LA PAZ.- Santos Ramírez, titular de la estatal petrolera YPFB y muy allegado políticamente al presidente, Evo Morales, es investigado en relación con un supuesto soborno de una firma boliviano-argentina, en una trama de traición, asesinato y robo de U$S 450.000. El Senado, controlada por la oposición, y el viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, investigarán si Ramírez está implicado en el cobro de una supuesta coima de la empresa boliviano-argentina “Catler Uniservice”, que se adjudicó en julio la construcción de una planta separadora de gas por un monto total de U$S 86 millones.
En plena calle
La sospecha de soborno surgió tras el asesinato de Jorge O’Connor Darlach, gerente de Catler Uniservice, perpetrado el martes en La Paz, cuando sicarios que se movilizaban en moto lo interceptaron, lo balearon de muerte y le arrebataron U$S 450.000 que portaba en un maletín y que acababa de sacar del banco. O’Connor fue baleado cuando entraba a una casa que pertenece a dos cuñados del presidente de YPFB.
Según las primeras indagaciones policiales, los autores intelectuales de este hecho, que conmovió al país, son los hermanos Fernando y Ernesto Córdova. El primero era asesor del empresario asesinado y lo acompañaba al momento del ataque. Además, son hermanos del diputado Marco Antonio Córdova, de Poder Democrático y Social (Podemos). Ambos están detenidos, al igual que seis personas que confesaron su participación en el robo y posterior asesinato. Cinco días antes del crimen, YPFB habría entregado U$S 4,5 millones a Catler Uniservice, en concepto de pago dentro del contrato para construir la planta de gas.
Empresa fantasma
Ramírez es presidente del Senado en 2006 y uno de los principales dirigentes del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS). Algunos medios lo señalan como posible sucesor de Morales al frente del MAS. Tras dos días de mantener silencio, el sospechoso dijo ayer que no tenía nada que ver con el escándalo. “En el momento en que seamos convocados, estaremos listos para aclarar”, afirmó, y defendió la legitimidad del contrato firmado entre YPFB y Catler Uniservice.
En su oportunidad, el propio Morales dijo que la planta separadora de líquidos permitiría paliar la escasez de gas licuado de petróleo y gasolina, pero los medios locales pusieron en duda la capacidad y experiencia de una firma totalmente desconocida para una operación tan importante. Según trascendió, la empresa fijó domicilio en una residencia particular de Cochabamba, propiedad de un argentino. (Télam-DPA)
