La apremiante reforma política

El presidente de la Nación y una amplia mayoría de mandatarios provinciales han llegado a un acuerdo de gobernabilidad que permite al Gobierno central superar políticamente la delicada situación de debilidad en que lo colocó el Congreso al rechazar el proyecto de bonos de largo plazo para canjear por depósitos bancarios congelados. El compromiso incluye algunas medidas fundamentales con resultados a noventa días, cuya gran mayoría no hace sino ratificar la orientación que imprimió durante su reciente gestión el renunciante ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, paradójicamente acosado en la interna oficialista por su insistencia en ellas. Lo esencial de las decisiones convenidas en dicho acuerdo es la resolución de mantener al país dentro de la realidad internacional, evitando todo aislamiento, y, consecuentemente, proseguir sus negociaciones con los organismos de crédito y la comunidad de inversores alcanzados por la declaración de insolvencia.
La magnitud del compromiso, en la medida que requiere suficiente colaboración parlamentaria, hace del término acordado un plazo suficientemente reducido para advertir cuán intensas y complejas pueden llegar a ser las negociaciones legislativas, a la vista de las disparidades ideológicas que, de nuevo, se manifestaron en los recientes días. Es por ello que, a pesar del empeño puesto en esta oportunidad por mantener en su cargo al presidente de la transición hasta agotar su gestión, no pueden eludirse las aprensiones que la realidad nacional sigue deparando, inclusive en el análisis más cauteloso de la coyuntura. Curarse en salud, suele aconsejar la sabiduría popular en toda ocasión de incertidumbre y, para este caso, nada más exigible que atender el grado de deterioro que padece el aparato político representativo al que debería apelarse en eventual situación de urgencia.
Prudente ha sido en ese orden incluir entre los 14 compromisos suscriptos el de concretar "el cumplimiento efectivo de la reforma política acordada, asegurando la reducción de gastos políticos y burocráticos innecesarios, y la modernización de las formas de selección electoral".
Un mes atrás, en este lugar, se recogieron las inquietudes que provocaba la remisa actitud de los sectores mayoritarios del Congreso para abocarse sin mayores demoras a esa reforma que abra al electorado nacional nuevas perspectivas para su derecho a elegir representantes y superar el alto grado de rechazo -no siempre razonable, claro está- contra la llamada clase política.
Reacción que en los recientes días ha llegado a extremarse hasta requerirse medidas de protección sin precedentes para legisladores y dirigencias frente a peligrosas reacciones de sectores sociales diversos. La defensa de la democracia pluralista requiere de sus protagonistas con mayores responsabilidades, un compromiso ético y moral que, a pesar de la realidad sociopolítica que agobia a la sociedad argentina, sigue todavía sin advertirse entre los obligados a poner fin a las anacrónicas estructuras y conductas políticas.
Esa declaración y compromiso del presidente Duhalde y de la mayoría de los gobernadores -en cuyo trasfondo se advierte un fundado temor por el riesgo institucional- está convocando nuevamente a poner fin a los cotos partidarios cerrados mediante anacrónicas reglamentaciones y costumbres, causantes al fin del peligroso divorcio entre la ciudadanía y sus representantes formales.
El largo y notorio listado de abusos y corrupción donde el gasto político ha sido causa primaria de la quiebra del país, es el resultado del reprobable sistema de selección de representantes y dirigencias que, por lo demás, se han reservado para sí mismos el sistema de premios y castigos.