El cuidado de la seguridad

Hemos informado extensamente sobre las temerarias "picadas" que los motociclistas realizan en la avenida Wenceslao Posse los viernes por la noche. No es necesario insistir en el enorme riesgo que encierra dicha actividad, cuyos protagonistas juegan irresponsablemente con su vida y con la del prójimo. Sin duda alguna, corresponde que la autoridad policial cancele definitivamente semejante realidad. Ello es evidente para cualquiera. Pero nos interesa reflexionar brevemente sobre otro punto de la misma cuestión.
En nuestra nota, una de las autoridades de la seccional que corresponde a ese sector declara: "cada tanto nos damos una vuelta" por la avenida Wenceslao Posse, ante lo cual los "picadores" se esfuman, claro está. Y después, todo vuelve a la normalidad; es decir, la arteria torna a ser escenario de aquellas carreras. El subcomisario agrega que detener a los motociclistas exigiría destinar 50 hombres a tal tarea, lo que le resulta imposible.
Alarma advertir la frecuencia con que la autoridad policial, en estos últimos años, parece impotente para reprimir expresiones delictivas. Días pasados nos referíamos a ciertos barrios tucumanos donde los agentes no se atreven a ingresar, porque se topan con gente armada. También permanece pasiva frente a los cortes de rutas o de calles, o a los "escraches". El ciudadano común se pregunta, frente a situaciones de esta índole, si no tendrá más remedio que resignarse a que el organismo encargado de garantizar el orden y la seguridad pública no desempeñe en plenitud ese cometido, y que en ocasiones confiese que no lo hace por imposibilidad material.
Nos parece que semejante variable resulta imposible de aceptar. Una de las funciones de mayor trascendencia que atañen al Estado, es la de imponer el cumplimiento de la ley. Para eso existe una fuerza policial, costeada con los impuestos que paga toda la ciudadanía. Esta supone que el Estado se encargará de que las personas puedan circular por la calle sin riesgo de ser asaltadas, que los ladrones no ingresarán a sus domicilios, que las patotas serán encarceladas y procesadas y que, entre otras cosas, se impedirá que grupos de irresponsables se jueguen la vida en "picadas" por la vía pública, por ejemplo.
La Policía debe poder encargarse de todas estas posibilidades. Y si no puede, es urgente obligación del Estado aportarle todos los medios (en materia de personal, de movilidad, de comunicaciones y de armamento) para que cumpla con su misión con toda la eficacia y celeridad que tales casos demandan. Pensar otra cosa equivaldría a admitir que nos encontramos inermes frente a un avance cada vez mayor de las conductas delictivas o desdeñosas de la ley, y que sólo nos es posible oponerles una filosófica conformidad.
Está a la vista de todos que vivimos tiempos difíciles, y que los caracteriza -por una serie de sabidas razones- un auge notorio de los delitos y del desacato a las disposiciones legales. El Estado y la comunidad deben esforzarse ciertamente para modificar dicho cuadro, que no hace ningún favor a la tan ansiada normalización social y económica del país, ni al adecuado funcionamiento de la forma democrática de gobierno.
Dentro de ese esfuerzo, el mantenimiento de la seguridad y del orden resulta especialmente prioritario, y no debe ahorrarse gastos para implementar todas las medidas que lleven esa dirección. En tal orden de ideas, repetimos, es inadmisible que haya rubros que la fuerza pública no pueda acometer. Tiene que contar con los medios para encararlos eficazmente a todos, y satisfacer así las elementales expectativas de la población.