25 Agosto 2010 Seguir en 
Luego de nueve jornadas de juicio, en la causa sobre la muerte de Alberto El Khalil ya está casi todo dicho. Tras la palabra de los acusados, los ex policías Juan CarlosDíaz, Alberto Federico Sánchez, Hugo Leguizamón y Francisco Palavecino, los vocales de la sala II de la Cámara Penal resolverán si se le pidió una coima al puestero, se lo arrestó ilegalmente y luego se lo torturó hasta que sufrió un letal ACV en la seccional 11ª.
Ayer, los defensores de los imputados expusieron sus alegatos. Todos pidieron absolución.
El 26 de marzo a la madrugada, El Khalil conducía un camión hacia el Mercofrut. A bordo del Mercedes Benz iban sus dos hijos, su yerno y un empleado.
Cuando pasaban por el parque 9 de Julio, fueron interceptados por un patrullero de la seccional 11ª, en el que iban el ex sargento Díaz, el ex cabo Sánchez y dos agentes.
Según la imputación, los ex suboficiales le pidieron a El Khalil una coima de $ 50, pues no tenía el carnet de manejo. Como el puestero se negó, sostiene la fiscala Marta Jerez de Rivadeneira, los policías le retuvieron la documentación al chofer y lo obligaron a ir hacia la comisaría.
Leguizamón habría recibido a El Khalil en la oficina de sumarios. Sánchez y Díaz estaban con él. En determinado momento, el puestero sufrió un ACV; murió en el Centro de Salud minutos después.
Como el cuerpo tenía lesiones en la cara y en la cabeza, se sospecha que los tres policías golpearon al chofer para exigirle dinero.
Ayer, los defensores trataron de echar por tierra las acusaciones.
Ricardo Scheuermann, abogado del "Coquero" Díaz, dijo que el operativo realizado por su cliente habías ido legítimo y que no hubo pedido de coimas. "Las lesiones que sufrió El Khalil son excoriaciones, y eso jamás puede producir un ACV. El señor, sin dudas, ya sufría una enfermedad cardíaca", expresó. Y añadió: "se llegó a decir livianamente que la Policía era un centro clandestino para recaudar coimas. Estas personas habían cometido una contravención".
"En cinco minutos es imposible producir torturas; hay más dudas que certezas, y sobre esa base, Díaz debe ser absuelto", advirtió.
Guillermo Sokolic, defensor de Sánchez, apuntó hacia la familia El Khalil y a su representante legal, Carlos Caramuti. "Esto es un andamiaje perversamente fabricado con pruebas falsas", expresó. Además, indicó que, si hubieran querido arrestar ilegalmente al puestero, los policías no habrían dejado registros en el libro de actas. "La familia de la víctima busca ganar dinero con esto", atacó.
El defensor de Leguizamón, Cergio Morfil, insistió con que el ex oficial no tiene relación con el hecho investigado. "El hijo de El Khalil, que dijo haber entrado a la oficina de sumarios, aseguró que vio en este juicio a mi defendido por primera vez en su vida", indicó. "Aún estamos esperando que se diga cuál es la participación de Leguizamón en todo esto", pidió. Incluso, remarcó que el oficial no estaba en el patrullero que interceptó a El Khalil ("se realizaba un operativo para satisfacer el antojo del ex ministro Osvaldo Nieva, que no quería ver prostitutas en el parque porque cenaba en esa zona con su familia", dijo) y que Leguizamón, debido a su rango, no podía decidir si el puestero debía ser demorado o no. Morfil, basándose en peritos, luego sostuvo que las heridas sufridas por el puestero podrían haber sido producidas simplemente por su desvanecimiento. "Leguizamón perdió dos años de libertad y una carrera impecable por todo esto", dijo.
El defensor oficial César Picón, representante de Palavecino, indicó que el comisario jubilado no omitió su intervención para evitar las torturas. "En cuanto se enteró de todo, pidió una ambulancia y luego ordenó el traslado de la víctima al hospital en un patrullero", dijo. Luego, aclaró que su cliente "no estuvo en el teatro de los hechos". Finalmente, se adhirió al pedido de la fiscala de Cámara de que el ex comisario sea absuelto.
Jerez de Rivadeneira sólo había pedido condenas para Díaz, Sánchez y Leguizamón. Los dos primeros, según la fiscala, fueron autores de los delitos de tentativa de exacciones ilegales, privación ilegítima de la libertad y torturas, y pidió para ellos una pena de 12 años. A Leguizamón lo acusa sólo por los dos últimos delitos, y solicitó una condena para él de 10 años de cárcel.
