Por Álvaro José Aurane
02 Octubre 2010
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El manejo de las cuentas públicas provinciales protagonizó en la Legislatura, durante el último día de septiembre, uno de los momentos más desvergonzados de la historia reciente.
Desde la última sesión, de hecho, el Presupuesto General de la Provincia ya no podrá ser considerado como un plan de Gobierno donde están detallados los ingresos y los egresos para la concreción de políticas públicas, a despecho de lo que la teoría indica. Por el contrario, la fabulosa ampliación de partidas que se concretó sólo confirma y ahonda el proceso de tergiversación al cual ha sido sometido ese instrumento. Y lo reducen, a los efectos de los intereses tucumanos respecto de sus tributos y de saber en qué son utilizados, casi a una versión del cuento del tío.
Subestimando
La maniobra se originó en diciembre pasado, cuando la Cámara sancionó no un "Presupuesto" sino un "Presupuesto Subestimado". Es decir, un cálculo de gastos mendaz en el cual se consignaban "Recursos" por mucho, pero mucho menos de lo que ya entonces podía estimarse para este año. ¿Cómo se subestima un Presupuesto (y, de paso, a todos los tucumanos)? Alterando los valores de algunas de las variables con las cuales se determina el crecimiento interanual. Y el Presupuesto 2010 sancionado durante el último mes de 2009 preveía para este año un crecimiento del PBI del 4% (fue del doble) y -este es el capítulo tragicómico- una inflación del 7%.
Complementariamente, el Presupuesto 2010 establecía ya en sus orígenes la fantasía de que Rentas, con su Código Tributario pretoriano y la hipertensa presión fiscal, iba a recaudar menos que en 2009. Y, en segundo término, porque ya entonces se sabía que la inflación iba a ser varias veces mayor que el ridículo dígito consignado: en consecuencia, los precios iban a subir mucho más, las facturaciones también y, obviamente, lo mismo iba a ocurrir con la recaudación de impuestos como el de Ingresos Brutos. Y eso fue lo que ocurrió.
De modo que, transcurridos nueve meses, el Gobierno tucumano tenía muchísima más plata que la "prevista". Y como en el orden nacional, la Casa Rosada (socia en el casi cuento del tío) había proyectado un Presupuesto 2010 con exactamente las mismas subestimaciones, había llegado muchísimo más dinero federal que el "estimado". La suma de los dos "muchísimos" dio $ 1.134 millones "extra", ahora ingresados al erario como "ampliación presupuestaria". Y aquí es donde el casi cuento del tío empieza a operar. Todo ese dineral fue incorporado sin imputación específica. O sea, pueden gastarlo en los próximos 90 días como les plazca.
Ese, y no otro, es el porqué de aprobar un subestimado cálculo general de recursos y de gastos. En diciembre de 2009, distribuyeron $ 7.100 de manera detallada: allí se determinaba, fundamentalmente, cuánto se gastaría en salarios y en funcionamiento. Y en septiembre de 2010 ingresó un adicional equivalente al 16% de la cifra primera, pero sin pautar su destino. Aunque buena parte de esa suma ya se preveía en 2009, quedó afuera para poder ser ocupado desde ahora con absoluta discrecionalidad.
"Embretando"
El dictamen sancionado en el recinto legislativo dice, sencillamente, que $ 1.057 millones irán a las arcas de la Administración Central y los Poderes del Estado, y que los restantes $ 77 millones serán destinados a los organismos descentralizados. Y listo.
Pero este sencillo (y pavoroso) decir implica en su corta expresión muchos otros complicados (y alarmantes) diretes. En primer lugar, la totalidad de los $ 1.134 millones, tanto para la Administración Central como para la Descentralizada, se convertirán en "Erogaciones Corrientes". Es decir, así como vinieron se irán.
El gasto corriente, por definición, no demanda un activo como contraprestación. Dicho en mejor castellano, los gastos corrientes no pueden destinarse a levantar barrios o escuelas, a construir puentes o rutas, ni a comprar patrulleros ni ambulancias. Ni siquiera puede ser destinado a pagar deudas: tan sólo se puede emplear para pagar "servicios" de deudas, o sea, intereses. Con lo que sí se puede hacer todo lo otro, lo cual implicaría capitalizar a la provincia, y hasta incluso pagar "capital" de las deudas, es, precisamente, con los gastos de capital. La Legislatura, en cambio, determinó que de los $ 1.134 millones, $ 0 corresponderán a erogaciones de capital.
¿Exactamente qué erogaciones corrientes por semejante dineral tendrá Tucumán en los próximos tres meses? Gracias a la laxitud de la ampliación presupuestaria, no se sabrá.
