La plaza es de todos

Estos últimos meses han traído múltiples novedades en materia de expresión pública de la postura de los ciudadanos. Muchas de esas novedades son positivas, en cuanto demuestran la intención de hombres y mujeres de participar y de opinar en las decisiones que toman los funcionarios. Otras son negativas, ya que encierran un contenido de violencia, elemento que debe rechazarse siempre, ya que carece en absoluto de poder germinativo.
De cualquier manera, constituyen todas indicadores de que asistimos -con la inédita velocidad que exhibe la historia en estos tiempos- a cambios profundos, después de los cuales ya nada será igual que antes. Los hábitos tradicionales serán sustituidos por otros. No sabemos exactamente cómo serán esos otros, ni si habrán de resultar gratos para todos. Pero sí podemos estar seguros de que serán sustancialmente distintos.
Pero nos parece que hay un componente que deberá existir forzosamente siempre, dado que su ausencia heriría de muerte toda exteriorización de posiciones de los ciudadanos. Hablamos, simplemente, de la libertad. Se trata de un punto clave, que no puede reconocer otras limitaciones que las establecidas específicamente por el marco de la ley.
Estas apreciaciones (no por sabidas menos necesarias de una periódica reiteración) parecen oportunas a propósito de lo que ha empezado a ocurrir con la plaza Independencia. Como se sabe, dicho espacio de la ciudad es, desde tiempo inmemorial, el que elige el público para sus manifestaciones masivas. Desde los comienzos mismos de nuestra vida independiente, allí se ha escuchado la voz de todos los espectros de opinión: es decir, la de los partidarios de quienes gobiernan y también la de sus más acérrimos opositores. Nadie ha discutido nunca la pluralidad de criterios que pueden expresarse desde ese paseo público, centro neurálgico de nuestra capital y simbólico del Estado, ya que a su frente se encuentra el Palacio de Gobierno.
Y bien, sucede que en la actualidad pareciera tomar fuerza la peligrosa tesitura de acotar el uso de la plaza, en lo que a cobijar manifestaciones se refiere, restringiéndolo a un sector de la opinión y vedándolo a otros. Aunque no exista ninguna disposición escrita, la singular postura buscaría imponerse por la fuerza de los hechos. La existencia de un sistema de "guardias" del partido oficial en el referido paseo, a fin de que no pueda cobijar otras reuniones que las propias, constituye una deplorable novedad de estos días.
Ella ha causado un desagrado tan vasto como previsible en toda la opinión pública. No solamente entre los militantes de la oposición política, sino en el ciudadano común, que entiende hallarse así frente a una restricción inadmisible, que no puede constituir sino un peligroso precedente. Ya se sabe que el cercenamiento de las libertades es algo que no puede tolerarse en ninguna medida, porque nadie puede predecir lo que vendrá después.
Así las cosas, parece necesario operar una urgente corrección en ese punto, por parte del Estado provincial. Las autoridades debieran suprimir toda cortapisa respecto de la utilización de la plaza y permitir que sigan desarrollándose allí todas las manifestaciones que la ciudadanía considere necesarias. Se trata, repetimos, de un espacio público, es decir que pertenece a todos. Nadie puede arrogarse su propiedad. Nadie puede pretender la exclusividad de las concentraciones que allí se programen. Nadie puede impedir que allí se congregue el pueblo.
Convendría que, en esta cuestión, una urgente y sensata reflexión imponga el criterio adecuado. Es decir, el que consulta el espíritu y la letra de la Constitución, en su garantía de las libertades ciudadanas. Esto de las "guardias" y de las reservas debe quedar atrás a la mayor brevedad, a fin de no agregar una nueva nota negativa a la zarandeada realidad cívica de la provincia.