LA PAZ.- Los siguientes son los principales puntos del texto, impulsado por el presidente, Evo Morales. Bolivia se define como Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Su forma de gobierno será democrática, participativa, representativa y comunitaria. La religión Católica deja de ser religión oficial y el Estado se proclama independiente de credo, reconociendo la libertad de religión y de creencias espirituales. El castellano y los idiomas de todos los pueblos indígenas se declaran oficiales y se asumen como principios ético-morales antiguos mandatos originarios como la trilogía quechua: “no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón”.
A los clásicos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se agrega el Electoral. El Congreso nacional pasa a llamarse Asamblea Legislativa Plurinacional. La Cámara baja se mantiene en 130 miembros, la mitad elegidos por circunscripciones uninominales y la otra mitad por listas. Entre las 130 diputaciones, habrá un cupo a determinarse por ley para los pueblos indígenas. El Senado aumentará de 27 a 36 miembros, cuatro por departamento. Los senadores ya no se elegirán por listas nacionales sino por departamentales. Se incorpora el ballotage y la reelección inmediata por una sola vez. El mandato, igual que para los legisladores, se mantiene en cinco años. Junto a la Justicia ordinaria se reconoce la comunitaria, que rige en comunidades campesinas e indígenas y se aplica sólo a sus miembros. Los tribunales Supremo y Constitucional son elegidos por voto universal, ya no por el Congreso.
Se reconoce por primera vez autonomías de departamentos, regiones especiales y territorios indígenas. Miniparlamentos autónomos tendrán capacidad legislativa. El texto da atributos a estos gobiernos, pero preserva para el Ejecutivo nacional áreas claves (relaciones internacionales, seguridad, defensa, comunicaciones, recursos naturales y política agraria). Servicios básicos (agua, luz, teléfonos) son declarados derechos humanos. Se prohíbe el latifundio, poniéndose límite a la propiedad agrícola: 5.000 o 10.000 ha, a ser determinado.
Se protege a la coca como patrimonio y recurso natural. Se prohíben bases militares extranjeras. (Reuters)