En segundo término, no es menor que el dictamen legislativo fije que el 93% de esos "nuevos" y multimillonarios recursos corresponda a la Administración Central y, específicamente, a los "Poderes del Estado". Esa es la "promesa" con la que el casi cuento del tío "embreta" a los otros: no importa que el Presupuesto General de la Provincia esté subestimado: después, cuando sea ampliado, habrá para todos.
Gastando
La Justicia poco y nada puede decir: gracias a esa receta para desequilibrar la República a favor del Ejecutivo que es la Constitución de 2006, la Justicia es el único poder del Estado que no puede dictarse su propio Presupuesto. Es decir, la torpeza de la Convención Constituyente la exime, aunque hay un detalle no menor: Antonio Estofán ha apostado a un ambicioso "plan de obra pública judicial", de modo que si bien necesita recursos para atender gastos de funcionamiento y recomposiciones salariales en los Tribunales, también demanda de los hasta aquí inexistentes "gastos de capital".
Pero con la Legislatura el asunto es otro. La Cámara que avala la ampliación presupuestaria sin imputación específica alguna es la que aprueba los presupuestos subestimados de manera públicamente secreta. Como ya se ha denunciado largamente, sanciona el Presupuesto General de la Provincia sin darle copia ni siquiera a los legisladores. Los cuentos al respecto, según el año, han consistido en que era muy caro hacer un juego de fotocopias para cada parlamentario; o en que el Ministerio de Economía empleaba un misterioso programa informático que tornaba "imposible" abrir el archivo con el cálculo de partidas en cualquier computadora. Sin embargo, cuando se observa la (muy difícil de conseguir) planilla con la distribución general de partidas que asigna el Presupuesto 2010 al "Programa 11" de la "Unidad Operativa 005: Honorable Legislatura" se comienza a comprender por qué el parlamento provincial no tiene reparos en que los $ 1.134 millones se destinen a "Erogaciones Corrientes".
Según el "Programado Inicial" para el "Ejercicio 2010", se destinaron $ 180,2 millones a la Cámara, financiados sólo con "Recursos del Tesoro General de la Provincia". Y la relación entre los gastos corrientes y los gastos de capital es casi la misma que hay entre la cantidad de oficialistas y de opositores en el recinto.
En rigor, en lo que hace a la inversión en activos duraderos sólo hay $ 25 millones, que figuran en el rubro "Bienes de uso" y que, en principio, corresponderían a la obra del nuevo edificio legislativo. Cuanto menos, pueden ser destinado a esa construcción. Eso sí: el concepto de "Bienes de uso" incluye anticipo a proveedores, una cuestión que no es accesoria teniendo en cuenta que el inmueble, que tendrá un costo por metro cuadrado superior al de un hotel cinco estrellas, se realiza por contratación directa.
El resto, $ 155,2 millones, se reparte en "Erogaciones Corrientes": $ 99,8 millones son para "Gastos en personal" y otros $ 11 millones a "Servicios no personales", que admiten el pago a monotributistas. Sólo hay $ 4,5 millones para "Bienes de consumo" (papelería, combustible, comida). Y los $ 39,9 millones finales se destinan a "Transferencias", partida que admite, por ejemplo, subsidios. Allí están los "gastos sociales" de los legisladores.
A estos gastos corrientes irá lo que sea que vaya a tocarle al Poder Legislativo de la fabulosa ampliación presupuestaria para gastos corrientes que sancionó.
Felicitando
Pero en la última sesión ocurrió algo más que toda esta orgía de recursos públicos. Cuando la deliberación terminaba ingresó por la claraboya una prórroga a la inembargabilidad de las cuentas públicas por todo 2011. Es decir, quienes tengan sentencia firme favorable en juicios contra el Estado, no podrán ejecutarlas.
Traducido: los que acababan de incorporar $ 1.134 millones para que los administradores del Estado (ellos incluidos) los gasten en los próximos 90 días, decidieron que no les darán ni un peso a quienes desde hace años, y hasta décadas, litigan por el cobro de sus deudas. Es decir, nada hay para atender las demandas de pequeños proveedores, empleados públicos, jubilados del Estado, sus viudas, sus huérfanos. Sus reclamos rondan los $ 400 millones: la tercera parte de lo incorporado para gastar apenas durante este tercer trimestre.
Con razón el gobernador, mientras festejaba que Rentas haya marcado otro récord de recaudación, anunciaba ayer un aumento del 15% de la tarifa del agua y felicitaba a los tucumanos por seguir pagando sus impuestos. Todo un reconocimiento de su parte (ciertamente inédito) para sus gobernados por ser tan soberanos contribuyentes.
