La ética, gran ausente

Entre las experiencias que la crisis deja para el futuro, la más significativa es, sin duda, que no hay progreso con bienestar al margen del orden constitucional. En esta oportunidad histórica, esa lección ha sido más elocuente, pues la marginación de la Ley Suprema no se produjo mediante un golpe de Estado sino que, sin abandonar las formalidades del sistema institucional, fueron desconocidos derechos esenciales bajo la invocación de una emergencia cuyas causas tuvieron origen en manifiestos errores políticos. La magnitud del daño ha sido por ello de tal naturaleza que la sociedad ha llegado a descreer de sus dirigencias hasta un grado sin precedentes, como evidencian las severas situaciones de los partidos políticos tradicionales a menos de dos semanas de la elección presidencial. La sucesión de errores, especialmente desde la restauración democrática de 1983, terminó por generar un estilo político caracterizado por el uso abusivo del poder, alejado de la ética del buen gobierno, que tan sólo en un lustro ha provocado el punto de decadencia más severo desde la Organización Nacional.
Sin posibilidades de que en un corto lapso el relevo de esas dirigencias comprometidas con la crisis sea del todo posible, la ciudadanía asiste a una competencia por el poder que, salvo muy raras excepciones, reproduce el viejo modelo demagógico donde las promesas no se fundan en recursos posibles y las descalificaciones entre los candidatos descartan toda posibilidad de trabajo en común. La ética aparece así como la virtud política más ausente de las preocupaciones de esos tribunos con doble discurso, cuyos modelos de campañas implican una descalificación del sentido común de sus auditorios. La más reciente demostración ha sido el extendido rechazo por parte de casi todos los candidatos a sostener debates en competencia de ideas y propuestas; especialmente en el caso de la Mesa del Diálogo Argentino, cuyas invitaciones a tal fin están constituyendo otro fracaso, a pesar de que concurren en la convocatoria cultos reconocidos, organizaciones no guber- namentales y otros representantes de intereses generales.
Ninguno de los invitados a ese encuentro ha expuesto razones de sus ausencias, siguiendo el mismo comportamiento elusivo con que omiten referirse a los recursos que les permitirán resolver a corto plazo, el hambre, el desempleo o la desconfianza en el país, de los que, salvo rara excepción y en alguna medida, han sido responsables como protagonistas del pasado. De la gran falla ética no puede excluirse al Gobierno de la transición -o provisional como lo define el propio Presidente-, designado por el Congreso bajo la urgencia constitucional para conducir imparcialmente la delicada situación de la República. El Poder Ejecutivo ha sido en ese orden responsable de perturbadoras dificultades políticas al conducir el proceso electoral por un laberinto de intereses, donde la crisis de su partido fue convertida en asunto de Estado, para tratar de beneficiar a su propio candidato, en desmedro de los intereses generales que le fueron confiados para alcanzar una solución institucional de la crisis.
Tan azaroso proceso, todavía pendiente de su desenlace electoral, no debe ser interpretado, empero, como el fin de otra historia de desencuentros sin soluciones políticas estables. Lejos de ello, la profundidad de la crisis ha contribuido como en ninguna otra ocasión a fortalecer los valores democráticos de nuestra sociedad, cuyo reproche a sus viejas dirigencias debe contribuir a la sabiduría del sufragio, para el que todavía se advierten alternativas de cambio. No se trata, claro, de depositar el voto en la urna y olvidarse hasta los próximos comicios, sino de mantener una militancia permanente en defensa de los intereses generales, para no repetir la historia.