Los vocales Alberto Piedrabuena, Carlos Norry y Pedro Roldán Vázquez serán los encargados de dictar la sentencia.
Ayer, los defensores de los imputados expusieron sus alegatos. Todos pidieron absolución.
El 26 de marzo a la madrugada, El Khalil conducía un camión hacia el Mercofrut. A bordo del Mercedes Benz iban sus dos hijos, su yerno y un empleado.
Cuando pasaban por el parque 9 de Julio, fueron interceptados por un patrullero de la seccional 11ª, en el que iban el ex sargento Díaz, el ex cabo Sánchez y dos agentes.
Según la imputación, los ex suboficiales le pidieron a El Khalil una coima de $ 50, pues no tenía el carnet de manejo. Como el puestero se negó, sostiene la fiscala Marta Jerez de Rivadeneira, los policías le retuvieron la documentación al chofer y lo obligaron a ir hacia la comisaría.
Leguizamón habría recibido a El Khalil en la oficina de sumarios. Sánchez y Díaz estaban con él. En determinado momento, el puestero sufrió un ACV; murió en el Centro de Salud minutos después.
Como el cuerpo tenía lesiones en la cara y en la cabeza, se sospecha que los tres policías golpearon al chofer para exigirle dinero.
Ayer, los defensores trataron de echar por tierra las acusaciones.
Ricardo Scheuermann, abogado del "Coquero" Díaz, dijo que el operativo realizado por su cliente habías ido legítimo y que no hubo pedido de coimas. "Las lesiones que sufrió El Khalil son excoriaciones, y eso jamás puede producir un ACV. El señor, sin dudas, ya sufría una enfermedad cardíaca", expresó. Y añadió: "se llegó a decir livianamente que la Policía era un centro clandestino para recaudar coimas. Estas personas habían cometido una contravención".
"En cinco minutos es imposible producir torturas; hay más dudas que certezas, y sobre esa base, Díaz debe ser absuelto", advirtió.
Guillermo Sokolic, defensor de Sánchez, apuntó hacia la familia El Khalil y a su representante legal, Carlos Caramuti. "Esto es un andamiaje perversamente fabricado con pruebas falsas", expresó. Además, indicó que, si hubieran querido arrestar ilegalmente al puestero, los policías no habrían dejado registros en el libro de actas. "La familia de la víctima busca ganar dinero con esto", atacó.
El defensor de Leguizamón, Cergio Morfil, insistió con que el ex oficial no tiene relación con el hecho investigado. "El hijo de El Khalil, que dijo haber entrado a la oficina de sumarios, aseguró que vio en este juicio a mi defendido por primera vez en su vida", indicó. "Aún estamos esperando que se diga cuál es la participación de Leguizamón en todo esto", pidió. Incluso, remarcó que el oficial no estaba en el patrullero que interceptó a El Khalil ("se realizaba un operativo para satisfacer el antojo del ex ministro Osvaldo Nieva, que no quería ver prostitutas en el parque porque cenaba en esa zona con su familia", dijo) y que Leguizamón, debido a su rango, no podía decidir si el puestero debía ser demorado o no. Morfil, basándose en peritos, luego sostuvo que las heridas sufridas por el puestero podrían haber sido producidas simplemente por su desvanecimiento. "Leguizamón perdió dos años de libertad y una carrera impecable por todo esto", dijo.
El defensor oficial César Picón, representante de Palavecino, indicó que el comisario jubilado no omitió su intervención para evitar las torturas. "En cuanto se enteró de todo, pidió una ambulancia y luego ordenó el traslado de la víctima al hospital en un patrullero", dijo. Luego, aclaró que su cliente "no estuvo en el teatro de los hechos". Finalmente, se adhirió al pedido de la fiscala de Cámara de que el ex comisario sea absuelto.
Jerez de Rivadeneira sólo había pedido condenas para Díaz, Sánchez y Leguizamón. Los dos primeros, según la fiscala, fueron autores de los delitos de tentativa de exacciones ilegales, privación ilegítima de la libertad y torturas, y pidió para ellos una pena de 12 años. A Leguizamón lo acusa sólo por los dos últimos delitos, y solicitó una condena para él de 10 años de cárcel.
Los vocales Alberto Piedrabuena, Carlos Norry y Pedro Roldán Vázquez serán los encargados de dictar la sentencia.
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