Declárase de utilidad partidaria la plaza Independencia. Así lo proclamó el peronismo, que desde ayer asumió la condición de propietario de ese paseo, con el despliegue de un sistema de guardias que impida el acceso de opositores. Es un rasgo de intolerancia que contradice la experiencia democrática de casi dos décadas.
La plaza es un espacio público. Sólo por razones de seguridad y de preservación del patrimonio podría vedarse su utilización a grupos de ciudadanos, y no por la presión de activistas de partidos políticos.
El partido gobernante está empeñado en librar una guerra de imágenes con la disidencia política y social. La multitudinaria concentración del lunes -que giró en derredor de la defensa del fiscal Esteban Jerez- sorprendió al oficialismo, que se sintió agraviado por algunos estribillos.
El PJ respondió el martes con otra movilización para defender al gobernador Julio Miranda, algo que está dentro de las reglas de la política. No es aceptable, en cambio, que el aparato estatal costee con subsidios sociales y bolsones el desplazamiento de la gente hasta la plaza Independencia. La administración federal giró esos recursos para paliar el hambre de los tucumanos, sin sujeción a pertenencias partidarias.
Con todo, el hecho más perturbador es el pozo en que cayó la administración mirandista.
Si el oficialismo gasta todas sus energías en disputar el predominio de la plaza Independencia a otras corrientes de opinión, dejará a un costado su principal tarea, que es la de gobernar una provincia en crisis.
La reestructuración del gabinete provincial está a medio hacer desde principios de mes, y la operatoria FET permanece suspendida desde hace tres semanas, por lo menos. La parálisis gubernamental se reforzó ahora con la ausencia del gobernador, de quien se dice que medita qué hacer en el corto plazo.
El porvenir de Miranda es complicado a raíz de las dificultades de la crisis y de sus propias vacilaciones.
