El impuesto y la credibilidad

Obvio resulta decir que el Tesoro público se forma con el producido de los impuestos; es decir, de aquellas sumas que el ciudadano paga periódicamente al Estado, de acuerdo con montos que fija este. Tales pagos constituyen los recursos del Gobierno para atender los requerimientos de su tarea. En teoría, ellos surgen de las necesidades que la sociedad plantea a sus gobernantes, en los más diversos rubros, y que aquellos deben satisfacer. De allí que, como lo enseña la doctrina económica, los impuestos tengan carácter coactivo, y se exijan a los miembros de una sociedad por el solo hecho de vivir en ella. Por eso es que "ninguna persona que pertenezca a una comunidad organizada o que entre en relación con ella, aunque sea circunstancialmente, podrá evitar pagar impuestos", como advierte un autor.
Pero sucede que el funcionamiento de todas esas premisas se encuentra en jaque, en la Argentina de hoy. Así lo muestra con claridad el alarmante descenso que registran las cifras de recaudación. Es una cuestión que no sólo tiene que ver con el quebranto económico y financiero de los habitantes y de sus empresas, sino también con el hecho -mucho más inquietante, si cabe- de la desconfianza pública hacia las instituciones oficiales en general.
A ese tema se refería, en nuestra edición de ayer, una catedrática de Teoría Impositiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. Sus conceptos merecen subrayarse. En los países que funcionan ordenadamente, los individuos perciben que la recaudación impositiva tiene el destino adecuado; que el diseño del sistema contributivo es esencialmente justo; que la evasión es severamente penada y que existe un sistema judicial independiente como garantía. Todo ese conjunto de comprobaciones los estimula a cumplir normalmente con sus deberes fiscales.
En nuestro país, en cambio, el contribuyente advierte una serie de desórdenes: un diseño impositivo con serias distorsiones; la falta de seguridad jurídica expresada en marchas y contramarchas de las normas; los beneficios que recibe generalmente la morosidad, por ejemplo, además de la sospecha de corrupción en el manejo final de los montos recaudados. Todo esto tiene un efecto letal en la conciencia del ciudadano, que entonces coloca al cumplimiento fiscal por debajo de sus prioridades. Es decir que, en síntesis, no cree en el Estado porque este ha dejado de merecerle confianza.
Parece evidente que se trata de un asunto muy grave, y que es uno de los tantos que deben corregirse con urgencia. Ello porque, en ningún país del mundo puede existir una administración estatal que no cuente con los recursos impositivos aportados por todos los habitantes y de acuerdo con las especificaciones de la ley. Pero también es evidente que la corrección deseable solamente puede darse en el marco de una revitalización general de las instituciones públicas. Esto es, del logro de un Estado constituido por funcionarios probos, con sus tres poderes funcionando aceitadamente en las respectivas órbitas, con un presupuesto austero, con un sistema tributario equitativo, con una economía realista y, en fin, con una acción inequívocamente dirigida hacia el bien común.
Como bien lo dice la especialista citada, se trata, en última instancia, de un problema de confianza en el Estado. Esa confianza que está alcanzando, estos últimos meses, puntos tan bajos que carecen absolutamente de precedentes en nuestra historia próxima o remota.
Así, la merma alarmante en la recaudación impositiva no es más que otro testimonio de la falta de credibilidad de la institución estatal. Esto último constituye el problema candente. Resulta premioso resolverlo, como paso previo a cualquier medida de fondo que se adopte en la Argentina de hoy.