El código de silencio atenta contra la investigación federal y local

Rumores. Sospechas. Indicios. Pese a la cantidad de denuncias y a los distintos episodios que se suceden casi a diario, aún no se halló ninguna prueba firme que vincule a empleados del servicio penitenciario con el tráfico de estupefacientes en las cárceles de Villa Urquiza y de Concepción. Hasta ahora, la Justicia Federal sólo procesó a reos y algunos de sus familiares que habían ido a visitarlos por tenencia de droga.
La Justicia ordinaria, en tanto, aún lucha contra los códigos carcelarios en su afán por averiguar si los incidentes protagonizados por internos durante el fin de semana fueron el corolario de una lucha entre bandas por el control de la venta de sustancias ilegales en la prisión.
Investigadores de ambos fueros vinculan los episodios de violencia con el consumo de estupefacientes. Sin embargo, el hermetismo con el que se manejan los presos interrogados es un problema para ellos.
La situación en Villa Urquiza es seguida de cerca desde todos los poderes (incluso la Corte Suprema está solicitando informes sobre el asunto) luego de que LA GACETA publicó un preocupante informe realizado el año pasado por la sala II de la Cámara Penal. A fines de agosto, los jueces Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina solicitaron que los 114 presos a su cargo sean sometidos a análisis médicos para determinar si habían ingerido drogas o no. Los exámenes revelaron que el 65% había consumido marihuana, combinada muchas veces con cocaína, con psicofármacos e, incluso, con morfina.
Cuando le solicitaron informes al director de Institutos Penitenciarios, Roberto Guyot, este apuntó hacia los familiares de los detenidos. Según el oficio que le envió el funcionario en aquella oportunidad a los vocales, los días de visita concurrían unas 2.000 personas a la penitenciaría y era posible que la droga se filtrara por allí.
Esta respuesta no dejó conformes a Piedrabuena y a Herrera Molina, quienes, durante entrevistas con internos, habían escuchado de boca de ellos que los guardiacárceles eran quienes ingresaban la droga al penal.
Por ello, los magistrados enviaron copias de la investigación a la Justicia Federal, a la Corte Suprema y al Ministerio de Seguridad Ciudadana. Nadie envió ninguna respuesta oficial. A más de un año de esto, tampoco hay imputados de conformar la supuesta organización de "narcos" que opera en la penitenciaría.
Sí fueron detenidos 13 presos en las últimas dos semanas, acusados de tenencia de estupefacientes. Cuando fueron indagados por los jueces federales Daniel Bejas y Mario Racedo, optaron por no dar pistas.

Informes
La fiscala Adriana Giannoni se encontró con un panorama similar cuando interrogó a presos que habían sido apuñalados durante confusos episodios producidos en el penal. El viernes fueron dos reos los heridos durante un enfrentamiento; se sospecha que luchan por el control de uno de los pabellones. Al día siguiente, otro reo sufrió un "puntazo" en el tórax. "No sé quién fue; estaba de espaldas", dijo, cuando le preguntaron sobre el autor del ataque.
El domingo, ante la vista de los familiares que estaban de visita, otros dos presos protagonizaron una pelea. Giannoni ya solicitó que los reos involucrados sean sometidos a estudios médicos para determinar si habían consumido estupefacientes. Los resultados estarán listos en las próximas horas.