Desde la última sesión, de hecho, el Presupuesto General de la Provincia ya no podrá ser considerado como un plan de Gobierno donde están detallados los ingresos y los egresos para la concreción de políticas públicas, a despecho de lo que la teoría indica. Por el contrario, la fabulosa ampliación de partidas que se concretó sólo confirma y ahonda el proceso de tergiversación al cual ha sido sometido ese instrumento. Y lo reducen, a los efectos de los intereses tucumanos respecto de sus tributos y de saber en qué son utilizados, casi a una versión del cuento del tío.
Subestimando
La maniobra se originó en diciembre pasado, cuando la Cámara sancionó no un "Presupuesto" sino un "Presupuesto Subestimado". Es decir, un cálculo de gastos mendaz en el cual se consignaban "Recursos" por mucho, pero mucho menos de lo que ya entonces podía estimarse para este año. ¿Cómo se subestima un Presupuesto (y, de paso, a todos los tucumanos)? Alterando los valores de algunas de las variables con las cuales se determina el crecimiento interanual. Y el Presupuesto 2010 sancionado durante el último mes de 2009 preveía para este año un crecimiento del PBI del 4% (fue del doble) y -este es el capítulo tragicómico- una inflación del 7%.
Complementariamente, el Presupuesto 2010 establecía ya en sus orígenes la fantasía de que Rentas, con su Código Tributario pretoriano y la hipertensa presión fiscal, iba a recaudar menos que en 2009. Y, en segundo término, porque ya entonces se sabía que la inflación iba a ser varias veces mayor que el ridículo dígito consignado: en consecuencia, los precios iban a subir mucho más, las facturaciones también y, obviamente, lo mismo iba a ocurrir con la recaudación de impuestos como el de Ingresos Brutos. Y eso fue lo que ocurrió.
De modo que, transcurridos nueve meses, el Gobierno tucumano tenía muchísima más plata que la "prevista". Y como en el orden nacional, la Casa Rosada (socia en el casi cuento del tío) había proyectado un Presupuesto 2010 con exactamente las mismas subestimaciones, había llegado muchísimo más dinero federal que el "estimado". La suma de los dos "muchísimos" dio $ 1.134 millones "extra", ahora ingresados al erario como "ampliación presupuestaria". Y aquí es donde el casi cuento del tío empieza a operar. Todo ese dineral fue incorporado sin imputación específica. O sea, pueden gastarlo en los próximos 90 días como les plazca.
Ese, y no otro, es el porqué de aprobar un subestimado cálculo general de recursos y de gastos. En diciembre de 2009, distribuyeron $ 7.100 de manera detallada: allí se determinaba, fundamentalmente, cuánto se gastaría en salarios y en funcionamiento. Y en septiembre de 2010 ingresó un adicional equivalente al 16% de la cifra primera, pero sin pautar su destino. Aunque buena parte de esa suma ya se preveía en 2009, quedó afuera para poder ser ocupado desde ahora con absoluta discrecionalidad.
"Embretando"
El dictamen sancionado en el recinto legislativo dice, sencillamente, que $ 1.057 millones irán a las arcas de la Administración Central y los Poderes del Estado, y que los restantes $ 77 millones serán destinados a los organismos descentralizados. Y listo.
Pero este sencillo (y pavoroso) decir implica en su corta expresión muchos otros complicados (y alarmantes) diretes. En primer lugar, la totalidad de los $ 1.134 millones, tanto para la Administración Central como para la Descentralizada, se convertirán en "Erogaciones Corrientes". Es decir, así como vinieron se irán.
El gasto corriente, por definición, no demanda un activo como contraprestación. Dicho en mejor castellano, los gastos corrientes no pueden destinarse a levantar barrios o escuelas, a construir puentes o rutas, ni a comprar patrulleros ni ambulancias. Ni siquiera puede ser destinado a pagar deudas: tan sólo se puede emplear para pagar "servicios" de deudas, o sea, intereses. Con lo que sí se puede hacer todo lo otro, lo cual implicaría capitalizar a la provincia, y hasta incluso pagar "capital" de las deudas, es, precisamente, con los gastos de capital. La Legislatura, en cambio, determinó que de los $ 1.134 millones, $ 0 corresponderán a erogaciones de capital.
¿Exactamente qué erogaciones corrientes por semejante dineral tendrá Tucumán en los próximos tres meses? Gracias a la laxitud de la ampliación presupuestaria, no se sabrá.
