12 Mayo 2010 Seguir en 
MADRID.- El juez Baltasar Garzón, que tiene tres causas abiertas en su contra en el Tribunal Supremo español, pidió ayer traslado a la Corte Penal Internacional para trabajar como asistente del fiscal jefe de ese tribunal, el argentino Luis Moreno Ocampo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, recibirá hoy la petición para expedirse al respecto.
Una comisión del CGPJ analizará si el cargo que Garzón pide ocupar se halla entre los puestos internacionales que dan derecho a una declaración de servicios especiales. La respuesta debería producirse antes de que el pleno del CGPJ decida si lo suspende o no cautelarmente por su investigación sobre crímenes del franquismo, una de las causas abiertas en su contra, ya que un juez suspendido en ejercicio no puede pedir traslado ni pasar a revistar en servicios especiales. El pase, de serle concedido, necesitaría también del dictamen del Gobierno.
Consultor externo
El juez español más conocido internacionalmente fue invitado por el propio Moreno Ocampo para ejercer como consultor externo durante un periodo inicial de siete meses, durante el cual, además de trabajar en La Haya, podría tener que desplazarse a Congo, Uganda, Sudán o Colombia, países donde la CPI tiene investigaciones abiertas.
El traslado solicitado por Garzón, de 54 años, supondría un pase a servicios especiales, lo que significa que no renuncia a la judicatura ni a su plaza en el juzgado V de instrucción de la Audiencia Nacional. Sería una baja momentánea. Aunque se vaya a La Haya, las causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo seguirán su cauce. No obstante, no está claro si el órgano de gobierno de los jueces podría entonces suspender en sus funciones a Garzón en caso de que se le abra juicio oral por presunta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo, la causa en su contra más avanzada procesalmente. Las cosas cambiarían sin embargo cuando Garzón finalizase sus siete meses en la CPI y regresase a su puesto. (DPA)
Una comisión del CGPJ analizará si el cargo que Garzón pide ocupar se halla entre los puestos internacionales que dan derecho a una declaración de servicios especiales. La respuesta debería producirse antes de que el pleno del CGPJ decida si lo suspende o no cautelarmente por su investigación sobre crímenes del franquismo, una de las causas abiertas en su contra, ya que un juez suspendido en ejercicio no puede pedir traslado ni pasar a revistar en servicios especiales. El pase, de serle concedido, necesitaría también del dictamen del Gobierno.
Consultor externo
El juez español más conocido internacionalmente fue invitado por el propio Moreno Ocampo para ejercer como consultor externo durante un periodo inicial de siete meses, durante el cual, además de trabajar en La Haya, podría tener que desplazarse a Congo, Uganda, Sudán o Colombia, países donde la CPI tiene investigaciones abiertas.
El traslado solicitado por Garzón, de 54 años, supondría un pase a servicios especiales, lo que significa que no renuncia a la judicatura ni a su plaza en el juzgado V de instrucción de la Audiencia Nacional. Sería una baja momentánea. Aunque se vaya a La Haya, las causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo seguirán su cauce. No obstante, no está claro si el órgano de gobierno de los jueces podría entonces suspender en sus funciones a Garzón en caso de que se le abra juicio oral por presunta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo, la causa en su contra más avanzada procesalmente. Las cosas cambiarían sin embargo cuando Garzón finalizase sus siete meses en la CPI y regresase a su puesto. (DPA)
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