Argentina y los derechos humanos

Los horrores dejados por las tiranías que asolaron al mundo, al término de la Segunda Guerra Mundial, constituyeron la causa fundamental de que las naciones y las comunidades libres rescataran institucionalmente del olvido el sistema de derechos humanos. Fue así como a la Declaración Universal de las Naciones Unidas -incorporada a nuestra Constitución Nacional, como el Pacto de San José de Costa Rica con alcance al hemisferio americano, a excepción de Cuba- siguieron otras organizaciones no gubernamentales, cuyas renovadas luchas reivindican los derechos esenciales de hombres y mujeres doquiera son avasallados por los abusos o desidias de autoritarismos públicos y privados. Nuestro país tiene en ello una vasta y dolorosa experiencia, como consecuencia de procesos represivos donde las vidas se perdieron por miles, y también por su presencia defensora en los foros donde fue menester reprobar los atropellos a la dignidad humana. Se puede afirmar así que ese tema prioritario ha debido figurar, por su naturaleza universal, en la exclusiva y exigente agenda de las políticas de Estado.
Sin embargo, se asiste en estas horas a un arduo debate, por el que no parece que la defensa de los derechos humanos ante su notoria violación, forme parte de ese núcleo de graves asuntos que atañen, mucho más que a un gobierno determinado, al prestigio ético de la Nación. Este es el punto en que la decisión del presidente Eduardo Duhalde, de abstenerse de un pronunciamiento formal en la ONU sobre los tres fusilamientos y 78 penas de hasta 28 años a disidentes políticos, en juicios sumarios de la Justicia cubana, ha colocado a tan grave problema. No es que el jefe del Gobierno nacional haya ignorado la trascendencia de la situación, pues la reconoce y lamenta, sino que la haya balanceado con la invasión de Irak por los Estados Unidos, para concluir en que no se puede condenar a un pequeño país frente a la agresión bélica de otro mayor a un tercero. La posición asumida coloca, pues, el tema en debate, la defensa de los derechos esenciales violados, en plano secundario, al politizarlo, olvidando que la condición humana no debe ser pieza de cambio de una determinada realidad y negociación política. Esa concepción no es nueva, por cierto, ya que un año atrás, cuando no se habían consumado los hechos consignados, el actual Gobierno se pronunció por la condena de la situación cubana. La realidad política fue entonces la necesidad de lograr apoyo para el acuerdo con el Fondo Monetario, por parte de Estados Unidos y el Grupo de los Siete, en tanto que ahora, la decisión de abstenerse aparece indisimuladamente atada a la suerte del candidato oficialista en los próximos comicios.
La Unión Europea, cuyos intereses económicos con Cuba son muy significativos y acaba de instalar su representación oficial en La Habana, optó por el rumbo ético, a pesar de que entre sus quince miembros actuales existen profundas diferencias sobre la invasión a Irak al margen de las Naciones Unidas, formulando una severa condena de esos atropellos confesos. La política exterior de los países sin la gravitación económica y militar de las grandes potencias está, ciertamente, muy condicionada por intereses que pueden afectar sus situaciones en la comunidad internacional; es por ello que la razón ética representa en esos casos un escudo moral insuperable. Ello puede advertirse en las pequeñas grandes naciones respetadas por sus calidades políticas y su resistencia al canje de valores esenciales, pospuestos al servicio de un oportunismo de corto plazo que históricamente ha provocado pérdidas de confianza y prestigio con muy costosa recuperación.