En segundo término, no es menor que el dictamen legislativo fije que el 93% de esos "nuevos" y multimillonarios recursos corresponda a la Administración Central y, específicamente, a los "Poderes del Estado". Esa es la "promesa" con la que el casi cuento del tío "embreta" a los otros: no importa que el Presupuesto General de la Provincia esté subestimado: después, cuando sea ampliado, habrá para todos.
Gastando
La Justicia poco y nada puede decir: gracias a esa receta para desequilibrar la República a favor del Ejecutivo que es la Constitución de 2006, la Justicia es el único poder del Estado que no puede dictarse su propio Presupuesto. Es decir, la torpeza de la Convención Constituyente la exime, aunque hay un detalle no menor: Antonio Estofán ha apostado a un ambicioso "plan de obra pública judicial", de modo que si bien necesita recursos para atender gastos de funcionamiento y recomposiciones salariales en los Tribunales, también demanda de los hasta aquí inexistentes "gastos de capital".
Pero con la Legislatura el asunto es otro. La Cámara que avala la ampliación presupuestaria sin imputación específica alguna es la que aprueba los presupuestos subestimados de manera públicamente secreta. Como ya se ha denunciado largamente, sanciona el Presupuesto General de la Provincia sin darle copia ni siquiera a los legisladores. Los cuentos al respecto, según el año, han consistido en que era muy caro hacer un juego de fotocopias para cada parlamentario; o en que el Ministerio de Economía empleaba un misterioso programa informático que tornaba "imposible" abrir el archivo con el cálculo de partidas en cualquier computadora. Sin embargo, cuando se observa la (muy difícil de conseguir) planilla con la distribución general de partidas que asigna el Presupuesto 2010 al "Programa 11" de la "Unidad Operativa 005: Honorable Legislatura" se comienza a comprender por qué el parlamento provincial no tiene reparos en que los $ 1.134 millones se destinen a "Erogaciones Corrientes".
Según el "Programado Inicial" para el "Ejercicio 2010", se destinaron $ 180,2 millones a la Cámara, financiados sólo con "Recursos del Tesoro General de la Provincia". Y la relación entre los gastos corrientes y los gastos de capital es casi la misma que hay entre la cantidad de oficialistas y de opositores en el recinto.
En rigor, en lo que hace a la inversión en activos duraderos sólo hay $ 25 millones, que figuran en el rubro "Bienes de uso" y que, en principio, corresponderían a la obra del nuevo edificio legislativo. Cuanto menos, pueden ser destinado a esa construcción. Eso sí: el concepto de "Bienes de uso" incluye anticipo a proveedores, una cuestión que no es accesoria teniendo en cuenta que el inmueble, que tendrá un costo por metro cuadrado superior al de un hotel cinco estrellas, se realiza por contratación directa.
El resto, $ 155,2 millones, se reparte en "Erogaciones Corrientes": $ 99,8 millones son para "Gastos en personal" y otros $ 11 millones a "Servicios no personales", que admiten el pago a monotributistas. Sólo hay $ 4,5 millones para "Bienes de consumo" (papelería, combustible, comida). Y los $ 39,9 millones finales se destinan a "Transferencias", partida que admite, por ejemplo, subsidios. Allí están los "gastos sociales" de los legisladores.
A estos gastos corrientes irá lo que sea que vaya a tocarle al Poder Legislativo de la fabulosa ampliación presupuestaria para gastos corrientes que sancionó.
Felicitando
Pero en la última sesión ocurrió algo más que toda esta orgía de recursos públicos. Cuando la deliberación terminaba ingresó por la claraboya una prórroga a la inembargabilidad de las cuentas públicas por todo 2011. Es decir, quienes tengan sentencia firme favorable en juicios contra el Estado, no podrán ejecutarlas.
Traducido: los que acababan de incorporar $ 1.134 millones para que los administradores del Estado (ellos incluidos) los gasten en los próximos 90 días, decidieron que no les darán ni un peso a quienes desde hace años, y hasta décadas, litigan por el cobro de sus deudas. Es decir, nada hay para atender las demandas de pequeños proveedores, empleados públicos, jubilados del Estado, sus viudas, sus huérfanos. Sus reclamos rondan los $ 400 millones: la tercera parte de lo incorporado para gastar apenas durante este tercer trimestre.
Con razón el gobernador, mientras festejaba que Rentas haya marcado otro récord de recaudación, anunciaba ayer un aumento del 15% de la tarifa del agua y felicitaba a los tucumanos por seguir pagando sus impuestos. Todo un reconocimiento de su parte (ciertamente inédito) para sus gobernados por ser tan soberanos contribuyentes.
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