Inspeccionaron las comisarías por la situación de los detenidos

Celdas atiborradas de presos. Pocas medidas de higiene. Animos tensos. Ese fue el panorama que encontraron los investigadores de la Fiscalía VIII durante un recorrido por distintas seccionales de la capital, luego de los incidentes protagonizados el domingo a la noche por presos en la alcaldía de la Dirección General de Investigaciones. Por eso, fiscala Adriana Giannoni le envió un oficio al ministro fiscal, Luis de Mitri, para notificarlo de las irregularidades registradas durante las inspecciones. "Las comisarías no son lugares habilitados para mantener personas detenidas. Si no hay dónde llevarlos, realmente es un problema serio. Pero desde la Corte Suprema siempre se sostuvo que la Provincia debe habilitar edificios especializados", dijo preocupado Antonio Gandur, vocal del máximo tribunal, en diálogo con LA GACETA.
Cerca de las 23 del domingo, un grupo de internos comenzó a protestar en la alcaldía de la Dirección de Investigaciones, ubicada en Junín al 800. Fuentes policiales indicaron que el reclamo era encabezado por Diego Hernán Espinosa, quien -según fuentes consultadas- gritaba que otros detenidos querían matarlo.
En determinado momento, según el informe oficial, Espinosa puso un colchón sobre la reja del calabozo y le prendió fuego. En pocos segundos, el lugar se llenó de un humo negro y espeso.
Policías y bomberos tuvieron que trabajar arduamente para rescatar a los detenidos.
Debido al siniestro, la alcaldía quedó inhabitable, pues hubo que barretear las rejas y las instalaciones acabaron destrozadas. Por ello, se dispuso el traslado de los 29 detenidos a distintas comisarías. "Es una medida transitoria, porque se están haciendo refacciones generales. En las próximas horas serán restituidos, pero ya hay órdenes para que algunos de ellos sean trasladados a Villa Urquiza", indicó el subdirector de Investigaciones, comisario general Raúl Ferreira.

Capacidad límite
Según fuentes policiales, la alcaldía en cuestión tiene capacidad para 30 personas. Aunque aún no se había superado ese límite, aseguran que tenían ciertas dificultades con los internos. "Por ejemplo, cuando ingresa uno imputado por un delito sexual hay que tener cuidado porque es mal visto por los otros presos", señaló un informante.
Las autoridades mostraron su preocupación por los incidentes producidos el domingo, pues reveló el problema de la falta de espacio en lugares de detención en la provincia. Según cifras oficiales, actualmente hay unos 320 detenidos en dependencias policiales. Villa Urquiza tiene capacidad para unas 900 personas, y según informantes de la penitenciaría, la capacidad edilicia también está a tope. "Es evidente que las comisarías no pueden cubrir aspectos como la alimentación, las necesidades fisiológicas y otras. Ambas tienen objetivos distintos", reflexionó Gandur, quien recordó que una acordada de la Corte Suprema dispone que aquellos detenidos a los cuales se les haya dictado prisión preventiva deben ser trasladados a la cárcel. El máximo tribunal está a la espera del informe que realizó Giannoni, y que deberá ser remitido por De Mitri. Sobre la base de ese oficio, los jueces estudiarán la situación. Fuentes policiales le confirmaron a LA GACETA que había un preso a disposición de la sala I de la Cámara Penal que había sido condenado; sin embargo, en la cárcel no lo recibían.

Sin respuestas desde el Gobierno
Ayer LA GACETA intentó hablar varias veces con el ministro de Seguridad, Mario López Herrera, con el secretario del área, Eduardo Di Lella y con el director de Institutos Penales, Roberto Guyot. Sus ayudantes afirmaron que les informarían sobre las consultas que debía hacerles este diario, pero no hubo ninguna respuesta oficial sobre la situación de los detenidos.

Incidente en la penitenciaría
Un violento incidente producido en el penal de Villa Urquiza será investigado por personal de la fiscalía VIII. El lunes, un interno -cuyo nombre no se dio a conocer- le clavó un "puntazo" a otro luego de una discusión. La fiscala Adriana Giannoni dispuso que ambos reos sean sometidos a estudios para determinar si habían consumido drogas.