y el pésimo funcionamiento de un sistema que, como ocurrió en la seccional 6a (donde se fugaron tres detenidos) siempre se ha preocupado más por los golpes de efecto y que por las reformas profundas.
Tendencia nacional
El Gobierno apuesta a la tecnología. No es el único en el país. Es la misma Nación la que está impulsando -y entregando dinero para ello- que se coloquen cámaras de vigilancia en los lugares "calientes", donde la comunidad va a expresar lo que el mozo de Barrio Norte que detuvo a un motoarrebatador el sábado a la noche describió como "mucha impotencia en la calle".
El Gobierno tucumano ha llenado de cámaras el Paseo Histórico, la 25 de Mayo y las principales esquinas de las avenidas (luego se extenderá a Yerba Buena) y pondrá un equipo el ex Hotel Corona para vigilar, con la esperanza de captar in fraganti a los delincuentes. ¿Servirán las cámaras? López Herrera dice que la gente se va a sorprender.
No obstante, el sistema aún está a prueba en todo el país. Así como los responsables de seguridad lo defienden, hay quienes tienen dudas. En una nota de ayer en "La Nación", el periodista Carlos Pagni menciona que Cristina Kirchner eligió el año pasado el vistoso plan de las cámaras de vigilancia "que vende el empresario Mario Montoto con apoyo de Daniel Hadad. El programa debutó en Tigre, donde mataron a Berardi", escribió. Hay que aclarar que el asesinato de Matías Berardi ocurrió en Campana, a la par de Tigre; pero todos los municipios bonaerenses están inundados de cámaras. Pagni sugiere: "alguien debería avisarle a la señora de Kirchner que su opción no está funcionando". En realidad, las autoridades tucumanas creen que el sistema va a ser efectivo con los arrebatadores, que son su mayor dolor de cabeza. Pero esto va a depender de la respuesta policial. Para ello organizaron un sistema de recorridos por cuadrículas con autos, motos y policías a pie y también con vecinos dotados de celulares para hacer denuncias.
Pero los hábitos policiales hoy hacen agua: el mozo héroe de Barrio Norte contó que cuando detuvo al ladrón llamaron a la seccional 1a y el móvil demoró 20 minutos en llegar. "Apenas patrullan por aquí", criticó. Primera lección; con cámaras o sin ellas, tienen que reeducar a los agentes para la respuesta rápida.
La segunda apuesta del ministro es el cambio del Código Procesal, para que los detenidos in flagrante delito -ladronzuelos, arrebatadores- sean condenados en un plazo no mayor a tres meses. Se reveló que en los últimos cuatro años la Patrulla Motorizada detuvo a 10.000 personas y sólo quedaron procesadas 200. Los fiscales, que fueron quienes confeccionaron junto a los legisladores la modificación a la ley, están contentos. La sociedad también: esto permitiría lograr una justicia más ágil. Pero los fiscales advierten que necesitarán más personal. Segunda lección: tan importante como cambiar leyes es hacerlas operativas. El Código Procesal se modificó 20 veces en 20 años y no sirvió para mejorar la seguridad.
Ilusiones
Entre ambas apuestas del ministro está en el tapete la tarea de la Policía (cuyo modelo y cuyos métodos López Herrera no piensa cambiar). Son 8.000, como dice el ministro, a los que hay que agregar los 3.000 empleados de las agencias de seguridad -integradas por ex policías-, que venden servicios de vigilancia, alarmas y muchos aparatos que, como las cámaras de vigilancia, le dan a la gente la ilusión de que está protegida. Mientras nos encandilamos con las cámaras, persisten las viejas mañas y el pésimo funcionamiento de un sistema que, como ocurrió en la seccional 6a (donde se fugaron tres detenidos) siempre se ha preocupado más por los golpes de efecto y que por las reformas profundas.
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